El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó sobre las amenazas de las que son víctimas los familiares de los presos políticos para que no hagan públicas las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad.
No hablar con la prensa y organizaciones de derechos humanos, ni tampoco grabar videos son algunas de las exigencias de las autoridades a los familiares, reveló la organización en un comunicado.
“El incumplimiento de estas exigencias podría resultar en la suspensión de las visitas a los detenidos arbitrariamente o, peor aún, en represalias que afecten directamente sus procesos judiciales”, indicó el OVP.
Las amenazas ocurren en un contexto de pronunciamientos de madres y familiares sobre las duras condiciones de reclusión de sus seres queridos, que incluyen falta de atención médica oportuna, así como requisas calificadas de horribles durante las visitas.
Además, tres presos políticos han muerto bajo custodia del Estado, incluidos dos este mes en circunstancias no aclaradas en el Internado Judicial de Carabobo, lo que ha incrementado la angustia de los familiares, muchos de los cuales permanecen en las afueras de los recintos carcelarios.
Acusaciones de desestabilización
El OVP sostuvo que estas acciones se suman a una narrativa promovida por las autoridades que busca deslegitimar cualquier crítica o denuncia, acusando a las familias y organizaciones de formar parte de un supuesto plan para desestabilizar el país de cara al próximo 10 de enero, fecha de la toma de posesión presidencial.
La ONG añadió que a los familiares también se les prohíbe el uso de redes sociales para exponer sus preocupaciones, una herramienta a través de la cual estos se han apoyado para visibilizar abusos, torturas, desapariciones forzadas, entre otras violaciones a los derechos humanos.
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Incluso, la comunicación entre familiares de privados de libertad ha sido limitada, obstaculizando el apoyo emocional necesario para enfrentar la situación, lamentó.
“Estas medidas, combinadas con la narrativa oficial, crean un entorno donde las familias son doblemente victimizadas: por el encarcelamiento injusto de sus hijos y por la criminalización de su búsqueda de justicia”, señaló la organización.
Legítimos reclamos de familiares
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, insistió en que las denuncias de los familiares se tratan de legítimos reclamos por justicia, transparencia y respeto a los derechos fundamentales, y rechazó que se pretendan presentar como intentos de generar caos en el país ante la proximidad del 10 de enero.
Prado señaló que el miedo impuesto a los familiares busca evitar el eco internacional de sus denuncias, así como consolidar la narrativa que presenta al Gobierno como víctima de una conspiración.
De esta manera, -prosiguió- el Estado justifica la represión y mantiene el control, mientras las familias y sus hijos continúan siendo vulnerados.
En este contexto, el OVP afirmó que las voces de las madres y las familias deben ser protegidas y amplificadas, ya que denunciar los abusos no es un delito ni un acto de desestabilización, sino una exigencia legítima de justicia y respeto a los derechos humanos.
Intimidaciones a activistas de derechos humanos
Asimismo, el abogado denunció que los defensores de derechos humanos también enfrentan intimidaciones, amenazas y hostigamientos, a pesar de la obligación del Estado de garantizar el ejercicio de su labor en condiciones seguras y de libertad.
Impedir el libre trabajo de los activistas perpetúa un ambiente de impunidad que silencia las denuncias y debilita la protección de las víctimas, explicó.
Prado mencionó en específico la citación de la policía científica a Andreína Baduel, una miembro del Comité por la Libertada de los Presos Políticos, cuyo padre el general Raúl Isaías Baduel murió en 2021 en prisión y su hermano Josnars Baduel está encarcelado.
