El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ratificó este miércoles 14 que el abogado Eduardo Torres, quien forma parte del equipo de exigibilidad jurídica de la organización, se encuentra en situación de desaparición forzada, luego de que el fiscal general, Tarek William Saab, admitiera su detención por presuntos hechos de «terrorismo».
«El fiscal no dio información sobre la fecha, hora, lugar ni cuerpo de seguridad que ejecutó la detención de Eduardo Torres. Tampoco informó sobre la existencia de alguna orden de aprehensión, menos aún, sobre la Fiscalía que estaría a cargo de la investigación ni el lugar de detención», señaló la oenegé en un comunicado.
La tarde del martes, luego de 96 horas de su desaparición, el fiscal Saab reconoció la detención del abogado de Provea y lo vinculó a una supuesta «trama conspirativa para generar violencia durante las elecciones programadas para el 25 de mayo». Habría sido presentado en tribunales y ordenada su privativa de libertad bajo los presuntos delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación.
«Si cursaba una investigación contra Torres, la omisión de información a sus familiares sobre la detención y el paradero del abogado constituyó una abierta aceptación de la comisión del delito de desaparición forzada», señaló Provea.
Tras más de 96 horas de silencio, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reconoció este martes #13May que el defensor Eduardo Torres, está detenido bajo custodia del Estado. #DóndeEstáEduardo
— PROVEA (@_Provea) May 14, 2025
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Provea condenó criminalización de defensa de los DDHH
Provea insistió en que se encuentra en desaparición forzada, pues su familia o abogados de confianza no han podido constatar su lugar de reclusión y estado físico, al tiempo que cuestionó que el sistema de justicia (tribunales, Fiscalía general) no haya propiciado la comunicación con Torres.
También indicaron que «dado el recurrente patrón de violación al debido proceso, para familiares y abogados es imposible tener certeza sobre el cumplimiento de estos lapsos, aunado a que no se ha permitido abogado de confianza, lo que cercena su derecho a la defensa».
Provea reiteró su condena a la «criminalización de la defensa de los derechos humanos» en el país, y reafirmó su posición de «exigir derechos y, en particular, los de nuestro compañero de labores».
TalCual
