Más 2.400 personas fueron detenidas tras las elecciones del 28 de julio, algunas acusadas por la Fiscalía de "terrorismo", sin que se sepa exactamente cuántas, un delito amplio en el marco jurídico del país, según expertos, quienes advierten que, por tanto, cualquier cosa cabe para que alguien sea señalado como terrorista.
El abogado Joel García dijo a EFE que a los detenidos les imputan por igual terrorismo, pero no individualizan las conductas, lo que contraviene -dijo- uno de los principios básicos del derecho, que establece que la responsabilidad penal es individual.
El letrado explicó que se han realizado audiencias masivas en las que se lleva a cabo el proceso judicial vía telemática a los detenidos de forma colectiva.
Para García, la acusación de terrorismo representa un patrón sistemático y generalizado contra la población disidente al Gobierno de Nicolás Maduro, algo que -afirmó- se vio, aunque con más selectividad, en las protestas antigubernamentales en 2014, 2017 y 2019, pero la diferencia es que, durante esos años, los detenidos podían designar defensa privada, como contempla la ley.
Puedes leer: ONG Foro Penal: En Venezuela hay mil 867 presos por "motivos políticos"
Asimismo, afirmó que a los detenidos en las protestas poselectorales los representan defensores públicos, lo que no permite una contraparte que refute las acusaciones, pues considera que funcionarios adscritos al Poder Judicial cumplen instrucciones y no pueden hacer mayor cosa.
Sin una defensa privada -manifestó- no se puede acceder al expediente del detenido ni refutar las pruebas acusatorias, pues -afirmó- si el defensor público hace esto puede ser víctima de destitución y hasta de detención.
Una legislación muy precaria
García consideró que la legislación venezolana en materia de terrorismo es muy precaria y no está adaptada a los estándares internacionales, pues se incluyen varios actos de este tipo, como atentados contra la vida de alguien o la interrupción del suministro de agua para poner en peligro vidas humanas, entre otros.
"El terrorismo es mucho más grave que eso. Es la subversión del orden constitucional, coaccionar a Gobiernos u organismos internacionales, causar un estado de miedo constante a la población", manifestó.
Por otra parte, el abogado recordó que la figura del juez especializado en terrorismo la creó en 2012 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero no existe un marco jurídico que detalle sus atribuciones.
Asimismo, prosiguió, quienes juzgan no son tribunales, sino personas con competencia en terrorismo, por lo que esta atribución está mal creada, pues si el juez -expresó- se muere, la competencia en terrorismo también.
Terroristas por doquier
El Gobierno señala como terroristas a los detenidos en protestas poselectorales, desatadas en todo el país contra el resultado oficial que dio la reelección a Maduro, un resultado que la mayor coalición opositora considera fraudulento, pues asegura que el vencedor fue su abanderado, Edmundo González Urrutia, ahora exiliado en España.
La Fiscalía también los califica como terroristas y los acusa de vandalismo y violencia, pese a que varias ONG y familiares de detenidos aseguraron que a algunos los apresados en sus domicilios, sin ni siquiera participar en las manifestaciones.
La Misión Independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela dijo haber confirmado al menos 158 menores detenidos, algunos acusados por terrorismo, un fenómeno que el grupo no había identificado desde 2019, cuando inició su trabajo.
