Trabajadores de distintos gremios de Carabobo volvieron a concentrarse para reclamar mejoras salariales, respeto a los derechos laborales y condiciones adecuadas para el funcionamiento de los servicios públicos. La jornada reunió a representantes de los sectores universitario, educativo, administrativo, eléctrico, industrial, agroproductivo y de pensionados.
Entre las principales exigencias planteadas estuvieron la recuperación del salario como base de la remuneración, la discusión de las convenciones colectivas, mejores pensiones, atención a los trabajadores jubilados y la recuperación de las condiciones de los planteles educativos.
El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo (APUC), Euclides Querales, puso especial énfasis en la situación de los jubilados y pensionados del sector universitario. Sostuvo que los beneficios laborales que consigan los trabajadores activos deberían extenderse a quienes ya culminaron su vida laboral.
“Si algún sector merece que todos los beneficios que logremos los activos sean extensivos a ellos, son los jubilados por todo lo que le dieron en su vida activa al Estado, a las empresas y fundamentalmente a la educación”.
Querales también cuestionó las declaraciones oficiales según las cuales los docentes y profesores universitarios tendrían ingresos de alrededor de 500 dólares mensuales. Aseguró que esa cifra mezcla el salario con bonificaciones que no tienen incidencia sobre las prestaciones sociales.
Gremios cuestionan
Durante su intervención, Querales sostuvo que el salario mínimo permanece en 135 bolívares y que los trabajadores reciben bonos que, según explicó, son contabilizados por separado.
Querales añadió que, desde su perspectiva, el tratamiento de las bonificaciones tiene consecuencias sobre otros derechos laborales, entre ellos las prestaciones sociales. También expresó preocupación por una eventual reforma laboral y pidió que se precise cómo se calcularán las remuneraciones de los trabajadores.
Angélica Flores, secretaria de reclamos del Sindicato Unitario del Magisterio y coordinadora estadal de Fordisi, coincidió en cuestionar la diferencia entre los ingresos anunciados públicamente y lo que, según afirmó, reciben los trabajadores. “Yo lo invito a que desglose cuál es ese salario de 500. Nosotros vivimos a base de bonificaciones”.
Flores aseguró además que trabajadores de diferentes organismos públicos enfrentan situaciones laborales que, según su testimonio, incluyen suspensión de salarios y amenazas relacionadas con su participación en protestas y con sus expresiones públicas.
La dirigente afirmó que varios trabajadores han recurrido a la Defensoría del Pueblo para presentar documentación relacionada con sus casos. Este tipo de reclamos también ha sido reportado previamente en Carabobo, donde trabajadores públicos han consignado expedientes por presuntas suspensiones de pagos.
La protesta también llegó desde las aulas
Para los representantes del magisterio, la discusión salarial está vinculada directamente con las condiciones en las que docentes y estudiantes desarrollan sus actividades.
Flores incorporó a su intervención la situación eléctrica de Carabobo y sus efectos sobre las escuelas. Según afirmó, las interrupciones del servicio se prolongan durante horas en distintos momentos del día y afectan las condiciones de descanso de los estudiantes.
“Este tema eléctrico no justifica el daño a la educación. Miles de niños hoy están durmiéndose en las aulas carabobeñas por no poder descansar en la noche. No van a aprender, porque si no duermen y no descansan, un niño con hambre, sin electricidad y sin descanso no aprenderá”.
La situación de la infraestructura educativa también ha sido señalada por organizaciones gremiales durante el año. En agosto, Flores advirtió que, de acuerdo con un diagnóstico que atribuyó al Ministerio de Educación, 215 de 359 instituciones afectadas por los terremotos de junio permanecían en categorías de afectación moderada o severa.
Pérdida de derechos laborales
Desde el sector administrativo universitario, Marixa Colmenares cuestionó la utilización del concepto de “ingreso integral mensual” en sustitución de lo que considera derechos salariales establecidos para los trabajadores.
Según planteó, parte de las bonificaciones se paga fuera de las nóminas ordinarias de las instituciones públicas, lo que, a su juicio, evita que esos ingresos tengan repercusión sobre prestaciones sociales, vacaciones y otros beneficios laborales.
La dirigente vinculó además las condiciones salariales con la capacidad de funcionamiento de instituciones como escuelas, universidades, hospitales y cuerpos de atención de emergencias.
“Sin electricidad y sin salarios dignos no puede haber productividad. Así que exigimos salarios dignos, respeto, que nos devuelvan nuestros derechos despojados y que los servicios públicos avancen para poder reconstruir el país”, manifestó.
La precariedad económica, añadió, también ha obligado a algunos trabajadores jubilados a buscar ingresos adicionales para sostenerse y dejar por un lado la buen alimentación.
“Generalmente arepa, que es lo que se consigue; una arepita con un poquito de atún o unas cositas de esas, pero eso comemos”.
Colmenares aseguró que algunas personas deben complementar sus ingresos mediante actividades como la venta de alimentos, costura, cuidado de niños o clases particulares.
La convención colectiva
Minerva Zambrano, presidenta del Sindicato Unitario del Magisterio de Carabobo y directiva nacional de Fetramagisterio, sostuvo que la movilización busca recuperar derechos laborales que, según afirmó, permanecen pendientes.
Entre las exigencias mencionó la reanudación de la discusión de la convención colectiva, mejoras salariales y pensiones para los jubilados, además de planteles con condiciones adecuadas para desarrollar las actividades académicas.
“Hasta estas alturas no se ha reiniciado la discusión de la convención colectiva donde están contemplados salarios justos, pensiones justas para los jubilados y planteles dignos, dotados y equipados”, afirmó.
Zambrano también reclamó mejoras en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), al considerar que la alimentación de los estudiantes forma parte de las condiciones necesarias para su desempeño académico.
La dirigente sostuvo que el magisterio recibe ingresos que, según su apreciación, no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.
“¿Hasta cuándo vamos a estar ganando 130 como salario mínimo? ¿Hasta cuándo vamos a estar ganando bonos? Unos bonos que solamente alcanzan para adquirir medianamente los alimentos y la medicina, pero no para tener una vida digna”, cuestionó.
Denuncian deterioro de planteles y fallas de servicios
Zambrano también presentó un diagnóstico crítico sobre las condiciones de las escuelas. Aseguró que una proporción importante de los planteles presenta deterioro, falta de insumos y problemas de infraestructura.
“La gran mayoría, casi el 80% de los planteles educativos están totalmente deteriorados. Hay falta de dotación en los insumos básicos para que los jóvenes puedan recibir sus clases en los laboratorios, falta de material didáctico y algo muy relevante: el PAE”.
La situación eléctrica volvió a aparecer en la intervención de Zambrano como uno de los factores que dificultan el funcionamiento de las instituciones educativas.
“¿Cómo vamos a hablar de una calidad educativa cuando el problema de la electricidad afecta a todo el sector, especialmente al educativo, junto a la falta de agua potable?”, preguntó.
También reclaman información sobre el PAE
A pocas semanas del inicio del año escolar, Zambrano afirmó que los representantes gremiales no contaban con información oficial sobre la distribución del Programa de Alimentación Escolar en los planteles.
“Estamos iniciando el año escolar y hasta este momento no tenemos información oficial de si las escuelas han sido dotadas del PAE; según información extraoficial, no se ha dotado este preciado alimento”.
La dirigente sostuvo que los gremios continuarán realizando acciones para llamar la atención de las autoridades educativas y planteó la necesidad de mantener la unidad entre los distintos sectores laborales.
Se calienta la calle
Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros informó que la movilización realizada el 24 de septiembre en Carabobo forma parte de una jornada nacional de protesta y que los trabajadores consignarán ante la Defensoría del Pueblo un documento con sus principales exigencias laborales, buena parte de esta expresada por los demás sectores.
“El ajuste tiene que ser garantizado de manera inmediata, rechazando los bonos, rechazando las políticas que han destruido los ingresos de la familia hoy día en Venezuela. A víspera del bono de fin de año, ¿qué nos van a cancelar si no hay una base de cálculo real?”, señaló.
García aseguró que los gremios mantendrán las acciones de calle hasta obtener respuestas a sus reclamos y anunció una nueva actividad para el sector salud.
“Se está calentando la calle por los trabajadores y nosotros nos vamos a mantener en pie de lucha hasta conquistar nuestro derecho. Estamos desde ya convocando, en el caso del sector salud, para el próximo miércoles 30, donde vamos a empezar una gran recolección de firmas por todos estos temas que nosotros en este momento tenemos que reconquistar. Pendientes del llamado, que seguimos en pie de lucha”, afirmó.
La movilización deja así una agenda gremial que abarca desde la recuperación del salario y la contratación colectiva hasta las condiciones de los jubilados, el estado de los planteles y el funcionamiento de servicios esenciales. Los trabajadores anunciaron que continuarán con nuevas acciones mientras esperan respuestas de las autoridades.
