Estos 65 mil millones de barriles son nuestros y durarán 500 años, dijo hace poco el presidente de EEUU, Donald Trump, refiriéndose al negocio petrolero “más grande que se ha hecho en el mundo”. Sacando unas cuentas, la predicción de Trump sería posible si se produjera un promedio de 356 mil barriles diarios durante el próximo medio milenio. Posible es, usando los números. Factible ya es otra cosa. Quién sabe cuánto petróleo esté produciendo el campo Ceuta en el año 2526, 500 años en el futuro. Quién sabe cuál será el combustible que se use, el medio de transporte preferido y la forma común de calentarse en invierno y refrescarse en verano. No tenemos la menor idea del tipo de humanidad que existirá para esa fecha, pero el negocio así se está vendiendo. Cientos de años de producción y miles de millones de barriles a la disposición, aunque el precio de la gasolina en el Norte, al día de hoy, está por encima de 4 dólares el galón, y no hay muchos indicios de que vaya a bajar en el corto plazo (corto plazo como las elecciones legislativas de noviembre), porque los 65 mil millones son para más adelante; para mucho más adelante.
Es inevitable comentar el acuerdo petrolero entre el interinato venezolano y el gobierno norteamericano, representado en el negocio por la secretaría de Guerra. Y es inevitable no solo por las magnitudes y el ruido que se ha hecho desde todos los estrados, sino por lo raro -raro quizás sea una forma de describirlo- cuando se le compara con los diversos esquemas de negocios que son usuales en el mundo civilizado, y con la manera en que se entregaban bloques a terceros para explorar y producir hidrocarburos cuando Venezuela era una República.
En primer lugar, está lo que dice el socio extranjero sobre las reservas. Son 17 campos -o bloques o áreas, no queda claro- en el Zulia y en la faja petrolífera del Orinoco con 65 mil millones de barriles en reservas probadas, casi un 50% más que los 46 mil millones que están certificadas en EEUU. Y esas reservas son nuestras, dice el Sr. Trump, están a nuestra disposición por 100 años (lo de los 500 años es más reciente) y compraremos el 20% de la producción al costo. Y el pentágono tendrá el 35% de la empresa venezolana que será la operadora del contrato. Obviamente que el lenguaje sugiere que las reservas han sido cedidas al Imperio, en contra de la Constitución que gobierna al dueño de los recursos, y que los musiúes llegarán para quedarse hasta que la última gota se acabe. Además, tendrán el derecho a un descuento brutal sobre un quinto de la producción y serán socios preferidos, para todos los efectos.
La escogencia del contratista mayor para operar los 17 campos merece comentario aparte. Nadie sabe cómo, dónde, porqué y cuándo se decidió que la empresa NABEP, con experiencia limitada en el negocio y con al menos un accionista principal de cuestionada reputación, fue escogida como la contraparte nacional de este acuerdo. Que uno sepa, no hubo licitación ni concurso de credenciales ni nada que se le parezca a una selección competitiva. Se decidió en un cuarto cerrado, en secreto y se dejó fuera a una multitud de organizaciones que podrían haber calificado para operadora principal sin ponerle lastre al negocio.
La transparencia no es la especialidad del gobierno interino ni de su socio preferido, y aquí cabría preguntarse sobre el mecanismo que se han usado, y se siguen usando, para asignar áreas -o bloques o campos- de petróleo y gas a los operadores que van siendo favorecidos con CPP (contratos de participación productiva) u otras modalidades de participación. Hasta la fecha no se ha abierto un solo concurso público ni subasta ni licitación para competir por áreas de operación o reactivación de infraestructura o lo que quiera que se está ofreciendo a la participación de terceros en la industria petrolera venezolana. Todo lo que se ha entregado se ha hecho a discreción -no se sabe a discreción de quién, pero se asume que del tutelaje y el interinato- escondido de la apertura informativa mediante mecanismos que no son públicos. No se sabe qué requisitos hay que cumplir ni con quién hay que hablar ni cómo es el proceso de asignación. Solo se sabe que de repente el área X se le entregó a la empresa Y. Y hasta ahí.
Aún dándole la razón a los que argumentan que la economía viene antes que la democracia, se podría ensayar un poco de democracia cuando se maneja la reactivación económica ¿Cómo? Institucionalizando esta nueva apertura petrolera con reglas, transparencia, competencia y, valga la redundancia, apertura. Van 27 años de opacidad y ya es hora de ensayar algún tipo de juego con reglas claras y equidad. Ya es hora de que en Venezuela se abra la puerta a la información pública y a los negocios limpios, desde el arranque. Como se hacía en la ya difunta PDVSA azul, cuando las licitaciones de campos, áreas y bloques se anunciaban con meses de antelación y las ofertas y los resultados se transmitían en directo por televisión abierta.
