España puso nuevamente en la agenda internacional la situación de sus ciudadanos presos en Venezuela. Según la información presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al menos 20 personas con nacionalidad española o doble nacionalidad permanecen encarceladas en el país suramericano por razones políticas.
El representante de España ante la ONU enfatizó que la liberación debe ser inmediata e incondicional. "España exige la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos de Venezuela, incluyendo dobles nacionales y ciudadanos extranjeros. España cuenta con cuatro nacionales detenidos y 16 dobles nacionales detenidos arbitrariamente en Venezuela", afirmó.
El gobierno español denunció también que estas personas enfrentan restricciones graves, como la falta de visitas consulares y la negación del derecho a un proceso justo, condiciones que vulneran derechos fundamentales reconocidos internacionalmente.
España alertó sobre el aumento de la represión política
En su intervención, España subrayó que tras las elecciones presidenciales de 2024 se produjo un notable incremento en las detenciones arbitrarias. Muchos opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil han sido víctimas de represalias.
"Exigimos el fin de las desapariciones forzadas, de todas aquellas prácticas de torturas o tratos inhumanos, degradantes, incluyendo los actos de violencia sexual y de género que ustedes han descrito", declaró el representante español, sumándose a las recomendaciones de la Misión de la ONU.
El pronunciamiento de España refleja su firme compromiso de proteger a sus ciudadanos en el extranjero y de presionar para que se respeten los derechos humanos en Venezuela.
Informe de la ONU documenta violaciones graves
El sexto informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, correspondiente a septiembre de 2024-agosto de 2025, revela que el gobierno de Nicolás Maduro intensificó la represión tras los comicios del 28 de julio de 2024.
Según el documento, entre el 28 y el 30 de julio murieron 25 personas durante las manifestaciones contra los resultados electorales, de las cuales al menos 12 fueron responsabilidad de cuerpos de seguridad del Estado. Las investigaciones oficiales, según la Misión, aún no han esclarecido estos hechos, dejando a las víctimas sin justicia.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, alertó sobre la muerte de cinco personas bajo custodia estatal durante la crisis electoral, subrayando la falta de transparencia y rendición de cuentas en los procesos judiciales.
España reforzó llamado a la comunidad internacional
Frente a este panorama, España insistió en que la comunidad internacional debe mantenerse atenta a la situación de los presos políticos en Venezuela y garantizar su liberación. La postura española busca visibilizar estas detenciones arbitrarias y asegurar que los responsables enfrenten consecuencias legales.
El mensaje de España no solo se dirige a proteger a sus ciudadanos, sino también a reforzar el respeto de los derechos humanos en toda Venezuela, mostrando que la presión diplomática puede ser un instrumento clave frente a situaciones de represión política.
Con información de El Nacional
