Alrededor de 7.414 privados de libertad, se encuentran detenidos en 157 dependencias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en todo el país, así lo denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en su más reciente informe carcelario, titulado: “La consolidación de los calabozos del CICPC como cárceles paralelas en Venezuela”.
Dicho documento, detalla que de este universo de reclusos, al menos el 87.9% —6.518 personas— no cuentan con una sentencia firme, por lo que tan solo 896 personas, si poseen una debidamente penada, no obstante el OVP señala que, su permanencia en estos calabozos, demuestran que la prisión preventiva ha pasado de ser una medida excepcional a una pena anticipada.
El número de reclusos no es el único problema que detalla el observatorio, pues el tiempo que estos han permanecido detrás de las rejas, ha excedido por completo los limites constitucionales de 48 horas para la detención de carácter preventivo y posterior presentación judicial, promediando un total de 615 días de reclusión por cada privado de libertad.
Siendo que el 58% de estos privados (4.291 personas) lleva más de un año detenido, mientras que el 33,5% (2.481 personas) supera los dos años en calabozos, lo que atenta contra sus derechos como detenidos.
Casi 15 años de problemas administrativos
El OVP sitúa el inicio de esta problemática alrededor del año 2011, cuando la entonces Ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, emitió una circular que limitaba el ingreso de nuevos reos a los centros penitenciarios e internados judiciales sin autorización de su despacho, “esta práctica paralizó los traslados y transformó los calabozos policiales en cárceles permanentes”, afirma el observatorio.
Por otra parte, mencionan que las entidades con mayor concentración de reclusos dentro de los calabozos del CICPC son Distrito Capital (1.013 personas), Zulia (864), Miranda (733), Carabobo (616) y Aragua (562) lo que representa el 51,1% nacional.
Condiciones infrahumanas y corrupción
El informe, se sustenta en las denuncias de familiares, quienes relatan las condiciones a las cuales se enfrenta su familiar detenido, como la falta de agua potable, y ventilación, así como la desnutrición y el hacinamiento; lo que en muchos de estos caso genera enfermedades infectocontagiosas como tuberculosis, neumonía, hepatitis y escabiosis (conocida como sarna).
Recalcando que el CICPC, no recibe un presupuesto adecuado para la manutención alimentaria ni médica de los detenidos, trasladando este costo a los familiares y amigos de los reclusos.
Un ambiente, que ha fomentado la corrupción entre funcionarios, quienes llegan a solicitarle a los familiares, montos elevados, de hasta 200 dólares, para recibir un trato humano, como acceder a una ducha, recibir luz solar o dormir en oficinas en lugar del piso de los celdas.
De esta manera, el informe del OVP concluye que el Estado venezolano incurre en una grave responsabilidad al mantener a miles de ciudadanos en condiciones inhumanas, exigiendo reformar urgentemente el uso de la prisión preventiva, acelerar los juicios, agilizar los traslados a centros penitenciarios reales y capacitar rigurosamente a los cuerpos policiales en materia de derechos humanos durante la detención inicial.
