En teoría, el artículo 7 de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática abre la puerta para que políticos opositores exiliados puedan, a través de un representante legal en Venezuela, solicitar el “perdón” que otorga la normativa y, de ser aprobado, volver al país para retomar la política en el terreno.
Según el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ya se dio instrucciones a la comisión de seguimiento a la aplicación de la ley, encabezada por el diputado (Psuv), Jorge Arreaza, para que evalúe dichos casos. En estos incluyó a ciudadanos solicitantes de asilo en Estados Unidos, tras declararse perseguidos políticos. En declaraciones de este 5 de marzo, Rodríguez aseguró que ya se han presentado “varias” solicitudes.
Pero para algunos políticos que se mantienen fuera de Venezuela, producto de la represión, no es tan sencillo como lo dice la ley ni Jorge Rodríguez, en cuyas palabras no confían.
Consultados por Efecto Cocuyo, exintegrantes del gobierno interino de Juan Guaidó y exdiputados en el exilio son enfáticos al señalar que aún no están dadas las condiciones para que los perseguidos políticos “que no han cometido delito alguno” regresen a su tierra natal. Entienden la normativa como una “trampa” porque el aparato represivo no ha sido desmontado. La única garantía de un retorno seguro de millones de venezolanos, políticos o no, subrayan, es el pleno rescate de la democracia en el país.
“La persecución no ha cesado”
El exembajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Colombia, Eduardo Battistini, descarta acogerse a la amnistía, porque, recalcó, no ha incurrido en delito: formó parte de un gobierno encargado entre 2019 y 2022, reconocido por la Casa Blanca y más de 50 países, basado en la Carta Magna.
“Es una situación incierta porque los mismos que han perseguido durante años son los que se mantienen en el gobierno. El fiscal (Tarek William Saab) pasó a ser defensor y el nuevo fiscal encargado, Larry Devoe, defendió a Nicolás Maduro en La Haya frente a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad. La persecución no ha cesado y no hay garantías de que se imparta justicia, partiendo de que los exiliados deben declararse culpables de delitos que no cometieron”, expresó Battistini, presidente de Primero Justicia (PJ) en el exterior.
El segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Amnistía establece que “cuando la persona no se encuentre a derecho y permanezca fuera del territorio nacional” podrá hacerse representar ante el tribunal competente, mediante poder otorgado a un abogado o abogada de su confianza. Se asegura que mientras curse la solicitud del perdón, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos (13 eventos) en el artículo 8 y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente.
Battistini sostiene que se trata de una trampa “cazabobos” porque en el mismo instrumento legal está presente la amenaza de nuevas encarcelaciones contra opositores por lo que el chavismo, aún en el poder, considere que son nuevos delitos.
En el artículo 16 se advierte que las personas beneficiadas por esta Ley que resulten incursas en delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia serán procesadas, de conformidad con la legislación aplicable. En el artículo 7 se agrega que la amnistía solo abarcará a las personas que hayan cesado en la ejecución de los delitos o faltas, objeto de amnistía, o que lo hagan luego de la entrada en vigencia de la ley.
“No hay garantías ni para los que están fuera del país ni para quienes se encuentran en Venezuela. Juan Pablo Guanipa, por ejemplo, fue excarcelado, vuelto a detener y luego se anunció que recibió libertad plena, pero su abogado asegura que el juicio en su contra continúa. Los amnistiados no tienen garantía de no repetición de las violaciones de derechos humanos en su contra”, sostuvo el exmiembro del interinato.
Unos evalúan amnistía y otros descartan
En sus declaraciones desde el Palacio Legislativo, Jorge Rodríguez aseguró que quienes “han ejercido la política en el pasado” y participado “en eventos violentos y usurpación de funciones”, en alusión al interinato de Guaidó, están solicitando que la comisión de seguimiento aborde su caso.
“Se ha dado la orientación de que se atiendan los casos de políticos en el extranjero que deseen reinsertarse en el panorama político venezolano”, agregó.
ONG de DDHH venezolanas han denunciado que ni el gobierno sabe cuántos privados de libertad hay por motivos políticos, porque su encarcelamiento obedece a distintas órdenes. En el caso de los exiliados, producto de la persecución, algunos han asegurado no poseer expedientes en Fiscalía, pero sí saben de procedimientos en su contra por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) o la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), por lo que se preguntan cómo ponerse a derecho sin causas judiciales abiertas de manera formal.
Recientemente, el exdiputado de la AN, Carlos Lozano, y el exdiputado regional Manuel García (hijo del exparlamentario Ismael García), anunciaron su regreso al país para acogerse a la amnistía. García se grabó en video para informar que volaba desde Colombia hasta Venezuela a finales de febrero, luego de que iniciara el proceso para obtener el perdón por un expediente abierto y orden de captura por delitos de odio, radicado en Aragua. Dijo confiar en las autoridades de EEUU para no ser apresado.
“Lo que suceda conmigo es responsabilidad de quienes aún gobiernan en Venezuela, con Dios siempre por delante y la verdad, por la democracia y un país distinto, donde todos podamos reconocernos y trabajar en paz, por la verdadera reparación de quienes hemos sido víctimas de injusticia. Seguiremos trabajando por la democracia”, expresó García.
Se sabe de otros exiliados, sin proporcionar nombres, que han nombrado abogados pero que aún evalúan la factibilidad, el mecanismo, el proceso y las garantías con las cuales contarán para regresar.
Al igual que Battistini, la exdiputada de Voluntad Popular (VP), Gabriela Arellano, también descarta solicitar amnistía. Lo que no desestima es poder regresar pronto al país a partir de un proceso electoral con garantías democráticas.
“No es una Ley de Amnistía que cumpla con los estándares internacionales para ser considerada como tal y todo lo que emane de la actual AN carece de legitimidad. No puede amnistiar quien persiguió y encarceló que siguen siendo Delcy y Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. Nunca me voy a apegar a algo que no tiene legitimidad”, dejó claro Arrellano desde Colombia.
“No me voy a entregar”
El exdiputado Ismael García también sigue con cautela la aplicación del instrumento legal y las excarcelaciones y liberaciones plenas que se han dado, las cuales, advirtió, no son producto de una rectificación del chavismo ni de la Ley de Amnistía, sino del tutelaje de EEUU.
Este 6 de marzo, la comisión de seguimiento que preside Arreaza aseguró que, de 12.233 personas que han solicitado amnistía, se han otorgado 7.654 libertades plenas. Sin embargo, las cifras que manejan ONG como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón, son mucho menores y no llegan ni siquiera a mil excarcelados o liberados plenamente.
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