El Ministerio Público aseguró que Jesús Martínez, un testigo electoral muerto bajo custodia del Estado el jueves 14 de noviembre, recibió la debida atención médica para atender sus padecimientos.
En un comunicado explicó que Martinez, quien padecía diabetes tipo II y problemas cardíacos, estaba detenido de manera preventiva desde el 2 de agosto. Sin embargo, desde el 11 de octubre estaba recluido en el Hospital Luis Razetti de Barcelona.
“Durante todo ese tiempo contó con la debida atención médica y se le suministraron los medicamentos y demás tratamientos que su condición de salud ameritaba”.
El Ministerio Público aseguró que ha procurado la garantía del debido proceso, la tutela judicial efectiva y el goce de los demás derechos constitucionales, tales como el de la salud, no solo para Martínez, sino también para el resto de quienes aún se encuentran privados de libertad.
La Fiscalía señaló al también miembro de Vente Venezuela de participar en los hechos violentos cometidos tras el proceso electoral del 28 de julio en el que se anunció la victoria del presidente Nicolás Maduro sin que se publicaran resultados desagregados mesa por mesa.
La versión de la Fiscalía contraría a la de opositores venezolanos y la madre de Martínez, María Medina, quien dijo a El Pitazo que está convencida de que su hijo murió por falta de atención médica oportuna.
La muerte de Martínez en el hospital Razetti
Martínez falleció durante un procedimiento de amputación de las piernas, de acuerdo a la versión de la líder opositora María Corina Machado, en el Hospital Luis Razetti de Barcelona.
Machado recordó que Martínez fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en su casa, sin orden de allanamiento y sin ningún motivo. “Lo trasladaron a unos calabozos infrahumanos en Anzoátegui, fue fuertemente maltratado y estuvo en unas condiciones higiénicas tan precarias que tuvo necrosis en ambas piernas”.
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Veinte privados de libertad han muerto en el país desde 2015, incluido Martínez, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Tras los comicios del 28 de julio, más de 2.400 personas fueron detenidas, incluidos dirigentes políticos y más de un centenar de opositores, en el marco de las protestas contra la victoria de Maduro, anunciada sin que se revelaran resultados detallados.