La principal alianza opositora del país -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- exigió información sobre el paradero de su asesor jurídico Perkins Rocha, detenido este martes por "personas no identificadas", según la coalición, que también exigió la "inmediata" liberación del abogado.
A través de X, el bloque disidente denunció el "secuestro" de quien también fungió como uno de sus testigos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en las presidenciales del 28 de julio, e hizo un llamado al respeto de los derechos humanos del jurista y de "todos los detenidos de forma arbitraria".
Asimismo, la PUD exigió el cese de "la persecución" que -alertó- se ha "agudizado" tras los comicios del pasado mes, por "defender el cambio que se eligió masivamente con el voto", en referencia a la "victoria" que la coalición asegura que obtuvo su abanderado, Edmundo González Urrutia, en las presidenciales, pese a que el CNE proclamó ganador al mandatario Nicolás Maduro.
En X, partidos opositores que forman parte de este bloque, entre ellos Primero Justicia, Voluntad Popular, La Causa R y Encuentro Ciudadano, condenaron también la detención de Rocha, uno de los principales colaboradores de la líder antichavista María Corina Machado.
Perkins Rocha, secuestrado
Previamente, la exdiputada denunció que ha resultado "secuestrado" su "amigo y compañero de causa", en referencia al jurista, a quien describió como "un hombre justo, valiente, inteligente y generoso".
"Pretenden doblegarnos, desenfocarnos y aterrarnos. Nosotros seguimos adelante, por Perkins, por todos los presos y perseguidos, y por Venezuela entera. Seremos libres", expresó Machado, quien el sábado llamó a la comunidad internacional a responsabilizar a Maduro y a su "régimen criminal" de "la represión desatada" en el país.
Según cifras oficiales, más de 2 mil 400 personas terminaron detenidas desde el 29 de julio -algunas en manifestaciones y otras en operativos policiales-, mientras que 25 personas resultaron asesinadas en hechos de violencia que el Gobierno atribuye a la oposición, mientras que la oposición culpa a las fuerzas de seguridad del Estado, por orden de superiores.
