Varias organizaciones no gubernamentales expresaron este sábado su preocupación por la «desaparición» del abogado Eduardo Torres. Temen que el miembro del equipo de exigibilidad legal de la ONG Provea haya sido detenido por «su labor como activista de DD.HH., en virtud de las constantes amenazas en su contra.
En la red social X, Provea señaló que, según testigos, fue visto por última vez este viernes, 9 de mayo, a las 04:00 de la tarde en Parque Central, Caracas, luego de una reunión. A esa hora, según la ONG, familiares se comunicaron con él, quien avisó que se dirigía a su vivienda en otro sector caraqueño. "Nunca llegó".
Según el comunicado, su esposa Emiselys Nuñez, acompañada por miembros de Provea, recorre distintos centros de reclusión de Caracas en busca de información sobre el paradero de Eduardo Torres. Les preocupan las reiteradas amenazas y actos de hostigamiento por parte de funcionarios policiales del Estado venezolano, de los que ha sido víctima.
Desapareció abogado de Provea, Eduardo Torres
Tras las elecciones presidenciales de julio del año pasado, las autoridades han arreciado los ataques y actos de persecución contra defensores de derechos humanos y líderes sociales y políticos. La ONG lo ve como un intento por imponer el silencio ante las constantes exigencias ciudadanas y pacíficas.
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El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, exigió información sobre el paradero de Torres. Expresó que hay motivos para temer una desaparición forzada. "Nadie podrá ser privado de libertad arbitrariamente, las autoridades están obligadas a suministrar información oportuna a la familia ante denuncias como estas», dijo también en X.
Las organizaciones no gubernamentales Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Espacio Público, Laboratorio de Paz y Fundaredes también expresaron su preocupación. Destacaron el trabajo del activista en favor de los derechos humanos.
Fundaredes denunció que muchos defensores están siendo silenciados de manera arbitraria e injusta, incluyendo» su «director, Javier Tarazona. El está detenido desde el 2 de julio de 2021 en la sede del Helicoide, del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas.
Según Provea, Torres es beneficiario de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH).