La detención de siete indígenas colombianos en la frontera con Venezuela ha desatado una ola de incertidumbre y denuncias por presunta desaparición forzada. Los hechos ocurrieron el 30 de enero, cuando Francened Cortés Tabares y seis más fueron interceptados mientras se desplazaban por el río Cunucunuma, en el Alto Orinoco venezolano. Desde entonces, sus familiares han exigido información a las autoridades venezolanas sin obtener respuestas claras.
La captura la anunció el comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández, a través de su cuenta de X. Y vinculó a los detenidos con actividades de minería ilegal y terrorismo, en el marco de la llamada operación Neblina 2025. Esto sin dar mayores detalles del centro de reclusión.
Sin embargo, las familias y comunidades indígenas rechazaron estas acusaciones y denunciaron que no existe una notificación judicial formal ni pruebas de los cargos.
Camila Cardona, hija de Francened Cortés, aseguró que lo último que supo de su madre fue una llamada la noche anterior a la detención. Posteriormente, recibió una fotografía donde se ve a su madre esposada y custodiada por militares.
"Estamos desesperados. Les pedimos que, por favor, nos den información, que los traten con dignidad y respeten sus derechos. Ellos no son terroristas. Mi mamá es una persona que ha ayudado a muchos en el pueblo y no merece pasar por esto", manifestó.
Familiares exigen conocer el paradero de los indígenas colombianos detenidos en Venezuela
El paradero de los detenidos es desconocido. Algunas versiones indican que los trasladaron a Puerto Ayacucho y, posteriormente, a Puerto Ordaz o El Helicoide en Caracas.
De hecho, un intento de obtener información a través de un supuesto funcionario militar resultó en una estafa. Esto luego de que la familia pagara una suma de dinero sin recibir prueba de vida.
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Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre una posible violación de la soberanía colombiana, al afirmar que la captura ocurrió en el departamento de Guainía.
"Los militares venezolanos no pueden seguir llegando a nuestro país [Colombia] a hacer lo que quieren sin que nadie los pare", expresó Lisandro Gómez, familiar de uno de los desaparecidos.
Por su parte, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigiendo la localización de los detenidos y el respeto a sus derechos fundamentales. Entretanto, la incertidumbre persiste entre los familiares, quienes exigen respuestas y el retorno de sus seres queridos a sus hogares.
