La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron nuevamente la anulación arbitraria de pasaportes en Venezuela, una práctica que afecta principalmente a personas opositoras, periodistas y defensoras de derechos humanos.
La CIDH ha identificado al menos 40 víctimas de esta medida, que consideran una forma de represalia directa por el ejercicio de la libertad de expresión, la defensa de derechos fundamentales y la participación política.
En un comunicado se resalta que el perfil de las personas afectadas, junto con la opacidad en torno al procedimiento, confirma el carácter selectivo y punitivo de estas anulaciones. “Lejos de ser actos administrativos rutinarios, constituyen una estrategia para silenciar voces críticas, generar temor y mantener una vigilancia constante sobre quienes se atreven a denunciar los abusos del gobierno”.
#CIDH: #Venezuela debe restituir pasaportes anulados ilegal y arbitrariamente a personas opositoras, defensoras y periodistas.#DerechosHumanos https://t.co/2GlQNtRzCG pic.twitter.com/8mMsZ3tY2y
— CIDH - IACHR (@CIDH) May 20, 2025
CIDH resaltó el impacto en los derechos humanos fundamentales
Para la CIDH, estas acciones afectan gravemente derechos fundamentales como la libertad de circulación, el derecho al trabajo, la vida familiar y la integridad personal. Destacaron que la imposibilidad de salir del país o desplazarse libremente dentro del territorio tiene un impacto devastador en la vida de las personas, quienes muchas veces dependen de su movilidad para ejercer sus labores de denuncia, protección de derechos o incluso para buscar refugio.
Además, la CIDH y la RELE alertaron sobre el efecto inhibidor que generan estas prácticas. Al atacar a quienes levantan la voz, se desalienta a otros actores sociales a continuar con sus actividades, debilitando así la denuncia pública, el activismo y el ejercicio de la ciudadanía en un contexto ya marcado por la represión.
Llamado a la restitución de derechos y apoyo internacional
Ambos organismos exigieron al Estado venezolano la restitución inmediata de todos los pasaportes anulados de manera arbitraria y el cese de esta práctica violatoria de los derechos humanos. También instaron a los países de la región y a la comunidad internacional a reconocer como válidos los pasaportes vencidos o anulados por razones políticas, a fin de garantizar el derecho al libre tránsito de las personas afectadas.
Recordaron que negar este derecho constituye una violación del artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza la libertad de movimiento sin injerencias indebidas.
