La crisis eléctrica en Venezuela tiene una brecha de casi 3.700 megavatios (MW). Esa es la diferencia entre la generación disponible que estima el especialista en sistemas eléctricos, José Aguilar, y la demanda máxima reportada oficialmente. Hay centrales con unidades fuera de servicio. Otras operan con mantenimientos vencidos. Y la generación térmica, concebida como respaldo de la hidroeléctrica, no logra cubrir el vacío.
Pero el problema va más allá de los números. El ingeniero sostiene que el gobierno lleva 191 meses consecutivos ocultando o maquillando la realidad del sistema eléctrico. Una práctica que califica como inédita y subestándar en la industria mundial.
Sin cifras públicas, la dimensión de la crisis eléctrica queda a oscuras. Para Aguilar, la información oficial debe ponerse en duda y la recuperación comienza por mostrar el estado real de la red.
Mucha capacidad instalada y poca generación
En teoría, Venezuela tiene una capacidad instalada de 36.727 MW. De ese total, 16.905 MW corresponden a generación hidroeléctrica; 19.677 MW, a termoeléctrica; 95 MW, a energía eólica; y 50 MW, a solar.
Pero una cosa es la capacidad instalada. Otra, muy distinta, es la electricidad que puede producirse.
Aguilar estima que hoy están operativos 10.200 MW hidroeléctricos, 2.500 MW termoeléctricos, 25 MW eólicos y 7 MW equivalentes de energía solar. En total, 12.732 MW. Frente a la demanda máxima de 16.424 MW que, según señala, ha reportado el oficialismo, la brecha llega a 3.692 MW. Casi 3.700 MW que no estarían disponibles para cubrir ese consumo.
La diferencia deja al descubierto una paradoja. El país tiene equipos que suman miles de megavatios sobre el papel, pero no toda esa capacidad se traduce en electricidad para los hogares, los comercios y las industrias.
Guri carga con el peso del sistema
La Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, en Guri, es la mayor de Venezuela y una de las principales de América. Tiene 20 unidades instaladas y una capacidad total de 10.350 MW. Según Aguilar, seis están fuera de servicio. Las otras 14 aportan unos 6.240 MW.
Con ese balance, calcula que Guri tiene una disponibilidad de 60% y aporta 49% de la electricidad nacional. Pero incluso las unidades que siguen operativas arrastran problemas. El ingeniero afirma que varias trabajan con mantenimientos vencidos, lo que acelera el desgaste y reduce la eficiencia.
Caruachi y Macagua suman otros 3.700 MW, de acuerdo con sus estimaciones. Junto con Guri, la generación del bajo Caroní ronda los 9.940 MW. Casi 10.000 MW. Un aporte equivalente a 78% de la electricidad del país.
Al incorporar las plantas andinas, Aguilar calcula que la matriz venezolana es 81% hidroeléctrica y 19% térmica. La generación eólica y solar representa menos de 0,5%. La dependencia es evidente: cuando falla el agua, las termoeléctricas deberían sostener el sistema. Pero ese respaldo también está debilitado.
Las termoeléctricas no llenan el vacío de la crisis eléctrica
Planta Centro, Tacoa y otras instalaciones térmicas fueron concebidas para complementar la generación hidroeléctrica. Debían entrar en juego cuando las centrales de agua no pudieran cubrir la demanda. Hoy, la indisponibilidad de esas plantas ha llegado a niveles críticos.
El ingeniero atribuye el deterioro a la corrupción, la mala gestión, la negligencia en las operaciones y el mantenimiento. También señala la falta de combustibles, su baja calidad y la pérdida de personal capacitado por jubilación o emigración.
Es un círculo que se alimenta a sí mismo. Fallan los equipos. Baja la generación. Las unidades disponibles deben soportar mayor presión. Y el mantenimiento pendiente se acumula.
Los bajones son una señal de alarma
Primero baja la luz. Después puede subir de golpe. Son los llamados «bajones», esas fluctuaciones de voltaje que afectan a hogares y comercios y que, en ocasiones, preceden a un apagón.
Aguilar explica que estas oscilaciones reflejan dificultades para controlar los voltajes y coordinar las protecciones de la red. La infraestructura debe operar en distintos niveles de tensión: 765, 400, 230, 138, 115, 69, 34,5, 24 y 13,8 kilovoltios. Según el ingeniero, años de mantenimiento pendiente han comprometido la capacidad de operadores, líneas y subestaciones para mantener esos niveles bajo control.
La falta de generación térmica también obliga, de acuerdo con su diagnóstico, a operar fuera de los límites seguros entre las distintas áreas del sistema interconectado. En esas condiciones, una falla menor puede extenderse mucho más allá del punto donde comenzó.
Un problema localizado puede terminar a oscuras en varias regiones. Para Aguilar, eso no debería ocurrir en una red con mantenimiento adecuado y protecciones coordinadas.
La provincia soporta la mayor carga del racionamiento
La crisis eléctrica tampoco se siente igual en todo el país. Aguilar sostiene que los estados del interior soportan cortes más severos y prolongados que Caracas. A esa distribución desigual la denomina "apartheid eléctrico" y afirma que más de 90% de la población venezolana vive fuera de la capital.
Entre las regiones que, según su diagnóstico, sufren mayores interrupciones están Zulia, Lara, Falcón, Carabobo, Aragua, Anzoátegui, Monagas y los Andes. El ingeniero considera que la opacidad sobre el estado de la red impide conocer por qué unas zonas reciben un servicio más estable que otras.
Caracas también puede racionarse. Esa es una de las ideas que defiende Aguilar. Para ilustrarla, recurre a un antecedente de hace más de 16 años: el plan de racionamiento programado del miércoles 13 de enero de 2010, diseñado para preservar los niveles de operación del embalse de Guri.
Aguilar asegura que el entonces presidente Hugo Chávez destituyó al ministro después de conocer que el racionamiento también afectaba a Caracas. El ingeniero calcula que los 172 MW racionados en la capital en 2010 equivaldrían hoy a unos 350 MW, y una distribución más equilibrada permitiría aliviar los cortes en el interior.
La operación de la red tampoco puede sostenerse indefinidamente bajo presión. "Forzar el sistema complica las labores de mantenimiento y agrava el deterioro. El problema no termina cuando vuelve la electricidad. También queda el desgaste que puede provocar la próxima falla".
Sabotaje, El Niño y sanciones
El Gobierno ha atribuido fallas eléctricas al sabotaje, al fenómeno El Niño y a las sanciones internacionales. Aguilar considera que esas explicaciones no bastan para entender el deterioro del Sistema Eléctrico Nacional. Sostiene que no resistirían un escrutinio técnico y jurídico imparcial si existiera transparencia sobre el funcionamiento de la red.
Sobre el sabotaje, cuestiona que se responsabilice a terceros por las averías cuando las instalaciones están bajo vigilancia de estructuras militares, salas situacionales y estados mayores eléctricos. A su juicio, esas instancias deberían detectar y documentar las acciones que se denuncian.
Para cuestionar el peso atribuido al fenómeno El Niño, Aguilar compara la situación actual con la sequía de 2001 a 2003. Afirma que durante ese período no hubo racionamiento porque existía una reserva operativa y una disponibilidad térmica de 70%. Ahora, calcula que esa disponibilidad es de 19%. Por eso atribuye la situación actual a la negligencia en la gestión y el mantenimiento.
También cuestiona que las sanciones internacionales expliquen por sí solas la crisis eléctrica. Señala que las primeras medidas comenzaron en 2016 contra funcionarios específicos y que existieron licencias para mantener el sistema. Como ejemplos, menciona las reparaciones de Termocarabobo y de la unidad 6 de Planta Centro, que, según indica, se realizaron bajo esas licencias.
El ingeniero considera que el control de la información impone una versión oficial y deja a la población sin herramientas para evaluar el estado real de la red. A su juicio, responsabilizar al sabotaje, las sanciones, los animales o el clima desvía la atención de las fallas de gestión y mantenimiento que considera centrales.
Pdvsa necesita electricidad y Corpoelec necesita combustible
La crisis eléctrica también se cruza con la situación de la industria petrolera. Pdvsa necesita electricidad para operar. El sistema eléctrico, por su parte, requiere gas y combustibles líquidos para generar energía térmica. Si escasea el combustible, baja la generación y aumenta la presión sobre las centrales hidroeléctricas.
Aguilar advierte que el contrabando de diésel o gasoil hacia Colombia agrava la escasez, con impacto en los Andes y en la agroindustria venezolana. Para el ingeniero, ambas industrias deben dejar de alimentar un círculo vicioso.
Hay varios desequilibrios por corregir. Cuando Pdvsa autogenera electricidad, consume combustibles que también necesita Corpoelec. La empresa eléctrica puede importar combustibles, mientras que Pdvsa no puede importar electricidad para compensar su falta de generación.
Además, Aguilar reclama cuentas claras entre las dos compañías. Sostiene que la petrolera no cobra el combustible que suministra a Corpoelec, y ésta no factura la electricidad que utiliza Pdvsa. Propone establecer precios y tarifas ajustados a normas internacionales para hacer sostenibles ambas industrias y fortalecer el mercado interno de combustibles.
Según los estudios que cita, ambas empresas podrían sostenerse con las segundas tarifas eléctricas más bajas de América, salarios dignos, precios asequibles y el cumplimiento de sus obligaciones. Eso permitiría generar rentabilidad para financiar las mejoras necesarias.
¿Cuánto costaría recuperar el sistema eléctrico?
Aguilar plantea un plan de cinco puntos para recuperar el sistema eléctrico. Asegura que fue desarrollado durante siete años por un grupo de ingenieros y de soporte técnico, denominado VESRP, junto con empresas eléctricas y talleres especializados en las tecnologías del SEN.
El primer paso es terminar con el apagón informativo. Propone publicar de nuevo las cifras técnicas, suspendidas desde noviembre de 2010, según afirma. Sin esos datos, sostiene, no se puede conocer la gravedad real del problema ni establecer prioridades de recuperación.
El segundo punto es recuperar la integridad institucional, erradicar la corrupción y despolitizar las decisiones operativas. El tercero contempla sanear Corpoelec, corregir fallas de funcionamiento y recuperar el valor comercial del servicio.
El cuarto consiste en rescatar el talento humano: atraer, formar y remunerar adecuadamente a técnicos e ingenieros calificados. El quinto plantea mejorar la recaudación y la eficiencia mediante tarifas progresivas que reduzcan las pérdidas no técnicas, financien el mantenimiento y permitan cumplir las obligaciones del sector.
La recuperación no comenzaría con un anuncio. Según Aguilar, requiere proveedores calificados, contratos firmados, personal, herramientas y repuestos disponibles en el país. Cada demora, advierte, aumenta los daños y los costos, prolonga el sufrimiento de la población y retrasa la recuperación económica y el posible retorno de los venezolanos que emigraron.
En 2021 se estimó que recuperar el sistema costaría 13 mil 900 millones de dólares y tomaría 39 meses. Aguilar calcula ahora que la inversión necesaria asciende a entre 40 mil y 50 mil millones de dólares, con un plazo de 60 a 66 meses.
El ingeniero critica lo que considera un "teatro mediático": una gestión que, según su interpretación, se presenta como víctima y traslada la responsabilidad a la sociedad o a factores externos. Insiste en que la crisis eléctrica puede resolverse, pero no con anuncios aislados.
La salida, asegura, exige transparencia, mantenimiento, personal calificado y una gestión capaz de rendir cuentas. También pide que la sociedad venezolana, especialmente la provincia, exija una solución. Porque la electricidad no debería depender de dónde se vive ni de cuánto tiempo puede soportar una comunidad a oscuras.
