El presidente del poder judicial de Irán advirtió este domingo que quienes están detrás de la reciente ola de protestas antigubernamentales podrían recibir un castigo "sin la menor clemencia".
"La justicia implica juzgar y castigar sin la menor clemencia a los criminales que tomaron las armas y asesinaron personas, o cometieron incendios, destrucción y masacres", declaró Gholamhosein Mohseni Ejei, citado por el portal oficial de noticias en línea Mizan del Poder Judicial.
"El pueblo exige con razón que los acusados y los principales instigadores de los disturbios, los actos de terrorismo y la violencia sean juzgados lo antes posible y castigados si son declarados culpables", añadió.
Las manifestaciones en Irán comenzaron a principios de enero como manifestaciones contra el costo de la vida y se convirtieron en un movimiento de protesta más amplio que representó el mayor desafío en años al poder clerical que gobierna la república islámica.
El gobierno respondió con una represión realizada con el telón de fondo del bloqueo de las conexiones de Internet que dejó a Irán prácticamente aislado del mundo exterior.
Protestas en Irán
El gobierno de Irán cifró los muertos en las protestas en 3.117, incluyendo a 2.427 personas calificadas de "mártires", término utilizado para distinguir a los miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes inocentes de aquellos descritos por las autoridades como "alborotadores" incitados por Estados Unidos e Israel.
Sin embargo, grupos de derechos humanos afirman que los manifestantes representan la gran mayoría de las muertes, documentando varios miles de muertos.
La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, afirma que la cifra final podría superar los 25.000 muertos.
La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, ha informado de que más de 26.000 personas han sido detenidas en relación con las manifestaciones.
Irán es el segundo país del mundo que más aplica la pena de muerte, después de China, y el creciente número de detenciones y las promesas de las autoridades de aplicar castigos severos generan temores de que pueda utilizar las ejecuciones para reprimir la disidencia.
