La promesa de deportaciones masivas del presidente Donald Trump sigue enfrentando obstáculos judiciales. Este viernes . Dos jueces paralizaran los intentos de su Gobierno para continuar deteniendo inmigrantes y expulsándolos rápidamente de Estados Unidos.
El juez James Boasberg, del tribunal de primera instancia de Washington, ordenó ampliar hasta el 12 de abril un bloqueo temporal que dictó el 15 de marzo. Este impide al Gobierno utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a inmigrantes que supuestamente son miembros de la pandilla criminal transnacional Tren de Aragua.
El magistrado federal, con el que Trump mantiene una controversia por esa decisión, amplió ese bloqueo que iba a expirar este sábado. Fijó para el 8 de abril una audiencia para tratar el posible endurecimiento de la medida.
La Administración Trump hizo una solicitud de emergencia al Tribunal Supremo para que le permita aplicar esa ley, de 1789. Aspira seguir deportando venezolanos sin el debido proceso, tal y como hizo a mediados de mes cuando envió a cerca de 200 ciudadanos del país caribeño a una prisión en El Salvador.
El argumento ante el máximo foro judicial del país es que se trata de una cuestión de seguridad nacional demasiado urgente como para ser resuelta en tribunales de menor instancia.
Freno a deportaciones sin derecho a la justicia
Aparte de eso, el Gobierno de Trump sufrió otro revés en un tribunal de Boston, donde otro juez federal emitió otra orden nacional que le impide deportar inmigrantes a países con los que EE.UU. no mantiene una relación sin darles la posibilidad de que acudan a un tribunal para impugnar la decisión.
La orden del juez Brian Murphy es resultado de una demanda de un grupo de inmigrantes contra una política adoptada recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con miras a acelerar las deportaciones de aquellos que habían sido previamente liberados de los centros de detención.
Esa orden permanecerá vigente hasta que el juez resuelva la petición de los demandantes para una medida cautelar de mayor duración, y escuchará sus argumentos en una audiencia el 10 de abril. EFE
Noem ignora las órdenes
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que El Salvador acordó con el país norteamericano aceptar a más presuntos miembros del Tren de Aragua, a pesar de la prohibición judicial de deportaciones a ese país, reseñó El Pitazo
La funcionaria ofreció las declaraciones durante su visita al país centroamericano, donde se reunió con el presidente Nayib Bukele. Noem recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). En la cárcel de máxima seguridad están retenidos más de 200 venezolanos, deportados por las autoridades estadounidenses en medio de procesos judiciales cuestionados.
«Él (Bukele) acordó continuar la asociación para asegurarse de que los miembros del Tren de Aragua puedan estar aquí en El Salvador y trabajar juntos para asegurarse de que Cecot sea una instalación que podamos seguir utilizando en el futuro», declaró Noem.
EE. UU. y El Salvador acordaron compartir expedientes
La secretaria de Seguridad Nacional no respondió directamente a las preguntas de los reporteros sobre si los migrantes deportados permanecerían indefinidamente en el Cecot o si eventualmente regresarían a Venezuela. «Vamos a dejar que los tribunales sigan su curso», se limitó a decir, sin aclarar si existe algún mecanismo para traer de vuelta a los deportados en caso de que un juez así lo decida.
Las declaraciones de Noem se producen el mismo día en que la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia denegó la apelación del gobierno de Donald Trump a la decisión de suspender las deportaciones al Cecot, tras la prohibición del juez James Boasberg de realizar deportaciones sin garantías jurídicas y bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
