La muerte en Venezuela ya no es una tragedia inevitable. Es, cada vez más, una sentencia anunciada por un Estado que dejó de escuchar. Esta semana se cumplieron ocho años exactos desde la suspensión del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos para trasplantes (SPOT), una red nacional que, hasta 2017, permitía a pacientes con fallos renales, hepáticos o cardíacos acceder a un trasplante gracias a la donación post mortem.
Desde entonces, lo que queda es el eco de un sistema de salud en ruinas y la lucha solitaria de miles de venezolanos desahuciados por la inercia estatal.
En uno de los quirófanos de un histórico hospital de Caracas, donde alguna vez se realizaron trasplantes renales pioneros en la región andina, hay ahora cajas vacías de medicamentos acumuladas en las esquinas, una lámpara quirúrgica rota y techos agrietados que dejan filtrar el calor.
Historias tras la espera por trasplantes
Las historias de quienes esperan un órgano se acumulan como expedientes olvidados. Una de ellas es la de Juliana Mena, de 36 años, madre de dos hijos y paciente renal crónica desde hace seis.
“Al principio me decían que tuviera fe, que pronto reactivaban el sistema de trasplantes”, contó desde Maracaibo, donde asiste tres veces por semana a una unidad de diálisis con máquinas defectuosas. “Después dejaron de decirme algo. Solo conectan la aguja y ya”.
Este 6 de junio es el Día Mundial del Paciente Trasplantado. Juliana forma parte de un universo de aproximadamente siete mil personas en diálisis en Venezuela, de las cuales cerca del 40% podría recibir un trasplante si existiera el sistema de donantes fallecidos.
Pero el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos para trasplantes fue cancelado en junio de 2017 sin mayor explicación ni reemplazo funcional. Desde entonces, solo quienes consiguen un donante vivo compatible y pueden pagar una intervención en el exterior tienen alguna posibilidad.
Sin respuestas
Dentro del país, la opción privada existe, pero es prohibitiva: una cirugía renal puede costar entre 30 mil y 50 mil dólares, en una nación donde el salario mínimo no supera los cinco dólares al mes. La vida se compra con divisas. Y no todos tienen.
El cierre del sistema de procura de órganos para trasplantes fue la confirmación de un proceso largo de desmantelamiento. En los años anteriores, las unidades de trasplante fueron quedando sin inmunosupresores, sin salas adecuadas, sin equipos.
El Ministerio de Salud nunca respondió a los reclamos de médicos y pacientes. Para muchos, se trató simplemente de otra víctima del modelo chavista de desgobierno y populismo asistencialista, que convirtió a muchos centros de salud en espacios de abandono.
“Una vez me negaron una transfusión porque no había guantes”, relata José Ricardo, hermano de un paciente hepático. “Al final, lo llevamos a Cúcuta, pero ya era tarde”.
La crisis de salud pública
La Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV) emitió esta semana un comunicado recordando los ocho años sin procura y exigiendo la reactivación urgente del programa. Junto a ella, asociaciones de pacientes, médicos y defensores de derechos humanos han reiterado que el trasplante no solo es una opción más digna y efectiva, sino también más económica que mantener indefinidamente a un paciente en diálisis. Pero el régimen guarda silencio. Como si no se tratara de personas, sino de números.
“Mi hija me preguntó si me voy a morir”, dice Juliana. “Le dije que no. Pero no sé si es verdad”.
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