Pese a las múltiples demandas de defensores de derechos humanos y académicos para escoger a un fiscal general y un defensor del pueblo independientes, la mayoría del chavismo ratificó al abogado Larry Devoe como fiscal general de la República.
La diputada Carolina García (Psuv) comunicó la decisión tomada y aseguró que Devoe reúne las credenciales académicas, éticas, morales y como ciudadano para llevar las riendas del Ministerio Público. “Fiel cumplidor de la Constitución, alto sentido de la humanidad”, que sabrá levantar la voz en protección del cumplimiento de las leyes”, reseñó Efecto Cocuyo.
Por la bancada del Grupo Parlamentario Libertad, el diputado Henrique Capriles, quien no había ejercido el derecho de palabra desde la instalación de la AN, propuso a la doctora Magaly Vásquez como fiscal general. El excandidato presidencial se tomó el tiempo para leer parte del amplio récord académico y de experiencia laboral de la abogada, apoyada por la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).
“Nos faltaría el tiempo para leer. Si queremos que este país cambie, esta es una oportunidad para escoger a una persona sin militancia política, independiente. Poner al frente a una persona que defienda la Constitución y las leyes de la República”, advirtió Capriles.
La aplanadora
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, con ironía, contó los votos a favor de las propuestas: 10 votos para Vásquez y 275 para Devoe. El es rechazado por defensores de DDHH por negar crímenes de lesa humanidad en Venezuela, como agente alterno del Estado venezolano ante organismos internacionales.
Para el cargo de defensor del pueblo, no se paró el Psuv a hacer una propuesta. Lo hicieron David Uzcátegui, de Fuerza Vecinal, para apoyar el nombre de la exconsultora jurídica del Consejo Nacional Electoral Eglée González Lobato; y Henri Falcón, por el grupo Libertad, a la exdiputada Marialbert Barrios. Jorge Rodríguez le recordó que Barrios militó en el partido Primero Justicia. El jefe del Parlamento volvió a contar los votos: 10 votos a favor de Barrios y 275 votos para González Lobato.
Tras declarar escogidos a Devoe y González Lobato, Jorge Rodríguez dijo estar de acuerdo con Capriles, sobre que se trataba de una oportunidad, pero no quería decir que la propuesta de la oposición sería aprobada porque no cuenta con mayoría de votos.
El jefe del Parlamento también celebró la no militancia partidista de González Lobato, a quien el Psuv apoyó para el cargo, y de Magaly Vásquez. Pero sobre todo defendió las “credenciales” de Devoe.
Al finalizar la sesión ordinaria de este 9 de abril, la plenaria prestó juramento al nuevo fiscal titular y a la nueva defensora del pueblo. Al juramentar a Devoe, Rodríguez lo instó a velar por la aplicación de la verdadera justicia.
"La nueva justicia penal"
“Juro trabajar sin descanso hasta alcanzar la nueva justicia penal”, aseguró Devoe, quien además dijo que su ejercicio será cónsono con “un nuevo estado democrático de derecho y de justicia”.
González Lobato levantó su mano para jurar que las puertas de la Defensoría del Pueblo estarán “abiertas para todos”. Rodríguez le pidió ser “defensora y cuidadora de todos”, especialmente de los más humildes.
Comité dice que hubo “transparencia”
Al dar por concluido el proceso de selección para ambos cargos, el presidente del Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano, Giuseppe Alessandrello (Psuv), aseguró que se garantizó la transparencia y el cumplimiento de las leyes en la escogencia que tomó casi 30 días. Esto, mas una prórroga solicitada por el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez.
El militar retirado indicó que en total se recibieron 155 postulaciones y que de la cifra, 69 candidatos avanzaron a la siguiente fase. Detalló que 32 optaban por dirigir el Ministerio Público y 37 la Defensoría del Pueblo.
“Refleja el compromiso del comité en la objetividad y selección de perfiles idóneos y de alto nivel académico y profesional”, dijo el diputado del Psuv. Aseguró que las decisiones se tomaron por unanimidad.
Entre quienes llegaron a la etapa final de la selección, Alessandrello mencionó a los académicos Magaly Vásquez, Nelson Chitty La Roche y Renée Moros Tróccoli. También el actual fiscal encargado, Larry Devoe.
Para el cargo de defensor habían avanzado los internacionalistas Luis Daniel Álvarez y Julio César Pineda, la exconsultora jurídica del Poder Electoral, Eglée González Lobato, el político Enrique Ochoa Antich y el periodista Vladimir Villegas.
Acto seguido, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, designó la comisión especial de diputados que haría la selección final, entre quienes estuvieron el jefe del Grupo Parlamentario Libertad, Stalin González, y Tomás Guanipa. El jefe del Parlamento también alabó el proceso y destacó el “récord” en la cantidad de postulados en comparación con procesos anteriores.
Sancionada Ley Orgánica de Minas por unanimidad
Finalmente la Asamblea Nacional dio por concluida la segunda discusión de la Ley Orgánica de Minas, que tomó exactamente un mes, para declarar sancionada la normativa que deroga el decreto emitido por el entonces presidente Hugo Chávez en 1999.
El articulado restante del 115 al 131 se refiere al régimen sancionatorio del instrumento legal que fue presentado por el gobierno encargado de Delcy Rodríguez a la AN, tras la visita al país del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum (4 de marzo), para sellar acuerdos de cooperación en materia minera.
La nueva ley establece multas para quienes incurran en retardo u omisión en la presentación de los informes de la actividad minera al organismo competente (500 veces el equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela, vigente); por falta de notificación de minerales diferentes a los autorizados (1.000 veces el tipo de cambio oficial); por transporte sin la guia (1.000 veces) y por la falta de inscripción en el registro minero (500 veces el tipo de cambio).
Asimismo será multado quien no colabore, obstaculice o manipule las fiscalizaciones (5.000 veces el tipo de cambio oficial); quien use sustancias que degraden y perturben al ambiente (1.000 a 100.000 veces); quien incurra en invasión de concesión ajena (1.000 veces el tipo de cambio), entre otras.
De acuerdo con el artículo 123, las multas establecidas en la normativa se duplican en caso de: explotación en un área bajo régimen de administración especial de protección ambiental; concurrencia de dos o más causales y reincidencia en la comisión de las faltas.
Cárcel por ejercicio ilegal
Las penas de prisión quedaron establecidas en el artículo 124 de la ley: Las personas naturales, así como los socios y directores de las personas jurídicas, bien sean de carácter público o privado, nacional o extranjero, que por sí o por interpuesta persona, promueva, inciten y realicen las actividades primarias sin contar con los permisos serán penadas con prisión de seis meses a 10 años.
“En el caso que las actividades señaladas en esta Ley sean desarrolladas en área bajo régimen de administración especial de protección ambiental la pena aplicable será de prisión de 10 a 15 años”, agrega el artículo.
El artículo 130 contempla la suspensión de todas o algunas de las actividades mineras autorizadas, en caso de infracción a la ley, por un lapso de 6 meses. El proyecto original no contemplaba plazos.
