Durante los primeros ocho meses de 2026, la ONG Espacio Público registró 170 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, siendo la intimidación la mayor práctica de este tipo con 47,65 % y la censura acumuló un 25,29 %.
De las 122 víctimas, 70 son periodistas o reporteros (57,38%), y entre los 104 victimarios los cuerpos de seguridad concentran casi la mitad (50,48,08 %), seguidos por instituciones del Estado (20,19,23 %).
En agosto, Espacio Público registró tres casos y seis violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela. La intimidación (4 hechos) concentró el 66,67 % del total, seguida por el hostigamiento verbal y la censura, con un hecho cada uno (16,67 %). Las 5 víctimas identificadas fueron todas periodistas o reporteros (100 %). Entre los 3 victimarios, los desconocidos representaron dos tercios y los cuerpos de seguridad el tercio restante.
Es el registro más bajo del año; sin embargo, la cifra no describe un mes de menos restricciones, sino un mes en el que buena parte de lo que limitó el derecho a informar no se expresó en hechos individuales denunciables, sino en decisiones institucionales, opacidad y acuerdos adoptados sin información pública.
Una mesa de negociación sin garantías para informar
La ONG documentó que el 6 de agosto se instaló en el Centro de Convenciones de la base aérea de La Carlota la mesa de conversaciones entre el gobierno y la Asamblea Nacional de 2015. Ese mismo día, cuando se retiraba del lugar, la periodista de Efecto Cocuyo Deisy Martínez fue abordada por unos cinco funcionarios sin insignias visibles que le exigieron su teléfono, borraron todas las fotografías que había tomado y le advirtieron que el protocolo indicaba trasladarla a la DGCIM. “Con un tono agresivo me dice que le entregue el teléfono”, relató. La cobertura del primer acto de la negociación empezó con una periodista obligada a entregar su material.
Días después, el 13 de agosto, El Nacional denunció que Instagram había suspendido su cuenta desde el 26 de julio por denuncias fraudulentas de infracción de derechos de autor, dejando sin ese canal a más de cuatro millones de usuarios.
Para Espacio Público, este episodio no es un hecho aislado. "El caso repite el patrón que ya afectó a Armando.Info y El Pitazo: un mecanismo legítimo de protección de derechos convertido en herramienta de censura. Ocurre además sobre un escenario en el que más de 60 medios digitales siguen bloqueados por Conatel por vía administrativa, sin decisión judicial ni posibilidad de apelación", agregó la ONG.
La organización también reiteró que el gobierno de Rodríguez mantiene una postura de opacidad al no publicar información sobre el impacto de los terremotos ocurridos en junio ni sobre los planes para restablecer el sistema eléctrico, un punto que ha sido mencionado como parte de los mecanismos de reparación hacia la democracia.
A esto se suma un hallazgo divulgado por Espacio Público el 17 de agosto: el 70% del personal sanitario admite temor a reportar la situación por amedrentamiento. Un 60% de los hospitales deniega el acceso a medios independientes bajo “órdenes superiores” ejecutadas por cuerpos de seguridad y milicias, mientras que el 90% mantiene bajo reserva las compras de emergencia y asignaciones presupuestarias.
Detenciones y represalias que no cesan
El 12 de agosto, Renny González, habitante de Maracaibo, cumplió dos años en detención arbitraria. Lo investigaban por formar parte de un grupo de WhatsApp y terminó acusado de financiamiento al terrorismo y venta de armas. Ha pasado por la sede del Sebin en Maracaibo, por Tocorón y desde marzo está en Yare II. Tiene un solo riñón y enfrenta restricciones para acceder a atención médica.
Espacio Público recordó que también cumplió un año la detención de Manuel Sánchez, líder comunitario de Caracas preso desde el 27 de agosto de 2025 por publicar en TikTok un video que cuestionaba un desalojo. Lo acusaron de instigación al odio, le confiscaron el teléfono sin orden judicial y en noviembre fue condenado a diez años de prisión. Su pareja, Rosalba Pereira, sostiene sola la batalla legal y las visitas a El Rodeo IV. En su testimonio lo explica así: “le tendieron una trampa porque él guiaba a las personas sobre cómo defenderse”. La CIDH otorgó medidas cautelares en junio de 2026 para proteger su vida e integridad.
Las represalias no se limitan a la cárcel. El 14 de agosto, el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa cesó de sus funciones a Nayibet Morales, directora de la Unidad Educativa Simón Rodríguez de Ciudad Guayana, dos días después de que participara en una manifestación de trabajadores y pensionados. Sobre su destitución contó: “hubo una evaluación muy puntual y era sobre mi postura como funcionario público”. Y añadió: “no veo por qué si salgo a protestar, manifestar, salir a dar mi opinión, me den cese de mis funciones”.
Frente a ese cuadro, el testimonio de Jonathan Carrillo muestra el otro lado del proceso. Estudiante de Comunicación Social detenido el 20 de julio de 2022 y excarcelado el 26 de febrero de 2026 tras tres años, siete meses y seis días de prisión, hoy sigue bajo régimen de presentación y prohibición de salida del país. Retomó la universidad, consiguió trabajo y ayudó a lograr la liberación de otro joven. “Decidí levantarme nuevamente”, resume su historia. Salir de la cárcel no equivale al sobreseimiento de la causa.
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