El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió al Gobierno cubano que las políticas de presión impulsadas por la Casa Blanca no cesarán y que La Habana no podrá ganar tiempo especulando con el fin de la actual administración en 2029.
En declaraciones ofrecidas a Axios, el jefe de la diplomacia estadounidense señaló que Washington neutralizará cualquier estrategia destinada a burlar el cerco económico, incluidas las recientes medidas orientadas a dinamizar el sector privado en la isla.
Según Rubio, el Ejecutivo cubano ya no posee el margen de maniobra de antaño, por lo cual instó a los líderes insulares a comprender que la presión no desaparecerá en los años restantes del mandato de Donald Trump.
Modificación en la geopolítica regional y crisis interna
La situación en el país caribeño se ha deteriorado notablemente tras la detención del exmandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses a comienzos de año.
Este suceso, sumado al posterior embargo petrolero decretado por Washington, dejó a La Habana sin su principal aliado y suministrador de crudo, un golpe crítico para una economía que arrastra graves deficiencias estructurales.
La escasez generalizada, los prolongados apagones masivos registrados recientemente, la falta de suministro de agua y el encarecimiento de los productos básicos han incrementado la presión social sobre la administración de Miguel Díaz-Canel.
Al respecto, Rubio subrayó que, por primera vez, Cuba enfrenta un escenario inédito al carecer de un protector externo que la respalde y al mantenerse como una prioridad absoluta dentro de la agenda de seguridad de Estados Unidos.
Persistencia en la estrategia y nuevas sanciones para Cuba
El funcionario estadounidense enfatizó que la paciencia y la perseverancia constituyen los ejes rectores de la política exterior actual hacia la isla, y pronosticó que el país se encaminará de manera irreversible hacia una transformación política y económica para cuando concluya el presente periodo presidencial.
Esta postura firme se ve respaldada por recientes medidas punitivas anunciadas por el Departamento de Estado contra altos mandos de las Fuerzas Armadas cubanas y diversas entidades estatales.
Estas sanciones se suman a las restricciones aplicadas contra el propio Díaz-Canel, el conglomerado empresarial militar Gaesa y los intentos por disuadir la inversión extranjera en sectores estratégicos como el turismo y la minería, todo ello en paralelo a canales de comunicación abiertos con emisarios del régimen, incluidos familiares de Raúl Castro.
