Al menos 10 personas siguen detenidas tras vincularlas a la denominada Operación Roraima, al sur de Bolívar. Sus familiares exigen justicia, libertad y respeto al debido proceso.
Daniel Romero, preso político excarcelado, cuestionó el tratamiento judicial que han recibido sus casos y afirmó que se trata de presos políticos y no comunes.
“Cada uno de esas personas que fueron detenidas por organismos de investigación bajo la tutela del régimen por órdenes políticas, son presos políticos. No son presos comunes”, expresó.
Romero destacó que entre los 10 apresados están dos mujeres, actualmente recluidas en Vizcaíno.
“Le hago un llamado a los jueces y fiscales. Pronto tendremos un nuevo CNE y un nuevo TSJ en este país. Pónganse a derecho, jueces y fiscales que han cometido y han recibido órdenes políticas”, señaló.
Asimismo criticó la reciente visita del fiscal general de la República, Larry Devoe, al estado Bolívar y pidió la derogación de la Ley contra el Odio, utilizada para perseguir a ciudadanos.
“La Ley del Odio es la que ha hecho la violación de derechos humanos en el país. La Ley del Odio es la que ha colocado a cada uno de estos venezolanos tras las rejas y a sus familias sufriendo”, afirmó.
Casos de Kimberly y Omarly
Mariana Pérez, hermana de Kimberly Espaillata, denunció las irregularidades desde el momento de la detención de su familiar, quien ha tenido unos 140 diferimientos de audiencia.
De acuerdo con su testimonio, la aprehensión de Kimberly se dio bajo la excusa de que sólo debía rendir declaración por una presunta resistencia a la autoridad. Sin embargo, posteriormente le imputaron otros delitos que, sostuvo, no han podido demostrarse
“Hasta el sol de hoy, cuatro años de esta detención, no ha habido en ninguna de las más de 140 audiencias, declaración de ninguno de no se ha apersonado ninguna de las personas que estuvieron en la detención”, señaló.
Carla Mendoza Gil, hermana de Omarly Arcia Gil, sostuvo que no existen elementos suficientes para justificar su privativa de libertad.
“Ya son más de 55 audiencias caídas en un lapso de casi cinco años, que es demasiado. El desgaste emocional, el desgaste físico, el desgaste económico ha sido inconmensurable”, lamentó.
“No les estamos pidiendo que nos regalen la libertad de estas personas, les estamos pidiendo que cumplan con su trabajo, estamos pidiendo que se respete el debido proceso y que ellas puedan demostrar su libertad”, agregó Mendoza.
Por su parte, Doris Acosta, madre de José Miguel Romero, denunció que su hijo permanece apresado en Barcelona, condición que dificulta las visitas de sus familiares desde Bolívar.
Acosta pidió al Estado intervenir para resolver los casos y permitir que los afectados regresen con sus familias. “No estamos pidiendo que se nos regale nada. Estamos exigiendo que se cumpla la ley. Y bueno, queremos a nuestros familiares de vuelta”.
