El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos alertó sobre el acoso sistemático que sufren Andreina y Margareth Baduel, hijas del general Raúl Isaías Baduel, así como sus familias. La organización exige medidas urgentes para garantizar su seguridad.
El seguimiento a Andreina Baduel, periodista y coordinadora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, se intensificó luego de una rueda de prensa realizada el 18 de junio de 2025 en la Universidad Central de Venezuela. Durante este evento, agentes encubiertos tomaron fotografías de los asistentes sin consentimiento, lo que marcó el inicio de una vigilancia continua.
Desde ese momento, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y vehículos no identificados han estado presentes frente a la residencia de Andreina, registrando sus movimientos y generando un clima de intimidación que se extendió hasta finales de junio.
Acoso también a Margareth Baduel
Margareth Baduel, hermana de Andreina, también ha sido objeto de seguimiento. En varias ocasiones fue perseguida y grabada cerca de su hogar, incluyendo un incidente donde funcionarios encapuchados de la Policía Nacional Bolivariana establecieron un control improvisado que le impidió salir de su residencia, afectando además a los vecinos.
En julio, la presencia de agentes estatales en la residencia de Andreina se incrementó, exacerbando la presión sobre la familia y obstaculizando el trabajo del comité defensor de presos políticos.
Medidas internacionales y demandas al Estado
El 12 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Andreina Baduel, reconociendo el riesgo grave que enfrenta y ordenando al Estado venezolano garantizar su protección.
En respuesta, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos pidió a las autoridades venezolanas:
- Implementar acciones inmediatas para salvaguardar la integridad física y emocional de Andreina y Margareth Baduel y sus familias.
- Investigar y sancionar a los responsables del acoso.
- Detener cualquier forma de intimidación contra quienes defienden los derechos humanos.
- Cumplir con las medidas dictadas por la CIDH para evitar daños irreparables.
La organización también solicitó apoyo urgente al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y a la Secretaría de Derechos Humanos para asegurar la protección efectiva de las víctimas.
