Familiares de los presos políticos y militares procesados en el caso Paramacay, en compañía de activistas de derechos humanos y representantes de la sociedad civil, se concentraron este martes en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Valencia para denunciar el estancamiento del expediente y el incumplimiento de los lapsos procesales.
Durante la manifestación pacífica, los allegados impulsaron una jornada de recolección de firmas para respaldar una petición formal ante la Inspectoría General de Tribunales.
En el escrito, señalan la actuación del presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Carlos Alberto Bonilla, a quien atribuyen violaciones constitucionales que afectan la libertad, la salud y el debido proceso de los 23 implicados en la causa.
La representación de las familias argumenta en el documento que tras la falta temporal de una de las juezas del caso, Scarlet Desireé Mérida García, Bonilla se ha negado a designar o juramentar un juez suplente. Además, sustrajo el expediente físico N° Asunto Principal: D-2021-39290 - Recurso: DR-2026-83179 de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones.
“La Presidencia del Circuito ejerce funciones de carácter organizativo y administrativo, por lo que la retención de la causa limita el ejercicio jurisdiccional que corresponde al juez natural del caso, Alejandro Chirimelli”, expusieron en la solicitud dirigida al órgano disciplinario.
Temen por estado de salud de presos por caso Paramacay
Elizabeth Vargas, esposa del coronel retirado de la Guardia Nacional Bolívar (GNB) Jesús Enrique Jordán Arias, explicó que han transcurrido más de 40 días continuos sin que la Corte de Apelaciones haya emitido la sentencia formal ni notificado a las partes.
Vargas formuló un llamado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a los actores participantes en la mesa de negociación nacional para que constaten el estatus de las causas judiciales bajo premisas de institucionalidad y apego al Estado de derecho. “Exigimos que la Corte de Apelaciones se pronuncie. Nos dijeron que eran 10 días de despachos y esos días ya pasaron. Queremos saber por qué el expediente pasó a la presidencia y por qué ocurren estas cosas”, inquirió.
Silvia Benítez, madre del procesado Darwin Solís Benítez, advirtió sobre la degradación en las condiciones de salud de los detenidos por las secuelas de las torturas, la mala alimentación en los recintos penitenciarios y la falta de atención médica oportuna.
“Hay mucha impotencia porque no es fácil tener un hijo, un padre o un esposo en esas condiciones, por eso nuestra preocupación es constante. Nosotras también nos sentimos presas”, puntualizó Benítez.
