Por: Reporteros de la RPI de Venezuela (estados fronterizos)
“Hay un herido de bala”, le dijeron a *Carmen la noche de aquel 28 de julio. La llamaron porque estaba acreditada como testigo nacional por su partido político –en un estado de la frontera colombo-venezolana– en el evento comicial más importante de los últimos años en su país: las elecciones presidenciales venezolanas. Ella sabía que, al momento de la llamada, muchos ciudadanos exigían la transparencia del conteo de votos a las afueras de los centros electorales. El herido era uno de los que se había congregado y horas después se convirtió en la primera víctima mortal de la violencia poselectoral.
Este no fue el único herido por el que alertaron a Carmen ese día, ni lo único por lo que debió buscar ayuda. Unos 10 días antes, en la madrugada, sonó el teléfono y le advirtieron: “nombraron a tu hijo en la reunión, lo van a involucrar en un sabotaje eléctrico”. Ese mismo día la familia tomó la decisión de sacarlo de Venezuela.
La frontera terrestre tampoco fue la única región del país en donde el temor se infundió. La inscripción “Fascista vamos por ti” y la marca de una X en su hogar, llevaron a *Raúl, un activista político de un estado costero, a abandonar su casa y su familia. Aún no ve posibilidades de regresar porque sabe que el dolor de una detención acabaría con su madre.
Salir de casa dejó de ser normal tras las elecciones del 28 de julio de 2024 (28J). Asomarse por una rendija de la ventana para confirmar si había carros desconocidos fue, por ejemplo, la nueva rutina de *Marcos antes de irse a trabajar. “Sentí que me estaban respirando en la nuca y que me iban a sacar de mi casa”, comentó el joven.
Sobre esta realidad pre y poselectoral, no hay un número oficial exacto de las personas que debieron migrar para evitar ser detenido e imputado por delitos como terrorismo o instigación al odio y asociación para delinquir, solo por haber sido miembro de mesa, dirigente político, activista de derechos humanos, colaborador electoral, o simplemente familiar de alguien vinculado al sector opositor en las pasadas elecciones.
Sin embargo, testimonios de 23 víctimas, recogidos en este especial de la Red de Periodistas de Investigación de Venezuela, entre personas que residían en nueve estados fronterizos (Táchira, Bolívar, Nueva Esparta, Falcón, Sucre, Carabobo, Zulia, Apure y Amazonas), reflejaron la presión y persecución que vivieron militantes de organizaciones políticas, activistas de derechos humanos, ciudadanos comunes y periodistas, que los llevaron a desplazarse o migrar de manera forzada.
Las víctimas consultadas para este reportaje fueron interrogadas sobre su actividad antes, durante y después de las elecciones, el por qué debieron migrar, en qué condiciones lo hicieron, por qué o a qué temían. Todas describieron un ambiente pre y poselectoral de intimidación y represión. Sus relatos están acompañados de datos de fuentes documentales y entrevistas a abogados, activistas de derechos humanos, académicos, psicólogos y expertos en materia migratoria.
Los testimonios recogidos muestran que la mayor migración fue de hombres (83%), en edades comprendidas entre los 22 y los 65 años, y que la profesión que más se repite es la de abogado (35%).
Quienes huyeron son dirigentes políticos, activistas de derechos humanos y periodistas. 29% abandonó sus casas o salió del país después de las elecciones presidenciales por el hostigamiento de cuerpos de seguridad, mientras que 22% apareció en panfletos en donde pusieron sus nombres, documentos de identidad y hasta fotos, y otro 22% en listas de personas que presuntamente serían detenidas.
La frontera entre Táchira y Norte de Santander, en Colombia, fue el paso más frecuentado para huir: 30% salió por allí, frente a 22% que se fue por Santa Elena de Uairén, al sur de Bolívar, hasta Pacaraima, en Brasil.
Tras la huida, 48% de los entrevistados dijo que experimentó ansiedad y 35% insomnio, síntomas que según la Organización Mundial de la Salud, tienen un impacto profundo en la salud mental.
Estos nuevos desplazamientos se enmarcan en una realidad de Venezuela: más de 7.8 millones de personas, con acento a partir del 2014, han salido del país en busca de protección y una vida mejor, de acuerdo con la actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) de diciembre de 2024. Después de las elecciones presidenciales del 28J, la persecución llevó a más de 2.000 personas tras las rejas, mientras que 24 –según datos de Monitor de Víctimas y #LaHoraDeVenezuela– murieron en el contexto poselectoral.
Ligia Bolívar, socióloga, investigadora adscrita al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) y coordinadora general de la Organización No Gubernamental Alerta Venezuela, destacó que las más de 30 detenciones ocurridas en enero 2024, tras la activación del Plan Furia Bolivariana –la alianza cívico, militar y policial invocada por Nicolás Maduro para “enfrentar cualquier intentona golpista y terrorista”– fueron un aviso de lo que vendría.
Una investigación de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por Runrun.es, TalCual y El Pitazo, determinó que entre marzo y junio de 2024, se registraron 63 víctimas en 39 hechos asociados a la violencia político-electoral.
El CDH-UCAB alertó en junio de 2024 el incremento de las huidas por persecución política. Estas tienen un disparador real, no son acciones motivadas por miedos infundados ni paranoias.
“Me fui de Venezuela por las persecuciones políticas del SEBIN y el DGCIM. Luego de las protestas del 29 de julio, nos estaban buscando a todos porque habíamos sido caras visibles en las protestas poselectorales; además, sabían que teníamos copias de las actas porque las defendimos en cada centro electoral. Se metieron en la casa de uno de nuestro equipo y mostraron fotos de cada uno de nosotros y empezaron a preguntar dónde estábamos”, recordó *Manuel, uno de los líderes de la región costera, encargado de la organización y campaña en una zona antes leal al chavismo.
El terror de la intimidación
“El SEBIN visitó mi casa tres veces seguidas buscándome y no aguanté la presión porque estuvieron a punto de entrar y llevarme. Durante la campaña tenía seguimiento del SEBIN, tomaban fotos en donde yo estaba”, declaró *Marcelo, un dirigente político de la Amazonía venezolana con respecto a las razones que lo llevaron a salir del país en los días posteriores al 28 de julio.
Como él, 29% de los entrevistados salió del país después de las elecciones presidenciales por el asedio o persecución de cuerpos de seguridad como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Otro 9% huyó al conocer que tenía una orden de captura en su contra.
“El martes 23 de julio, es decir, cinco días antes de la elección presidencial, pararon una camioneta del SEBIN que iba y regresaba. Dos días después decidí irme con mi esposa a otra casa para evitar encontrarme con la comisión. El 28 de julio volví y nos dimos cuenta de que en la parte de atrás de la casa habían abierto un boquete en el techo. Revolcaron toda la casa e intentaron llevarse el DVR (grabador de video digital) de las cámaras de seguridad, pero al ver que no podían llevárselo, porque llegamos en ese momento, lo destrozaron y lo dejaron en el lugar«, explicó *Justo, otro líder de la región costera.
“A mí me llamó la noche del 1ro de agosto una fuente confiable para notificarme que yo aparecía en una lista de un organismo de seguridad del Estado, donde figuraban testigos de mesa, miembros de mesa, dirigentes políticos y allí estaba mi nombre con todos mis datos. Era una lista nacional, aparecía mi nombre, dirección, número de cédula, incluso mi fotografía y esa era una lista de personas que iban a detener al día siguiente”, rememoró *Soraya, una profesional de la comunicación que tuvo que abandonar su casa y lugar de trabajo en la Amazonía.
Como ella, 26% reveló que salió de Venezuela porque fuentes o contactos le aseguraron que estaban en listas de detenciones por ejecutar por parte de los cuerpos de seguridad.
“Mi nombre y apellido aparecieron en el panfleto de las personas buscadas porque supuestamente somos guarimberos”, contó Adolfo, un dirigente político que aseguró que su organización, aunque minoritaria y sin recursos, aportó 80% de los testigos necesarios para resguardar y defender el voto en la entidad amazónica en donde reside y trabaja.
Al menos en dos de las entidades de la Amazonía venezolana circularon, a partir de la noche del martes 30 de julio de 2024, panfletos con similar identidad visual: en el margen superior aparecen los logos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), policías regionales, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), SEBIN y el DGCIM. Debajo de estos, la expresión SE BUSCA en rojo y mayúsculas, la indicación textual “Líderes guarimberos de…”, la localidad en cuestión, fotografías, nombres, apellidos, número de cédula de identidad y, en algunos casos, los motivos de la persecución y sus vinculaciones con otros de los ciudadanos.
Uno de los panfletos descritos contiene los números de los teléfonos celulares empleados por los cuerpos de seguridad para recibir las denuncias sobre las personas perseguidas.
Galería de panfletos
Dos de los consultados que aparecieron en panfletos colectivos pasaron a ser buscados en panfletos individuales: con foto, nombre completo y razón del seguimiento.
En un panfleto se incluye un artículo de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y publicada en la Gaceta Oficial 41.274 de noviembre de 2017.
9% de los participantes de esta pesquisa dijeron haber abandonado el país debido a pintas o balaceras alrededor de los centros de votación en donde trabajaron como testigos de mesa o en apoyo al equipo de testigos.
¿Quiénes son los refugiados y desplazados?
El tránsito por el puente Simón Bolívar, que conecta a Venezuela con Colombia, pasó en cámara lenta para *Teresa, quien es abogada y una de las cuatro mujeres que aportaron testimonios para este reportaje. Iba a bordo de una moto conducida por un desconocido, uno de los cuatro “ángeles” que la ayudó a salir del país el 30 de julio de 2024. Eran las 5:00 am.
De los 23 de entrevistados, 21 abandonaron el país entre la última semana de julio y septiembre de 2024. La mayoría se refugió en países fronterizos como Colombia (52%) y Brasil (23%). Otros se fueron a naciones latinoamericanas como Ecuador (10%) y México (5%). Algunos llegaron hasta Estados Unidos (5%) y España (5%). Dos personas se movilizaron dentro del país.
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, define a estos como las personas que, tras huir de conflictos y persecuciones, han cruzado una frontera internacional en busca de protección. Volver a su país de origen implica poner en riesgo su vida o su libertad. “‘Refugiado’ es un término jurídico que conlleva salvaguardas específicas que amparan a las personas con esa condición”, señala la organización.
La investigadora Ligia Bolívar agrega algo más a la definición: “se convierte la persona en refugiada una vez que pone un pie del lado afuera de su país por una motivación de huida, de persecución, de necesidad de protección internacional. Otra cosa es, después, que el gobierno del país al que llegue le reconozca la condición de refugiado”.
Y añadió: “el refugiado se mueve de un país a otro, el desplazado lo hace internamente”. Ambos grupos son víctimas de un crimen de lesa humanidad.
Teresa, una de las 21 refugiadas que se consultó, salió de Venezuela con destino a Ecuador. Cruzó dos fronteras para resguardarse. Era la asesora jurídica para los miembros de mesa y testigos de la oposición. Entre el viernes 26, con la constitución de las mesas, y el domingo 28 de julio de 2024, logró que los testigos de oposición entraran a los centros. Su radio de acción era un municipio del centro del país, una zona tradicionalmente de tendencia oficialista.
Luego debió huir. Un amigo le informó que ya los habían identificado como “saboteadores” y los policías los perseguían. Hoy, Teresa está libre, pero fuera de su país. Llegó a Ecuador el 3 de agosto de 2024. Salió sola, al igual que 14 de los entrevistados y, como al menos cuatro de ellos, quiere regresar a Venezuela, donde quedó uno de sus hijos y la mayor parte de su familia.
Los refugiados electorales como Teresa son víctimas de un delito adicional: el crimen de persecución. Oscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), precisó que este se produce cuando se afectan derechos a una persona o un colectivo en el marco de una acción generalizada o sistemática, como parte de una política de un Estado o de un grupo organizado.
El crimen de persecución ocurre por motivos de raza, religión, política, origen étnico y otros definidos en el Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, creada en julio de 1998. Como crimen de lesa humanidad, el de persecución fue incorporado al Estatuto en julio de 2002, en su artículo 7.
La persecución política comenzó a observarse en el país como causa de migración desde 2002, según Murillo. El detonante: los despidos públicos de Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) realizados por Hugo Cháez a inicios de su período presidencial. Lo hizo en una alocución que se transmitió en cadena de radio y televisión y con un silbato en la boca con el que anunció la salida de altos gerentes de la petrolera, identificados con nombre y apellido.
Murillo reconoció un incremento de persecuciones tras las elecciones presidenciales de 2024. Para él, el gobierno buscó disminuir la capacidad de las voces disidentes y aplicó una persecución sistemática cada vez más generalizada.
Uno de los perseguidos políticos es *Felipe, abogado y defensor de Derechos Humanos. En 2017 lideró la defensa de los presos políticos e incluso trabajó en la Asamblea Nacional opositora (2015-2019). Durante las elecciones presidenciales del 28 de julio estuvo encargado de cuatro estados del occidente venezolano.
El 11 de agosto llegó a Cartagena (Colombia) para huir de una amenaza. Allá recibió la noticia de que su suegra había fallecido esa madrugada. Él, al igual que otras 18 personas, estuvo directamente involucrado en la campaña y en el proceso electoral.
Entre los entrevistados hubo dos jóvenes que no llegan a la treintena. Solo, sin su familia y en riesgo de ser detenido, *Álvaro, estudiante de tercer año de Medicina, salió en autobús desde la capital de uno de los estados fronterizos con Colombia.
Nunca había cruzado la frontera. Cuando llegó a El Amparo, en Apure, tomó una canoa que lo llevó, el 21 de agosto, hasta la población colombiana de Arauca, donde aún se mantiene en una casa de refugio. No tiene trabajo fijo, ha vivido la discriminación y la xenofobia. Es uno de los que añora volver a su país, pero en condiciones democráticas y seguras para él.
Aunque en el mismo país, Víctor, de 25 años, ha tenido mejor suerte. Fue coordinador de Comunicaciones del comando de Vente Venezuela en uno de los estados centrales del país. Antes de las presidenciales vivía en Bogotá, a donde emigró hace seis años.
Regresó para votar y apoyar en el proceso para el que trabajó desde Colombia meses antes. La delación de una jefa del consejo comunal de la zona donde residían sus padres lo obligó a huir. Retornó a Bogotá con el mismo sentimiento que tuvo en 2018, cuando se fue convencido de que no tenía oportunidades aquí. Ahora, además de esa convicción, siente una profunda tristeza, pero no deja de trabajar por su país desde la Red Mundial de Jóvenes Políticos.
Angustia que quiebra los dientes
Luego de las elecciones del 28 de julio y de haber salido de su país, Carmen* estuvo una semana en estado de negación, como si atravesara un duelo. Pasaron las semanas y empezaron los síntomas emocionales a agudizarse.
“La pensadera no te deja. Tus estados de ánimo pueden cambiar constantemente. Puedes estar tranquila, como de repente puedes estar muy triste, te deprimes, te da ansiedad, te sientes sola, no hallas qué hacer, te desesperas. Cuando viene la noche es peor, quieres salir corriendo, sientes una presión en el pecho que se te puede convertir en un ahogo (…) Tuve que pedir a un psicólogo que me ayudara porque la depresión, si no es tratada, puede ocasionar daños más graves”, describió Carmen.
Luego de refugiarse en otro país o de desplazarse en el interior de 21 de los 23 entrevistados experimentaron cambios en su estado emocional y vivieron síntomas de depresión, ansiedad, insomnio, angustia, tristeza, entre otros.
Los efectos de la represión y persecución poselectoral hicieron que 10 (43%) de los consultados se sintieran deprimidos. Otros 11 (48%) dijeron haber experimentado ansiedad y ocho (35%) insomnio, lo que crea un vínculo entre la huida y la condición emocional.
“A muchos se le han dañado los dientes, porque cuando tú tienes los procesos de ansiedad, depresión o los ataques de pánico, tú cierras la boca muy fuerte durmiendo o haces movimientos muy fuertes durmiendo que pueden partir las muelas o los dientes, y eso le ha pasado a muchos de nuestros compañeros”, afirmó Carmen.
La vinculación entre la condición emocional y tener que salir del país por la persecución política se ilustra en casos como el de Félix, a quien el desplazamiento le ocasionó depresión, crisis de pánico, ansiedad, hiperventilación y problemas estomacales.
*José, un activista del oriente venezolano, tuvo insomnio y somatizó los cuatro meses de encierro y tensión por el temor a que sus datos de ubicación quedaran expuestos y lo encontraran mientras estuvo escondido en el país. En una consulta médica le diagnosticaron un cuadro de hipertiroidismo desatado por la tensión nerviosa que le ocasionó estar tres meses en la clandestinidad.
A juicio de la psiquiatra Lis Mariel Flórez, los síntomas que presentaron los refugiados por efectos de la persecución poselectoral forman parte del duelo migratorio, un proceso que tiene varias etapas.
Dos de estas son la negociación y la adaptación, y suelen venir una detrás de la otra. Según la especialista, se trata de dar paso a “esas negociaciones de emociones, entender la tristeza, entender la soledad, entender la melancolía, entender el aislamiento, incluso, y luego adaptarse a la nueva vida, no perdiendo las raíces culturales anteriores, sino intentar mantener esas raíces y asumir las nuevas”.
“Después viene el proceso más difícil que es la depresión y la soledad en el cual se siente la tristeza profunda. Ese es muy parecido a las etapas del duelo normal, donde la persona tiene que sentir esas emociones negativas”, detalló.
El riesgo de informar
*Diana, quien es periodista, cubrió las elecciones y las protestas que se derivaron de ellas. La noche del 1ro de agosto, la reportera recibió una llamada para informarle que en un organismo de seguridad tenían sus datos: dirección, cédula y foto. Estaba en una lista de personas que presuntamente iban a detener al día siguiente. Nunca salió del país, pero sí de su casa. Lo hizo el 1ro de agosto y regresó el 22 de ese mes.
*Carlos es un influencer político de 27 años que hacía encuestas en vivo, a través de la red social TikTok. “La tendencia fue 70-30 en la última que hice, dando ganador a Edmundo González. Y claro, había un riesgo. “La gente que me avisó a mí está en el Gobierno”. El 1 de julio, junto a su esposa, salió por la frontera con Brasil. Hoy está en Manaos, la capital del extenso estado Amazonas de ese país. Allí trabaja editando videos, lo mismo que hacía en Venezuela. Es uno de los 15 entrevistados que mantuvo su trabajo después de salir de la nación.
Carlos considera que su salud emocional no está afectada. “Nos hicimos la idea de que nos vamos a tomar unas vacaciones y que posiblemente nos vamos a quedar por estos lados”. El resto de los entrevistados reportó insomnio, frustración, ansiedad, pérdida del apetito como sus principales afectaciones emocionales.
A pie, en moto o en canoa
Pasada la medianoche del 30 de agosto, mientras la noche oscurecía su camino y la lluvia escondía sus pasos, *Luis, un mototaxista de 59 años de edad, salió de su hogar con la premura de una emergencia. Cuerpos policiales y militares buscaban detenerlo por ser un presunto “guarimbero” (término usado por el chavismo para designar a quienes cometen actos vandálicos para protestar), relató.
Lo único que hizo Luis fue votar y exigir las actas electorales en tres escuelas de su municipio y en una casa comunal la noche del 28 de julio. Las personas reunidas en los centros lograron su cometido y obtuvieron las actas, pero otros tomaron fotografías y filmaron a quienes reclamaron allí. Y entre los fotografiados estaba Luis.
Dos días después de las elecciones, le informaron que circulaba un panfleto con la solicitud de su detención. No tuvo que pensarlo mucho. Ese mismo día salió desde su casa, al sur del país, caminando a oscuras en sandalias de goma, mojado por la lluvia e “íngrimamente solo”, indicó. Así avanzó, cruzó dos quebradas y empujó su cuerpo hasta avistar su destino.
Después de tres horas de caminata, a las 4:30 de la madrugada, pasó la frontera para llegar a Pacaraima, Brasil. Aunque estaba a salvo, su odisea no había terminado.
Llegó a casa de un amigo y allí estuvo un mes hasta que partió hacia otro estado de esa nación. “Ha sido duro porque yo tengo ya casi 60 años, tengo tres hernias discales y aquí en Brasil todo se paga y hay que sobrevivir de alguna manera”, dijo.
Como él, muchos tuvieron que tomar unas pocas pertenencias y viajar a pie, moto, automóvil o bus para huir de un peligro inminente en Venezuela, o del miedo que generó la dura represión política que protagonizó en 2024.
*Pablo, un miembro de Vente Venezuela que apoyó la transmisión de actas al partido durante las elecciones, salió con urgencia el 1ro de agosto del sitio donde se mantuvo resguardado con sus compañeros. Le informaron que la alcaldía de su poblado los buscaba y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se dirigía a su hogar.
“Nos llaman de Caracas y nos dicen que nos pongamos bajo resguardo. Hay un coordinador que nos planifica toda la salida. Nos sacan por separado, me llevan a un hotel, ahí permanezco una semana, sin comunicación, porque ya era público y notorio los nombres y apellidos de todos los que estábamos comprometidos en la cuestión (transmisión de actas). De ahí me sacan a otro municipio, donde pasé 45 días bajo resguardo”, contó Pablo.
Su fotografía e identificación estaban pegadas en la puerta de la alcaldía de su municipio, junto a diez personas más.
La noche del 17 de septiembre, en un autobús con un chofer que sabía su condición, su maleta escondida en un sitio especial del vehículo, su identidad reemplazada por la de un colector por seguridad, la ansiedad torturándolo y el miedo latente, salió del país.
El abogado y director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Alonso Medina, explicó que por la condición geográfica de Venezuela y sus amplias fronteras, las “vías de escape” usadas con mayor frecuencia son Táchira, Zulia y Bolívar.
Los datos recabados en esta investigación apuntaron que las fronteras más usadas fueron las de San Antonio del Táchira – Cúcuta (Colombia), donde cruzaron siete personas (33%) y la de Santa Elena de Uairén (Bolívar) con cinco (22%). Les siguen la de Puerto Ayacucho (Amazonas) y Zulia, con tres personas cada una (14%). Las menos utilizadas fueron la de Puerto Páez , El Amparo (ambas en Apure) y el aeropuerto de Maiquetía, con una persona en cada paso (5%).
Los medios de transporte más empleados fueron vehículos terrestres, coches y autobuses, con 14 personas (60,86%) movilizadas en ellos, incluyendo a aquellos que solo se trasladaron internamente.
Cuatro de los entrevistados reportaron haber usado motos para salir del país. Otras cinco personas combinaron métodos de transporte terrestres y fluviales (21,7%), donde usaron carro o moto y luego cruzaron un río en curiara, canoa o hasta nadando.
En 11 situaciones (48%), los movilizados viajaron entre uno y dos días para llegar a sus destinos. Un caso particular tuvo diez días de movilización para cruzar la frontera con Brasil. A otro solo le tomó diez minutos cruzar a Colombia por el río Orinoco, por un puerto fluvial no habilitado y, de allí, una hora para llegar a Puerto Carreño, en el vecino país.
Luis mencionó que ya estando en Brasil, un comandante del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) usó la red social Facebook para enviarle a su perfil un citación para declarar. Pero él ya se encontraba en el país vecino.
Pablo, en cambio, comentó que funcionarios de la Alcaldía se mantuvieron siguiendo y fotografiando a su esposa, quien se quedó en Venezuela, por al menos 15 días.
Una fuente vinculada a la atención de venezolanos migrantes en la frontera brasileña, que prefirió resguardar su identidad, refirió que personas, sobre todo jóvenes, activistas políticos y algunos militares, llegaron después del 28 de julio con relatos de persecución individualizados.
El personal de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), con sede en el Puesto de Triaje de la Naciones Unidas en Pacaraima, los orientó a ir al despacho de la Policía Federal y solicitar asilo político en lugar de refugio. Tras comprobar la veracidad de lo contado, se consideraron como asilados bajo la protección y asistencia del Gobierno de Brasil.
Más allá de la frontera
*Daniel cruzó dos veces la frontera con Colombia para poder preservar su libertad y, ante los temores de ser capturado por estar a pocos kilómetros de Venezuela, se trasladó hacia el Eje Cafetero colombiano. En medio de empleos precarios, no ha podido regularizar su situación migratoria.
Ha solicitado dos veces refugio y sin obtener respuesta. Por la restricción de financiamiento del gobierno estadounidense, ACNUR dejó atender estos casos en Colombia.
De acuerdo con datos de este reportaje, 12 (52%) de los consultados escogieron como refugio Colombia, cinco (22%) se refugiaron en Brasil y dos (9%) en Ecuador. Una menor cantidad lo hizo a Estados Unidos, México y España.
Quienes se refugiaron en Colombia se ubicaron, principalmente, en tres ciudades: 33% en Cúcuta, capital de Norte de Santander; 18% en Bogotá DC, y otro 18% en Puerto Carreño, en el departamento de Vichada.
El 22% que se refugió en territorio brasileño tiene estatus de “Residencia Temporal”, una fórmula creada en el contexto de la migración masiva de 2018 para facilitar el ingreso y estadía de los venezolanos en dicho país. Con este estatus pueden trabajar, alquilar una vivienda, abrir una cuenta bancaria y tener acceso al Sistema Único de Salud (SUS).
Aunque no se pudo precisar el estatus migratorio de todos los entrevistados, dos de ellos sí especificaron que tienen solicitudes de asilo pendientes, en Colombia y España. El resto está en condición de refugiado, aunque se desconoce si está formalizada.
Ronald Rodríguez, coordinador del Observatorio Venezolano en Colombia, resaltó que muchos de los que salieron de Venezuela después del 28J, prefirieron partir a Bogotá en lugar de quedarse en la fronteriza Cúcuta. Quienes ingresaron por la Guajira se fueron hacia Barranquilla. Agregó que al menos 300 personas fueron identificadas como refugiados.
Huir del país como mecanismo de supervivencia obligó a los entrevistados a dejar, de forma inmediata, sus hogares, familias, trabajos y actividades políticas. Fue su forma de evitar el encarcelamiento, la desaparición forzada y los procesos penales que enfrentarían sin garantías de un debido proceso. Ahora, viven un duelo. Muchos de los que no se fueron o se escondieron, fueron capturados y mantenidos en prisión durante meses. Otros continúan tras las rejas. Y algunos, murieron estando dentro de ellas.
*Nombre ficticio para resguardar la seguridad de los entrevistados.
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