Familiares de detenidos por la Dgcim en San Luis, El Callao, se concentraron frente al Palacio de Justicia en Puerto Ordaz para exigir respuestas y reclamar justicia en los casos Minerven y Revemin, donde denuncian procedimientos irregulares y falsas acusaciones que siguen sin demostrarse en el proceso judicial.
La protesta coincidió con la presencia en la ciudad del fiscal general de la república, Larry Devoe, para la Consulta Nacional sobre la reforma de la justicia penal.
Anabel Hernández, esposa de uno de los apresados de la causa 2025-4666, señaló que cuatro personas permanecen privadas de libertad bajo esta causa, donde acusan a un funcionario y tres trabajadores de Minerven de un presunto hurto de explosivos de la estatal minera.
Hernández relató que durante una audiencia que tuvo lugar la semana pasada, el fiscal Manuel Martínez, de la Fiscalía Cuarta de Corrupción, presentó a un funcionario experto en explosivos. Dijo que durante el interrogatorio se evidenció que los elementos presentados por la Fiscalía no sustentaban las acusaciones contra los afectados.
“Él mismo dijo que era imposible que un ciudadano tuviera esa cantidad de explosivos encima. Todas las preguntas fueron contestadas a favor de nuestros familiares”, sostuvo.
A uno de los detenidos, según denunció un familiar, se le acusó de encontrársele más de 200 explosivos en los bolsillos de su pantalón.
Hernández también denunció que han citado a cuatro funcionarios de la Dgcim para declarar, pero ninguno se ha presentado ante el tribunal.
“Ya tenemos tres meses y medio esperando la presentación de estos funcionarios. Señor fiscal Manuel Martínez, señor juez de nuestra causa, ustedes saben que nuestros familiares son inocentes y que fueron sembrados”, afirmó.
Por su parte, Jessica Páez, hermana del detenido Marcos Joel Páez, aseguró que los parientes mantienen una lucha constante para obtener respuestas sobre el proceso judicial.
“Estos padres de familia necesitan estar con sus hijos, su familia (…) ¿Hasta cuándo vamos a estar en esto?”, cuestionó Páez.
Presunta fabricación de expedientes
En la protesta también participó Denys Rivera, quien denunció una presunta persecución judicial en su contra y responsabilizó a funcionarios del Ministerio Público y tribunales de Puerto Ordaz por la presunta fabricación de tres expedientes.
Su proceso se vincula a una acusación por violencia de género que, asegura, no ocurrió.
“El tribunal me ha sembrado tres expedientes bajo un falso positivo que ha sido una complicidad del fiscal cuarto de corrupción, fiscal 10, fiscal 13 y fiscal 16, y la Fiscalía Superior del estado Bolívar”, sostuvo.
Rivera también aseveró que, en uno de los procesos, obtuvo una sentencia absolutoria y posteriormente se abrió otro expediente en su contra. De acuerdo con su testimonio, luego de obtener una segunda decisión favorable se abrió un tercer proceso.
