Con la extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, el panorama político cambió en Venezuela pero, aunque desde Miraflores, donde ahora despacha la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, insisten en que llevan adelante un proceso de reconciliación nacional, que ha traído una “ley de Amnistía”, persiste el temor a que en cualquier momento el gobierno pueda echar mano de las leyes creadas para la persecución de la disidencia.
El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien entre sus responsabilidades tiene la dirección de los cuerpos policiales del país, advirtió esta semana que la llamada Ley de Amnistía “no protege contra delitos futuros”.
Sobre quienes buscan acogerse a la medida, dijo que tienen “un grave problema” si asumen que pueden actuar impunemente. “No estoy amenazando, estoy haciendo un favor para evitar confusiones y fomentar un clima político más estable”, espetó.
Preocupación entre las ONG
En atención a esta preocupación, un grupo de organizaciones no gubernamentales y gremios está impulsando ese debate.
“Provea junto con otras organizaciones hemos estado exigiendo la derogación de un conjunto de leyes que forman parte, a nuestro juicio, de un andamiaje jurídico paralelo a la Constitución y que fue instrumentalizado para perseguir y para reprimir a los venezolanos que piensan distinto, que actúan distinto a la narrativa oficial, que no es otra cosa que la imposición de un modelo autoritario”, sostiene Óscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos.
Señala que en este momento que atraviesa el país debe traducirse en el fortalecimiento del ideal interamericano de una democracia integral, que brinde las garantías plenas para el ejercicio de los derechos civiles y políticos. A su juicio, hay un conjunto de leyes que resultan contrarios a ese ideal.
“Lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es la eliminación, de hecho, del pluralismo y del disenso como condiciones inherentes a la búsqueda de soluciones a los problemas de un país. Es decir, no se puede debatir un país si no hay garantía para el ejercicio de la libre expresión, del disenso y del pluralismo, y este conjunto de leyes, hacen, imposible que podamos avanzar hacia un restablecimiento de las garantías constitucionales”.
Las leyes polémicas
Murillo explica que las leyes en cuestión son:
- La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. “Es una ley que tiene bastante tiempo, pero que vino a poner unas alcabalas y unos filtros a la protesta social en las empresas del Estado. Es decir, tenía una funcionalidad política”, comentó.
- La ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, que considera ha sido aplicada con tal discrecionalidad que Venezuela lidera las causas penales imputadas por una ley de antiterrorismo en América Latina.
- La Ley contra el Odio, que a juicio del propio presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha sido empleada con excesos, por lo que anunció su reforma.
- La ley contra las ONG, la ley Simón Bolívar y la Ley antibloqueo también forma parte de los instrumentos legales que consideran debe derogarse.
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