El atentado contra los activistas venezolanos Yandri Velásquez y Luis Peche encendió las alarmas. Defensores de derechos humanos exiliados en países como Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México e Irlanda exigieron al gobierno de Colombia que reconozca con precisión la naturaleza de lo que ocurre en Venezuela. En función de ello debe definir las políticas adecuadas de protección y respuesta para los inmigrantes que están en su país y en especial para las víctimas baleadas.
Según el comunicado enviado por los defensores, que el gobierno de Gustavo Petro niegue el carácter del régimen venezolano o lo diluya en narrativas equivalentes le impedirá tomar las mejores decisiones. "No se trata de opiniones: está sustentado en informes internacionales. Desde la CIDH, que ha descrito prácticas de terrorismo de Estado, hasta la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, que ha documentado crímenes de lesa humanidad. Un diagnóstico correcto es condición para medidas eficaces de protección, investigación y cooperación judicial".
Pero también es necesaria la c ooperación internacional, según los autores del comunicado. Es imprescindible que otros gobierrnos investigan y que los perpetradores reales sean acuados. Entienden que la impunidad transnacional incentiva nuevas agresiones. "A la inversa, si los países colaboran activamente en investigar, sancionar y apoyar una transición democrática en Venezuela, los desbordamientos de violencia más allá de las fronteras comenzarán a revertirse".
Defensores de DD.HH. exiliados condenaron atentado en Bogotá
Duante casi todo el texto se condena el atentado armado perpetrado el 13 de octubre de 2025 en Bogotá contra Velásquez (ganador del premio de DDHH Franco-Alemán 2024) y Luis Peche, reconocidos por su labor de documentación y denuncia de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ambos fueron atacados con armas de fuego por sujetos desconocidos al salir de su residencia.
El hecho dejó múltiples fracturas y lesiones en extremidades, abdomen, vejiga y cadera, que requieren varias intervenciones con riesgo de complicaciones. El texto agrega que fue la respuesta solidaria de vecinos y de la comunidad la que permitió su atención oportuna y estabilización en un centro hospitalario.
Represión estatal venezolana fuera de las fronteras
No se trata de un hecho fortuito. Los activistas lo ven como un intento directo de silenciar la defensa de los derechos humanos desde el exilio. Más grave aún, lo insertan en una tendencia de violencia extraterritorial asociada a la represión estatal venezolana. Esta replica hostigamiento, vigilancia, difamación y agresiones más allá de las fronteras. "Hechos como el asesinato del exmilitar Ronald Ojeda en Chile, en condición de refugiado, y las amenazas sistemáticas a periodistas y activistas exiliados confirman esta preocupación".
De acuerdo con el escrito, la persecución en el exilio perpetúa el miedo y la sensación de desamparo de la población venezolana migrante en Colombia y en otros países. Demuestra que la violencia estatal se proyecta fuera del territorio.
Retomando el llamado a Colombia, señalan que este caso demostró la insuficiencia estructural del sistema colombiano de protección. "Ni la solicitud de refugio ni los acompañamientos institucionales han garantizado de forma efectiva la seguridad de personas venezolanas en riesgo por persecución política y que requieren un abordaje inmediato y diferenciado.
Los firmantes citaron declaraciones del relator de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes, Gehad Madi, durante su visita a Colombia: “Pese a las medidas de regularización e integración, la falta de un sistema de asilo eficiente, las barreras económicas, la discriminación y la violencia generalizada siguen preocupando a muchos refugiados y migrantes, que a menudo deciden continuar hacia el norte”.
También reconocieron que la Defensoría del Pueblo de Colombia ha acompañado a personas defensoras y conoce el rezago en la regularización y protección de migrantes y exiliados. Esto señala un nuevo patrón de migración forzada de víctimas de persecución por su labor de defensa de derechos, social o política.
ACNUR-Colombia informó que el plazo medio de tramitación de solicitudes de asilo es de tres a cuatro años. Mientras tanto, las personas solicitantes no acceden a empleo formal. La Universidad de los Andes recordó que, entre enero de 2018 y junio de 2024, se presentaron 66 mil 153 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, de las cuales solo 1.480 fueron reconocidas. De ese total, 1.361 correspondieron a personas venezolanas.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su Resolución de 2024, pidió a la Oficina del Alto Comisionado que continúe protegiendo los derechos humanos de migrantes y refugiados de Venezuela. Que promueva medidas eficaces y buenas prácticas en colaboración con ACNUR, la OIM y otros organismos, e inste a reforzar la cooperación internacional con países de acogida y tránsito de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos.
Condena y activación de procedimientos
Los defensores de derechos humanos, hoy en exilio forzado, pidieron una condena internacional de estos hechos, que califican como actos de violencia transnacional contra activistas.
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También solicitaron la activación urgente de un procedimiento de seguimiento y protección entre la Defensoría del Pueblo de Colombia, la OACNUDH-Colombia y las instituciones del Estado colombiano (UNP, Fiscalía). Esto en el marco de su mandato de observación y protección a personas defensoras en riesgo. " Exigimos que el Gobierno de Colombia adecue sus políticas a los estándares y hallazgos internacionales y reconozca el patrón de persecución y adopte medidas reforzadas de protección, refugio y cooperación judicial".
La persecución transnacional
En simultáneo, pidieron a a los Estados de la región que investiguen y sancionen la persecución transnacional y que identifiquen a sus perpetradores. Además, que apoyen activamente iniciativas que viabilicen una transición a la democracia en Venezuela como vía sostenible para reducir el riesgo regional.
Tras agradecer el pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, pidieron al alto comisionado Volker Türk una posición similiar. Hay que advertir la gravedad, en caso de confirmarse un caso de persecución transnacional.
