La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) valoró este jueves las excarcelaciones anunciadas el pasado 14 de agosto en Venezuela, pero advirtió que la salida de los centros de detención mediante medidas alternativas no constituye una libertad plena ni corrige por sí misma la situación de las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos.
La Comisión señaló que el anuncio contempla a 131 personas y pidió al Estado venezolano proporcionar información pública, completa y actualizada sobre los beneficiarios y su situación procesal.
Según organizaciones de la sociedad civil citadas por la CIDH, entre 317 y 449 personas continuarían privadas de libertad arbitrariamente por motivos políticos.
El organismo interamericano sostuvo que, cuando una detención ha estado relacionada con el ejercicio de derechos políticos o la disidencia, el Estado debe ir más allá de la excarcelación y dejar sin efecto los procesos y condenas asociados, levantar las restricciones que persistan, evitar nuevas represalias y garantizar reparación a las víctimas.
La CIDH también llamó a investigar las violaciones cometidas en el contexto de estas detenciones y a establecer medidas que eviten su repetición.
CIDH pide independencia judicial
La Comisión consideró que la independencia del Poder Judicial es fundamental para garantizar que las excarcelaciones y otros avances en materia de derechos humanos sean sostenibles y no dependan de decisiones políticas o administrativas que puedan ser revertidas.
En ese sentido, la CIDH se refirió a los anuncios sobre una eventual renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y señaló que la selección y designación de sus autoridades debe realizarse mediante procedimientos públicos y transparentes, basados en criterios objetivos de mérito, capacidad e integridad.
El organismo también planteó la necesidad de garantizar la participación de la sociedad civil, mecanismos de objeción ciudadana y un acompañamiento internacional independiente durante estos procesos.
Para la Comisión, una eventual reforma del sistema de justicia debe ajustarse a los estándares interamericanos sobre independencia judicial, al considerar que esta constituye una condición necesaria para la recuperación del Estado de derecho en Venezuela.
La CIDH instó al Estado a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, dejar sin efecto los procesos y restricciones derivados de esas detenciones y abstenerse de utilizar la privación de libertad como mecanismo de persecución de la disidencia.
Finalmente, la Comisión reiteró su disposición a brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de la independencia judicial y el Estado de derecho, y volvió a solicitar al Estado venezolano autorización para realizar una visita in loco con el objetivo de evaluar directamente la situación de los derechos humanos en el país.
