Esta, que constituye el patrimonio más importante de Venezuela en el exterior, entró en una vorágine judicial que se inició en el tribunal de arbitraje Ciadi, con múltiples demandas contra la República por cobro de daños causados por las expropiaciones de Hugo Chávez. Esos procesos estuvieron marcados por fraudulentas "defensas" que llevaron a sentencias condenatorias por miles de millones de dólares, y el cobro fue trasladado a la Corte de Distrito de Delaware, donde, luego de largos trámites en los que se reprodujo el esquema de inmensos costos manchados de sospechas, se terminó dictando sentencias condenatorias contra Citgo, que no formó parte de los procesos de cobro que se tramitaron en su origen ante el mencionado tribunal de arbitraje Ciadi.
Es decir, aquellas sentencias dictadas contra la persona jurídica República Bolivariana de Venezuela fueron cobradas a otra persona jurídica diferente, que no formó parte de aquellos litigios y que, por tanto, nunca fue requerida para que se defendiera; nunca allá tuvo oportunidad para ello. Una cosa escandalosa que ocurrió y contra la cual persistentemente formulamos reclamos, planteamientos y sugerencias que no fueron escuchados por quienes tenían el deber de la defensa.
Ahora que estamos ante el desastre, veamos cuál es su estado actual.
Lo primero que hay que decir es que el remate no está tan sellado como pudiera pensarse. Existe un frente judicial todavía abierto: tanto Gold Reserve —el postor que perdió la subasta—, como la Venezuela que hoy encabeza Delcy Rodríguez, como la propia Junta Ad Hoc de Pdvsa que ha administrado a Citgo desde 2019, apelaron ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito la decisión que aprobó la venta a Amber Energy por 5.900 millones de dólares. El argumento central es contundente: Citgo se revalorizó de forma notable desde que se aprobó esa cifra —reportó una ganancia neta de 157 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, con sus refinerías operando a capacidad récord—, y firmas independientes hoy la tasan entre 13.000 y 18.000 millones de dólares, muy por encima del precio aprobado. Es decir, la subasta todavía podría ser revisada, anulada o renegociada por la vía judicial, no solo detenida por una decisión administrativa de Washington.
Además de esa batalla judicial, Citgo está a la espera de una necesaria autorización del gobierno norteamericano (OFAC) para la ejecución del remate aprobado por la Corte de Delaware, y así el despojo quede definitivamente materializado: un golpe terrible para la Venezuela económicamente destruida en que se encuentra, y que apenas está en los primeros pasos de su reconstrucción. La más reciente prórroga —la decimosexta desde 2019— vence el 17 de septiembre; para esa fecha, el Tesoro de Estados Unidos deberá decidir si la extiende una vez más o si finalmente autoriza el cierre de la operación. No hemos escuchado pronunciamiento alguno sobre lo que al respecto hará el gobierno del presidente Trump: si autorizará la entrega a los "buitres" beneficiados por las sentencias de Delaware, o si, por el contrario, lo impedirá en virtud de que Citgo es propietaria de una red de aproximadamente 4.200 estaciones de servicio donde se expende combustible en EE.UU., lo cual puede afectar la seguridad nacional, o por cualquier otra razón que se invoque.
Cabe entonces preguntarse qué podría ocurrir el 17 de septiembre si, por primera vez desde 2019, esa protección no se extendiera. Conviene aclarar que esta licencia específica no es la misma que necesita Amber Energy para cerrar su compra: es la que impide a los tenedores del bono Pdvsa 2020 —quienes recibieron como garantía el 50,1% de las acciones de Citgo Petroleum cuando ese bono se emitió— ejecutar esa garantía y tomar el control directo de esas acciones. Si la licencia no se renovara, se abriría la puerta a que ese grupo de acreedores, distinto de los que ganaron la subasta en Delaware, intente hacerse con el control de la mayoría accionaria de Citgo por su propia cuenta, lo que añadiría un cuarto frente de disputa sobre el mismo activo, en pugna directa con la venta a Amber Energy que todavía se discute ante el Tercer Circuito. La alternativa más probable, sin embargo, sigue siendo que el Tesoro conceda una nueva prórroga, o que use esa fecha límite como palanca para forzar un acuerdo negociado entre Caracas y los bonistas, en el marco de la reestructuración de la deuda externa que Venezuela ya comenzó a explorar.
Ahora bien, con el despojo de Citgo a Venezuela quedan muy importantes cuentas pendientes de la petrolera venezolana. Están los más de 20.000 trabajadores de Pdvsa que fueron despedidos por Chávez en 2002, y a quienes se les adeudan sus derechos laborales, así como los ahorros que por años ellos fueron dejando en las arcas de la compañía. Eso tiene que ser pagado, como lo hemos venido reclamando. Las compañías que vayan a invertir en el negocio planteado por el presidente Trump sobre los yacimientos petroleros del país deben tener claro que Pdvsa tiene esa deuda y que, así como recibirán lo bueno —jugosas ganancias—, también tendrán que satisfacer esas acreencias.
A la par, también estamos viendo que el gobierno de la "presidenta encargada" anda suscribiendo acuerdos en la dirección que se le indica desde Washington, lo cual conlleva el riesgo de impugnaciones una vez que tengamos autoridades legítimas en Venezuela. Muestra de ese mismo afán es que la propia Pdvsa de Caracas designó en marzo de 2026 una junta paralela para Citgo, encabezada por Asdrúbal Chávez, que hasta la fecha sigue sin la licencia de OFAC necesaria para ejercer control real sobre la empresa en territorio estadounidense: una junta nombrada, pero sin poder efectivo.
A este cuadro se suma una novedad de último momento: el 14 de septiembre de 2026, OFAC emitió la Licencia General N.º 52C, que sustituye a la anterior 52B y regula en términos amplios los negocios que empresas estadounidenses pueden hacer con Pdvsa. Pero su disposición más relevante no tiene que ver con nuevos negocios, sino con blindar el statu quo: la licencia prohíbe expresamente cualquier transacción destinada a alterar la gobernanza de PDV Holding, Citgo Holding o Citgo Petroleum, incluyendo el nombramiento, la remoción o el reemplazo de cualquier director o cargo directivo. Dicho en criollo: mientras esta licencia siga vigente, Washington le cierra la puerta a que la junta paralela designada por Pdvsa en Caracas —la de Asdrúbal Chávez, que sigue sin la licencia de OFAC necesaria para operar— pueda desplazar a la junta que hoy administra realmente a Citgo. Es una señal clara de que, por ahora, Estados Unidos prefiere mantener el control en manos de la estructura que reconoce desde 2019, incluso mientras negocia con el gobierno de Delcy Rodríguez en otros frentes.
Tanto es así que las verdaderas grandes compañías del sector no han dado el paso de entrarle al jugoso negocio de la explotación del crudo en la Faja Petrolífera; a eso solo ha accedido un personaje lleno de señalamientos, imputaciones y denuncias de ser partícipe de la orgía del saqueo que ha sufrido el país desde Chávez para acá.
Así estamos, pues, llenos de esperanzas, pero también de incertidumbres.
