Las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela continúan en paralelo al proyecto de ley de amnistía, que aprobó en primera discusión la Asamblea Nacional el pasado jueves 5 de febrero. Una de las notas discordantes del proceso, además de las muertes de familiares o el grave estado de salud de algunos presos políticos, ocurrió en las últimas horas.
El abogado Perkins Rocha y el dirigente político Freddy Superlano fueron sacados de su lugar de reclusión, bajo una medida de arresto domiciliario, el domingo 8 de febrero.
«Lo que están cambiando es el sitio de reclusión. El artículo 242, numeral 1, del Código Orgánico Procesal Penal establece el arresto domiciliario. Sin embargo, muchos de ellos tiene apostamiento policial, es decir, ni siquiera pueden salir de sus casas. Siguen presos pero cambiaron la locación», explicó a TalCual Joel García, especialista en derecho penal y defensor de derechos humanos.
Este tipo de privativas de libertad se han dado en otros casos de presos políticos, como el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, detenida en 2009 y condenada por “corrupción”. Desde las excarcelaciones de presos políticos del pasado 8 de enero, la organización Justicia, Encuentro y Perdón registra otro caso de “casa por cárcel”: el de un preso político con graves problemas de salud que requería una cirugía.
Casa por cárcel es estar presos
El abogado y vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, recordó que organismos internacionales en materia de derechos humanos, como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, consideran que la “casa por cárcel” sigue siendo una forma de privación de libertad.
Citó el caso del abogado Marcelo Crovato, en el que se señaló que el arresto domiciliario se equipara con la privativa de libertad “en el entendido que la persona se encuentra en instalaciones cerradas y que no tiene autorización para abandonar ese lugar. En la actualidad, para el Grupo de Trabajo el arresto domiciliario es una forma de privación de libertad respecto de la cual no se tiene consentimiento”.
Efectivamente, así lo expresa María Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha. En entrevista a NTN24 comentó que “él está firme, sereno, con temple, contento en su hogar. He tratado de quitarle un poquito de drama y angustia a lo que significa tener un grillete electrónico en el tobillo. Esta mañana le decía que no está excarcelado, está preso en su casa, cambió de celda”.
Indicó además que pese a las limitaciones del abogado para ejercer su libertad de expresión y de opinión, ya sea ante medios de comunicación o redes sociales, y los funcionarios policiales apostados a las afueras de su vivienda “entendemos que hemos logrado un paso más para lograr su libertad. Dentro de tanta maldad me quedo con la alegría de tener a mi esposo conmigo, y esa satisfacción, esa alegría, no voy a permitir que me la arruine un brazalete en el tobillo de Perkins”.
Rocha, detenido el 27 de agosto de 2024 al este de Caracas, ha tenido enfermedades graves que requieren atención médica especializada. Joel García expresó que, en su caso, corresponde a la defensa pública gestionar ante un tribunal las autorizaciones para llevarlo a un centro médico. “El problema es la defensa pública, que cumple órdenes también”.
En el caso de Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado la tarde del domingo y poco más de 10 horas después fue detenido de forma arbitraria por sujetos desconocidos. En horas de la madrugada, el Ministerio Público confirmó su arresto bajo el alegato de que incumplió las medidas sustitutivas impuestas por un tribunal, por lo que solicitaron que pase «a un régimen de detención domiciliario».
La mañana del martes 10 de febrero fue trasladado al Aeropuerto de Maiquetía desde donde salió a Maracaibo para cumplir con el régimen de casa por cárcel.
Orlando Moreno, del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, afirmó que Guanipa se encuentra detenido en la comandancia de la PNB ubicada en Mariperez.
“Si hubiese un Estado de derecho, esa medida no se hubiese revocado. El juez, si lo hace, es causal de destitución porque es un error inexcusable en el derecho. Juan Pablo Guanipa tenía dos medidas: presentación periódica cada 30 días y prohibición de salida del país. Ninguno de los dos supuestos fácticos se dio, y al no estar los supuestos fácticos no puede haber la motivación y, por tanto, la resolución judicial. ¿Qué va a pasar con él? Lo van a llevar a su casa; sin embargo, esperamos que la defensa pública apele, porque la razón es apelable y debe dársela la corte”, aseveró Joel García.
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