Una seguidilla de santamarías cerradas es la señal de que el Seniat viene en camino. Así responden a los operativos de fiscalización en el Centro Comercial Gran Bazar de San Diego, estado Carabobo, ocurre con frecuencia, y cuando no es el Seniat es la Alcaldía de San Diego.
Los pequeños comerciantes son generalmente negocios familiares con pocos empleados o ninguno. Estos son los más afectados por la recesión y las cargas fiscales.
Alejandra Tosta, quien pide que la llamen así para proteger su identidad, ve con desconfianza los nuevos cambios hechos por el Seniat. Se refiere a la reforma que regula el Registro Único de Información Fiscal (RIF), la cual se oficializó con la Gaceta Oficial Nº 43.435 publicada el 12 de agosto de 2026.
La Providencia Administrativa SNAT/2026/00080 moderniza los procedimientos de inscripción, modificación de datos y obligaciones formales para los sujetos pasivos en el país.
El texto legal establece que todos los trámites de inscripción y actualización deben realizarse de manera exclusiva a través de los canales electrónicos del organismo tributario. Asimismo, la normativa detalla las obligaciones de incorporación obligatoria para personas naturales, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, excluyendo a los extranjeros con visa de turista que no posean bienes ni realicen actividades económicas, así como a los menores de edad sin patrimonio propio.
Modificaciones
Entre las modificaciones más destacadas figura la consolidación del comprobante digital del RIF como un documento de carácter permanente e intransferible, cuya validez se verifica en línea y elimina la necesidad de renovaciones periódicas, condicionándolo únicamente a la actualización obligatoria ante cambios sustanciales como modificaciones de razón social, directiva o domicilio fiscal.
Adicionalmente, la normativa amplía el uso obligatorio del número de RIF en facturas, contratos, libros contables, empaques y cualquier pieza publicitaria tanto en medios tradicionales como digitales. La providencia deroga la anterior regulación, vigente desde 2013, y entró en vigor de manera inmediata tras su publicación oficial. Además hay que destacar la eliminación de la cartelera fiscal.
Tosta explica que aún queda un tiempo prudencial para ver si realmente el Seniat respetará o no buscarán otros mecanismos para obtener dinero. La comerciante afirma sentirse desangrada mes a mes y en especial en fechas como diciembre. "Es una temporada de acoso". En las demás fechas ocurren situaciones similares pero insiste en que las excusas sobran para obtener dinero mediante multas.
Sin embargo, la implementación de nuevas normativas de control fiscal ha despertado diversas dudas en la comunidad de negocios de la región. De este modo, el Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo analizó el impacto real de estas medidas y el estado actual de la materia tributaria en Venezuela.
Digitalización
La presidenta del organismo gremial, Rosmary Di Pietro, detalló que el país avanza de manera firme hacia un sistema de registro mucho más digital. Por lo tanto, la nueva providencia administrativa del Registro Único de Información Fiscal (RIF), publicada el pasado 12 de agosto, deroga y sustituye de forma definitiva la regulación que estaba vigente desde junio de 2013.
Bajo este nuevo marco legal, los contribuyentes ya no tienen la obligación de exhibir físicamente el comprobante del RIF en sus establecimientos. Asimismo, Pietro aclaró que la actualización del documento solo será obligatoria cuando la empresa registre cambios estructurales en su dirección fiscal o modificaciones en su grupo de accionistas.
Por otra parte, la especialista recordó que la obligación de incluir el RIF en las pautas publicitarias de medios masivos y digitales se mantiene plenamente vigente. Por lo tanto, la nueva providencia ratifica en su artículo 10 que toda publicidad transmitida por internet, redes sociales u otros medios debe mostrar el número de registro, replicando una exigencia técnica que ya existía en la norma anterior.
Alcance real
La reciente circular emitida por el superintendente nacional, Ramón Manilla, generó una matriz de opinión sobre la eliminación total de las carteleras de control en los locales. Sin embargo, la presidenta de la institución gremial advirtió que la medida representa únicamente una suspensión de carácter temporal y de alcance limitado.
De este modo, la exención de exhibir documentos fiscales aplica de forma exclusiva ante la administración aduanera y tributaria nacional. Por ende, los contribuyentes aún deben cumplir con los requerimientos de exhibición exigidos por otras instituciones públicas municipales o sectoriales.
Para lograr una simplificación definitiva, Pietro señaló que el Parlamento Nacional debe reformar de manera formal las leyes de mayor jerarquía. En consecuencia, se requiere modificar el articulado correspondiente en el Código Orgánico Tributario, la Ley de Impuesto sobre la Renta y la Ley del IVA. Adicionalmente, la contadora exhortó a los demás entes públicos a acogerse a los principios de la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos para evitar solicitar requisitos que el propio Estado ya posee en sus bases de datos.
Deterioro de la arquitectura fiscal
A juicio del Colegio de Contadores, las sucesivas reformas legales aprobadas en los años 2014, 2015 y 2020 han transformado el sistema en un esquema altamente coercitivo para el empresariado. Por lo tanto, la acumulación de cargas como el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), el Impuesto a los Grandes Patrimonios y la contribución para las pensiones limita el flujo de caja del sector productivo.
Asimismo, la falta de ajuste de la Unidad Tributaria frente al comportamiento de la inflación nacional distorsiona la progresividad del sistema. De este modo, personas naturales con ingresos bajos terminan pagando las mismas alícuotas que las grandes corporaciones. Adicionalmente, el país mantiene una alícuota general del IVA del 16 %, un porcentaje considerablemente alto en comparación con el promedio registrado en la región.
Pero eso no es todo, la denuncia en la mayoría de los consultados por El Carabobeño es la petición por parte de los fiscales tributarios de la maquina emisora de facturas. Esta cuesta al menos 3 mil dólares, pero la mayoría de esos negocios no genera esas cantidades. “Hay semanas que no vendemos nada”.
Seniat de cacería
Parte de lo que ocurre con el tema fiscal está en la dialéctica de Fedecámaras desde hace muchos años. Ellos insisten en que la carga impositiva para los comerciantes es muy pesada. Sobre esto, Jorge Aroca, representante máximo de la patronal en Carabobo, decía que por cada billete de 100 dólares que ingresa a una empresa en la región, 57% termina en tributos, 30% en nómina y solo 10% representa rentabilidad, dejando un margen mínimo para los empresarios.
Por lo tanto, más de la mitad se va en impuestos y contribuciones. Esto dilapida la posibilidad de invertir y crecer como negocio.
Desde la Cámara de Comercio de Valencia, Ernesto Abbas (presidente) considera positivo que el Registro de Información Fiscal (RIF) ya no tenga una fecha de vencimiento, salvo en las condiciones establecidas por la legislación, así como la eliminación de la obligación de exhibir determinados documentos fiscales en los establecimientos.
Sin embargo, advirtió que las nuevas disposiciones también generan obligaciones para quienes comercializan productos y servicios a través de plataformas digitales. Entre ellas, destacó la exigencia de identificar el RIF de la empresa responsable en las publicaciones publicitarias.
Por la formalidad
El gremio de los comerciantes considera que esta medida puede contribuir a incorporar a la formalidad a quienes desarrollan actividades comerciales a través de las redes sociales y que actualmente no cumplen con las mismas obligaciones tributarias que los comercios establecidos.
"Hay un comercio informal detrás de las redes, un comercio informal que no paga impuestos y que está en una situación ventajosa contra otros comercios que tienen que pagar impuestos"
Para el sector comercio, la discusión no debería limitarse a ampliar la cantidad de contribuyentes. A su juicio, el aumento de la base tributaria debe estar acompañado por una reducción de las alícuotas y de los porcentajes que actualmente pagan las empresas.
"Esta es una gran oportunidad para entrar en la reforma fiscal. Una reforma fiscal que, al aumentar la base de contribuyentes, permita que aquellos que hacen publicidades y ventas de manera digital paguen impuestos y también permita reducir las alícuotas, los porcentajes de pago de impuesto de los formales".
El yugo impositivo
Abbas cuestionó además el peso que tienen actualmente los impuestos y las tasas sobre el precio final de los productos. Según explicó, la carga tributaria y los pagos asociados a servicios públicos pueden representar una proporción significativa del costo que termina pagando el consumidor.
"En el país, el pago de impuestos y tasas por servicios públicos ronda el 60% del costo de venta de un producto y eso es demasiado".
En ese sentido, consideró que una ampliación de la base de contribuyentes solo tendría un efecto positivo si permite distribuir la carga entre más actores y, al mismo tiempo, reducir los porcentajes que pagan quienes ya cumplen con sus obligaciones.
El empresario detalla que la idea que se está buscando es ampliar la base tributaria para, a través de una reforma fiscal, bajar las alícuotas, bajar los porcentajes y que todos paguen menos. Por el contrario, advirtió que incorporar nuevos contribuyentes sin modificar la estructura actual podría terminar aumentando los costos de las actividades comerciales formales.
"Si la idea es cobrar ese impuesto al informal y no, de alguna manera, diluirlo, reducirlo en esa base tributaria ampliada, lo vemos de manera negativa porque va a repercutir contra los costos de los comercios".
Comercio pide diálogo para construir una nueva reforma fiscal
Expertos en el área tributaria detallan que en la actualidad las empresas deben presentar hasta 300 declaraciones de impuestos anuales. Prácticamente un por cada día hábil.
Sin embargo, ni la entrada en vigencia de la nueva normativa ha generado cambios significativos en la población comerciante, buena parte de los locales visitados por El Carabobeño, en municipios como Naguanagua, Valencia y San Diego siguen mostrando su cartelera.
El temor al fantasma de las multas y la sensación de un ente fiscal opresor ha llevado a los comerciantes a mantener sus carteleras como un mecanismo de precaución.
Un Seniat más digital
Por eso desde su local en Valencia, la comerciante Lorena Castañeda consideró comprensible que se busque identificar a las empresas que realizan actividades comerciales en redes sociales, aunque advirtió que cualquier proceso de formalización debe estar acompañado de medidas que permitan a los emprendedores crecer y mantenerse operativos.
Castañeda explicó que la diferencia entre una publicación informativa y una que tiene fines comerciales resulta relevante dentro de las nuevas disposiciones. A su juicio, un contenido de valor no debería recibir el mismo tratamiento que una publicación destinada directamente a concretar una venta.
"El emprendedor tiene que ir instado y exhortado a formalizarse", señaló, aunque planteó una interrogante sobre el proceso: "¿En qué punto está la línea delgada en la cual tú publicas, vendes, y cuándo te formalizas?".
Para la comerciante, la formalización puede ser positiva siempre que no se limite a exigir obligaciones tributarias. También debe contemplar mecanismos que protejan al pequeño empresario y faciliten su crecimiento.
"Me queda la duda de cómo vamos a resguardar a esa persona también y de repente en qué contexto se está moviendo todo esto y cuáles son las medidas que pueden ayudar a que esa formalización también sea en pro del crecimiento de ese emprendedor".
Dudas sobre la fiscalización en redes sociales
Uno de los principales cuestionamientos de Castañeda está relacionado con la capacidad real del Estado para identificar y fiscalizar a quienes comercializan productos y servicios desde plataformas digitales.
La comerciante también advirtió sobre las dificultades que pueden surgir cuando una actividad comercial opera mediante cuentas registradas en otros países o utiliza herramientas tecnológicas para ocultar su ubicación.
Para ella el reto consiste en evitar que las nuevas reglas terminen afectando principalmente a quienes ya cumplen con sus obligaciones, mientras otros operadores digitales encuentran mecanismos para evadirlas.
"Hay que ver en qué medida protejo yo realmente al venezolano que está emprendiendo y lo ayudo a formalizarse de la mano con todo lo que debería resguardar un emprendedor".
Sobre la eliminación de la cartelera fiscal física, Castañeda reconoció que la medida puede representar una simplificación para los comercios, pero insistió en que todavía hace falta conocer el contexto completo de las modificaciones.
