Por estos días, los migrantes venezolanos en Chile se miran en el espejo de los paisanos en Estados Unidos afectados por redadas migratorias, deportaciones masivas y pérdida del Estatuto de Protección Electoral (TSP), producto de la severa política migratoria adoptada por Donald Trump, en su retorno a la Presidencia.
De ganar el catalogado candidato “ultraderechista” en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas del 14 de diciembre, José Antonio Kast, del Partido Republicano, amenaza con deportar a 337 mil migrantes -la mayoría venezolanos -que viven actualmente en ese país de manera irregular, según cifras oficiales.
Si la abanderada de la “centroizquierda”, Jeannette Jara, sucede a Gabriel Boric en la jefatura de Estado, el panorama no mejora mucho. Para hacer frente a la migración en condiciones irregulares, propone el reforzamiento de las fronteras, con mayor presencia policial y militar, así como el uso de drones y sensores térmicos. También promete la expulsión de migrantes con faltas menores o simples.
Presidenciales en Chile afectarán a migrantes venezolanos
A la politóloga y directora adjunta de Amnistía Internacional (AI) para Venezuela, Nastassja Rojas, le preocupa y lamenta que la migración de connacionales, forzada por la crisis politica, económica y social que vive el país, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, se vea envuelta de nuevo en temas de seguridad interna de los países de la región, para justificar el uso de medidas extraordinarias (securitización) contra personas vulnerables.
Para el internacionalista Iván Rojas, el afectado por un cambio de gobierno en Chile no será la administración de Maduro que, estima, seguirá con relaciones diplomáticas rotas, sino los ciudadanos que buscaron y buscan en ese país las oportunidades que no tienen en Venezuela producto de la crisis.
“Violatorio de los DDHH”
“En general, creo que la situación es dramática y muy preocupante. Lo que estamos viendo en Chile está empezando a ser una tendencia en la región y la región no escapa a la tendencia global. Estamos viendo un cambio profundo en la forma del abordaje a los migrantes venezolanos y las propuestas de la gestión migratoria con una visión de securitización, pasando por encima de la garantía de los derechos de las personas migrantes. Esa visión ni siquiera es efectiva en esos términos y es violatoria de los derechos humanos de la población migrante”, sostuvo Rojas.
La también consultora y profesora de DDHH alerta sobre un “avance” de los discursos “antiderechos”, pese a que ha costado mucho tiempo y esfuerzo lograr garantías de derechos de la población migrante y que los gobiernos y las instituciones los respeten, independientemente del origen de las personas.
“Las medidas regresivas son muy rápidas, perder derechos es muy rápido y reconocer esos derechos y que se garanticen es un proceso muy lento. Estas regresiones van a costar muy caro para la vida de las personas y costará muchísimo trabajo volver a recomponer toda esa estructura”, advirtió.
Según el censo 2024 de Chile, hay 728 mil 586 migrantes venezolanos en ese país, lo que los convierte en la comunidad extranjera más numerosa con 38% del total de migrantes provenientes de varios países (1.918.583 personas). Del total, señala el informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Nacional de Migraciones, 336 mil 984 extranjeros no están regularizados, de los cuales se estima que entre 200 mil y 250 mil son venezolanos.
«Quedan 133 días para que asuma un nuevo Gobierno, 133 días es lo que tienen los migrantes irregulares para partir y dejar nuestra patria. Si no lo hacen voluntariamente, los vamos a buscar y va a haber sanciones», dijo Kast en una rueda de prensa el 29 de octubre.
El abogado y exdiputado puso como ejemplo EE.UU., donde la detención de 500 mil personas, según destacó, hizo que 1,5 millones dejara voluntariamente el país, es decir, por sus propios medios. Estos argumentos le han valido comparaciones con Trump.
Lee la nota completa en Efecto Cocuyo
