Atribuyó a la sanción del instrumento legal las liberaciones plenas decididas a favor de los dirigentes políticos, Juan Pablo Guanipa y Freddy Superlano, y dijo estar segura de que más celdas serán abiertas en los próximos días.
“Hoy y este fin de semana serán días importantes para los presos políticos”, acotó.
Bracho reconoció que el tema de los militares que están excluidos de la ley, por ejemplo, los involucrados en el intento de insurrección del 30 de abril de 2019, convocado por opositores como Juan Guaidó y Leopoldo López (según el artículo 8), y quienes fueron implicados en el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018; “es bastante álgido”, así como el de los exiliados políticos.
Opositores en AN dicen que se abordarán otros casos
“El tema de los militares es bastante específico y álgido y obedece a leyes especiales. Es importante que vayamos con delicadeza sobre este tema. Hay que ir paso a paso, atendiendo los temas; hay muchos”, advirtió. No es un perdón”
Stalin González, jefe del Grupo Parlamentario Libertad, que agrupa a UNT, Unión y Cambio y Lápiz, pidió no dejarse confundir por la narrativa del chavismo en torno a la aprobación del instrumento legal.
“No es un perdón, la amnistía es la capacidad del Estado de renunciar a la acción penal; lo del perdón es la narrativa del gobierno. Dijo que fue una iniciativa de Delcy Rodríguez, pero la oposición la ha demandado durante años, así que no es una iniciativa del Ejecutivo. La AN tiene como potestad decretar amnistía, la persona va al tribunal, hace la solicitud, el juez declara si está entre los hechos amnistiables y se extingue el proceso penal, se borran los registros, la persona no tiene que reconocer nada”, sostuvo.
También consideró un logro que las ONG y familiares de los presos políticos pudieran acudir a la AN para hacer sus observaciones y propuestas a la ley, aunque la mayoría de los planteamientos no fueran tomados en cuenta. Aseguró que “escuchar” sigue siendo el espíritu y que el artículo 15 permite que la comisión invite a más actores, tanto nacionales como internacionales, para hacer el seguimiento a la ley, bajo la figura de la asesoría.
Mencionó que propusieron en la redacción que se incluyera la invitación expresa a organismos internacionales que protegen DD. HH. a la Comisión, pero no fue incluido.
