El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportó el fallecimiento del privado de libertad, Francisco Orellano, un recluso que se encontraba bajo custodia del Estado en el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana, estado Táchira. El deceso ocurrió este 29 de mayo tras un complicado cuadro de salud que no recibió la atención médica oportuna.
Este triste suceso eleva a 18 el número total de privados de libertad que han muerto bajo custodia estatal entre abril y finales de mayo de 2026. Ante estas cifras, la ONG advirtió que padecer una enfermedad dentro de las prisiones venezolanas se ha convertido, en la práctica, en una "sentencia de muerte", reseñó Efecto Cocuyo.
Una crisis penitenciaria que no cesa
El OVP ha documentado una lista alarmante de víctimas en las últimas semanas. Entre las personas fallecidas se encuentran José Espinales, Willian Jonás Colina Delgado, Leonel Enrique Rodríguez Ramos, Gregorio Antonio Arias, Francisco Segundo Ojeda, Antonio José Manzano, Ovidio José Madriz Mendoza, Deivi Enrique García, Rosqui Norberto Escalona, Yelamo Zárraga José Ramón y Yussedt Ernesto Escalona Mejías, sumándose ahora el caso de Orellano.
Según el organismo, cientos de reclusos actualmente enfrentan cuadros críticos de tuberculosis, enfermedades respiratorias, infecciones y desnutrición severa. Estas patologías avanzan sin el control médico necesario, mientras que las solicitudes de traslados a centros hospitalarios son ignoradas o llegan demasiado tarde.
Violación sistemática de derechos fundamentales
La organización denunció que estos hechos constituyen una vulneración directa a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). El Estado incumple su obligación fundamental de garantizar la salud, establecida en el artículo 83, y los mandatos del artículo 272 sobre la rehabilitación y el respeto a la dignidad humana.
Además, el OVP cuestionó la inacción de la Defensoría del Pueblo ante esta emergencia humanitaria. La ONG señaló que, mientras los reclusos se deterioran y fallecen bajo la mirada de las autoridades, los mecanismos diseñados para prevenir estas violaciones son inexistentes o insuficientes.
Exigencia de justicia y responsabilidades
Ante la gravedad de los hechos, el Observatorio exigió una investigación exhaustiva, verdad y justicia para los familiares de las víctimas. La entidad reclama medidas de reparación y garantías de no repetición que aseguren la integridad física, psíquica y moral de quienes permanecen recluidos.
Finalmente, el OVP enfatizó la necesidad de establecer responsabilidades concretas contra los funcionarios públicos que, por acción u omisión, han permitido que esta situación continúe. El Estado debe responder por la falta de asistencia médica que le cuesta la vida a decenas de ciudadanos cada mes.
