La organización SOS Orinoco pidió este jueves plena transparencia al gobierno de Estados Unidos tras conocerse reportes que indican que Minerven, la empresa estatal minera de Venezuela, podría suministrar hasta 1.000 kilogramos de oro doré a la comercializadora Trafigura, con destino final en refinerías estadounidenses.
La alerta surge en medio de la visita a Caracas del secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, quien promovió inversiones rápidas en el sector de minerales críticos venezolanos. Para SOS Orinoco, cualquier operación que involucre oro venezolano debe ser sometida a estricto escrutinio, debido a los riesgos históricos asociados a su origen.
La ONG recordó que el oro del sur de Venezuela ha estado vinculado durante años a minería ilegal, devastación ambiental y redes criminales que operan en el Arco Minero del Orinoco. Además, subrayó que las sanciones estadounidenses sobre el sector aurífero venezolano siguen vigentes, impuestas originalmente para impedir que el comercio de oro financiara corrupción y represión durante el gobierno de Nicolás Maduro.
“Venezuela está saliendo de décadas de gobernanza opaca y criminal”, afirmó Cristina Burelli, directora ejecutiva de SOS Orinoco. “Si el oro venezolano está entrando ahora en mercados internacionales con participación estadounidense, los venezolanos y la comunidad internacional merecen divulgación total: dólar por dólar y kilogramo por kilogramo”.
Preguntas sobre origen y trazabilidad del oro
La organización planteó dos interrogantes que considera esenciales y que deben ser respondidas públicamente:
La primera es el origen del oro que Minerven estaría suministrando. Gran parte de la producción nacional proviene de operaciones ilegales dentro de áreas protegidas como el Parque Nacional Canaima, patrimonio mundial de la Unesco, afectado por contaminación con mercurio, deforestación e incursiones en territorios indígenas.
La segunda es la transparencia de la cadena de suministro. SOS Orinoco exige claridad sobre qué refinerías estadounidenses procesarían el oro y qué mecanismos de trazabilidad garantizarían el cumplimiento de sanciones, normas ambientales y estándares internacionales de derechos humanos.
En un artículo de opinión publicado este mismo jueves en The Washington Post, Francisco Dallmeier y Cristina Burelli advirtieron que la economía minera ilícita venezolana representa un riesgo estratégico: contamina ríos, financia a grupos armados como el ELN y alimenta mercados globales opacos de minerales de alto riesgo.
SOS Orinoco enfatizó que Venezuela posee un enorme potencial mineral, pero que cualquier desarrollo responsable debe comenzar con transparencia total, salvaguardas ambientales estrictas y respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
“La minería no puede tratarse como el sector petrolero venezolano”, dijo Burelli. “Sin transparencia y trazabilidad desde el inicio, el mundo corre el riesgo de financiar a las mismas redes criminales que Venezuela intenta desmantelar”.
La organización concluyó que “el mundo está observando”, y etiquetó a la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, instando a que cualquier acuerdo sea público, verificable y compatible con las sanciones vigentes.
Monitoreamos
