El caso más antiguo que se conoce en el país de desaparición forzada, denunciado ante organismos nacionales e internacionales es el de Hugo Marino Salas, desde 2019 no se sabe nada de él, los familiares han agotado todas las vías legales e institucionales para dar con su paradero, pero ninguna acción ha tenido éxito.
Fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar. Nunca fue procesado ni presentado en tribunales, publicó Tal Cual.
Ya casi se cumplen seis años desde que los familiares del buzo e investigador venezolano, descendiente de italianos, no lo ven. Su madre, Beatriz Salas, ha dudado si su hijo realmente está vivo. A diario, la madre de Hugo Marino Salas pide en redes sociales que «el régimen responda y diga dónde está o qué le hicieron (…) Ellos son responsables de su desaparición», escribe.
Recientemente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, denunció que en el país hay 27 desapariciones forzadas desde el pasado 28 de julio, día de las elecciones presidenciales, afectando a personas que ejercían su derecho a la manifestación pacífica y expresión, defensores de derechos humanos, opositores y periodistas, entre otros.
De acuerdo con el registro de la ONG Foro Penal Venezolano, en el país existen 43 casos de desapariciones forzadas denunciadas por familiares. Por su parte, la organización Justicia, Encuentro y Perdón tiene registro «de poco más de 50 personas en situación de desaparición forzada», expone su coordinadora, Martha Tineo, quien enfatiza que «eso es solo un número referencial y apenas son una proyección de lo que puede estar pasando».
Desaparición forzada
La desaparición forzada ocurre cuando una persona es detenida por cuerpos policiales o grupos armados sin identificación, pero que actúan bajo la aquiescencia del Estado, y se desconoce su paradero. «Si no se les permite comunicación con su familia o abogados de confianza, desde ese mismo momento, se considera una desaparición forzada», explica Tineo.
«Pueden pasar horas, días, semanas y aunque luego se sepa dónde está la persona, el crimen de desaparición forzada se consumó». En el país la desaparición forzada se califica de corta o larga duración, agrega la abogada defensora de derechos humanos.
El Observatorio Nacional de Derechos Humanos denuncia que este método es utilizado como estrategia para infundir terror, por lo que muchas familias no hacen públicos sus casos ante las amenazas recibidas.
«A tenor de las propias cifras oficiales, hay mucha más gente presa por razones políticas de las que las organizaciones de la sociedad civil hemos logrado identificar», afirma Martha Tineo, y enfatiza que no solo es el caso de personas en situación de desaparición forzada, sino «que hay un gran número de personas que no denuncian (la detención de su familiar) porque se les amenaza que si entran en comunicación con ONG de derechos humanos va a ser peor y es gente de la que no podemos tener conocimientos».
Patrón sistemático en aumento
Tanto la ONG Provea como Justicia, Encuentro y Perdón afirman que la desaparición forzada se ha convertido en un patrón en el país contra quienes disienten del oficialismo. Tineo dice que las ONG han identificado que este modelo de detención se ha identificado en la última década.
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«Mi esposo hoy está cumpliendo 13 días desaparecido (21 de enero). No he tenido noticia de dónde está. Soy solidaria con todos (los familiares de detenidos). No hay derecho de vivir esta historia tan terrorífica», expresó, entre llanto, Adriana Briceño a las afueras del Ministerio Público durante una protesta en la que familiares de presos políticos exigían una ley de amnistía para lograr su libertad.
Adriana es esposa de Ángel Godoy, fotógrafo y periodista de Punto de Corte. Dice desconocer las razones por las cuales su pareja fue detenido y desaparecido por órganos de seguridad del Estado el pasado 8 de enero. Su mayor preocupación es su estado de salud: al momento de la aprehensión tenía un cuadro de bronquitis y, de no recibir el tratamiento, su salud podría empeorar.
«A donde voy cargo esta mochila con la esperanza que en (el) lugar que acepten que está, reciban la medicina. Esto es desgarrador», condena Briceño.
Amnistía Internacional afirma que «buscar la verdad (en casos de desapariciones forzadas) puede comportar gran peligro para toda la familia» y suma el sufrimiento que padecen los allegados del detenido, que los lleva a una «lenta angustia psicológica» ante la incertidumbre de saber si su pariente está muerto.
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