Este martes 17 de septiembre, la misión de la ONU se pronunció sobre Venezuela, preocupada por amenazas hacia defensores de los DDHH, sus familias y detenciones a unos 16 periodistas tras las elecciones del pasado 28 de julio.
La experta argentina en derechos humanos Patricia Tappatá, destacó, en rueda de prensa, el informe en el que se documentaron las aprehensiones: "Estamos totalmente preocupados por la seguridad de todos los defensores de derechos humanos y la de sus familias; sus voces son esenciales para asegurar que las violaciones sean documentadas y que las víctimas no sean olvidadas".
Asedio contra los periodistas y las ONG
Asimismo, en el informe alertaron sobre la ley de las ONG que "impone limitaciones arbitrarias al autónomo funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil", dijo la experta.
La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y entidades afines en Venezuela, resultó aprobada el 15 de agosto, por la Asamblea Nacional de manera unánime.
Esta ley, busca regular la actividad de las ONG en el país, quedó aprobada en primera discusión en enero de 2023. Del mismo modo, Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela enfatizó la importancia de esta legislación, catalogándolo de fundamental para el control de las organizaciones que operan en Venezuela.
La labor informativa en peligro
En agosto pasado, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas publicó a través de su cuenta @CNPCaracas en la red social X, las agresiones que se han cometido a periodistas desde finales del mes de julio hasta principios del, mes de agosto. De hecho registró 73 agresiones, distribuidas de la siguiente manera: 15 deportaciones a corresponsales extranjeros, una anulación de pasaporte a periodista, nueve hostigamientos, un robo de equipos, un cierre de emisora de radio, ocho amenazas, dos cierres de programas de radio, ocho detenciones arbitrarias, dos daños a sedes de medios de comunicación, 17 intimidaciones, dos impedimentos de cobertura, cuatro agresiones físicas, un borrado de material grabado y un daño a bienes de propiedad del periodista.