La situación en el Centro para Procesados 26 de Julio, ubicado en San Juan de los Morros, estado Guárico, genera preocupación entre los familiares de los privados de libertad, quienes este 1 de octubre se encontraron con una nueva restricción: no pudieron entregar alimentos, medicinas ni productos de higiene personal.
Varias mujeres que se trasladaron desde diferentes regiones del país llegaron temprano con la intención de visitar y abastecer a sus familiares, pero al llegar fueron informadas de que las visitas quedaban suspendidas sin previo aviso. Esto dejó a muchos privados de libertad sin insumos esenciales en medio de un contexto carcelario ya precario.
Familias exigen permitir el ingreso de alimentos y medicinas
Karina Villazana, una de las afectadas, explicó que el personal penitenciario les comunicó la decisión apenas llegaron. “No estamos pidiendo nada extraordinario, solo que nos dejen pasar la comida y los medicamentos para nuestros privados de libertad. Entendemos que no haya visita, pero negar el ingreso de estos productos es inhumano”, señaló.
Entre las personas presentes había familiares que viajaron desde lugares tan distantes como San Fernando de Apure, Calabozo e incluso Ciudad Bolívar. Una joven explicó que su hermano, uno de los privados de libertad, requiere medicación constante para un tratamiento médico, y que sin esa entrega su salud podría deteriorarse rápidamente.
Las familias recordaron que dentro del penal no existe un suministro regular de medicamentos ni de productos básicos, por lo que dependen completamente de lo que sus allegados puedan llevarles desde el exterior.
Largas travesías para asistir a los privados de libertad
Nancy Muñoz relató que salió de Las Tejerías a las cinco de la mañana para poder cumplir con la visita mensual a su hermano, otro de los privados de libertad del penal. “Cargar comida durante horas y que luego no la dejen pasar es una injusticia. Hago un esfuerzo físico y económico enorme para llegar hasta aquí”, expresó visiblemente agotada.
Muñoz describió que muchas veces las requisas terminan con la comida en la basura, lo que representa no solo una pérdida económica, sino también un golpe emocional para quienes hacen sacrificios para apoyar a sus familiares encarcelados. “El viaje me cuesta alrededor de cinco dólares, y no siempre tengo ese dinero. Hoy me dicen que no puedo entregar nada, después de todo lo que pasé para llegar”, añadió.
Privados de libertad enfermos sin acceso a hospitales
Otro caso alarmante es el de Irma Uzcátegui, quien recorrió más de 400 kilómetros desde Barinas para visitar a su hermano, uno de los privados de libertad que sufrió un accidente cerebrovascular. A pesar de contar con una boleta médica que autoriza su traslado a un centro de salud, las autoridades penitenciarias no han permitido que se haga efectivo.
“El estado de salud de mi hermano es delicado y sigo esperando que lo lleven al hospital. Cada mes gasto más de 300 dólares en traslados y hospedaje para venir, y hoy me dicen que no podré verlo ni entregarle nada”, explicó Uzcátegui, profundamente frustrada.
Sin pronunciamiento oficial sobre la medida
Madres, hermanas y esposas de los privados de libertad coincidieron en que cada mes reúnen como pueden dinero para comprar alimentos y productos de aseo que resultan indispensables para la supervivencia de sus familiares. Sin embargo, esta suspensión inesperada de visitas pone en riesgo la salud y el bienestar de cientos de internos.
Hasta la fecha, las autoridades del sistema penitenciario en Guárico no han ofrecido explicaciones públicas sobre las razones de la medida ni sobre la duración de la suspensión. Mientras tanto, las familias siguen esperando a las afueras del penal, con bolsas llenas y la incertidumbre como única respuesta.
