Carabobo aún registra 43 presos políticos pese a solicitudes de amnistía

Muchos de los presos políticos de Carabobo enfrentan condiciones de salud delicadas y a la espera de ser trasladados a centros médicos
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Cárcel de Tocuyito / Foto referencial

Pese a las recientes excarcelaciones, Carabobo se mantiene como la segunda región del país con mayor número de presos políticos. La cifra reportada por Foro Penal es de 43 personas que se mantienen tras las rejas.

En cada uno de esos casos se hizo la solicitud de amnistía, según confirmó el director en la entidad de la ONG, Luis Armando Betancourt.

“Carabobo fue el primer estado en todo el territorio nacional que realizó la solicitud de amnistía en los tribunales correspondientes pasadas unas horas de la publicación de la ley en Gaceta Oficial”.

El abogado del Foro Penal señaló que Carabobo también fue uno de los primeros estados que tuvo respuesta negativa en cuanto a la aplicación de ley de amnistía, como ocurrió con el caso de Paramacay y de Misael Estrella, detenido en 2017 por protestar en la urbanización La Isabelica de Valencia. En ambos casos, las negativas están en proceso de apelación.

Excarcelaciones de presos políticos en Carabobo

Tras la salida del Destacamento 24 de la Guardia Nacional del presidente de Fetracarabobo, Omar Escalante, se contabiliza la excarcelación de 31 presos políticos en la entidad desde el 8 de enero.

Betancourt recordó que se trata de casos de liberaciones por la ley de amnistía, excarcelaciones y medidas cautelares de sustitución de libertad.

Las cifras nacionales dan cuenta de 690 presos políticos excarcelados desde el 8 de enero, pero aún hay más de 500 detenidos. “Quiere decir que todavía nos queda un gran camino por recorrer”.

Luis Armando Betancourt, coordinador de Foro Penal en Carabobo (Foto: Dayrí Blanco)

Estado de salud de los presos políticos y sus familiares

Muchos de los presos políticos de Carabobo enfrentan condiciones de salud delicadas y a la espera de ser trasladados a los centros médicos correspondientes.

También se han reportado detenidos con estados de ansiedad graves que deben ser atendidos por psicólogos, psiquiatras o algún especialista en materia de salud mental. “Nosotros hemos realizado varias solicitudes a los tribunales correspondientes para que sean trasladados”.

Los familiares de los presos políticos también padecen ansiedad y, muchos de ellos, no tienen recursos para trasladarse a los centros de detención y llevarles alimentos, medicinas y productos de higiene personal.

“Estamos asistiendo a las víctimas y, como dice nuestro vicepresidente Gonzalo Himiob, esta es una carrera de resistencia y no de velocidad y así nosotros debemos repetirlo en todo el territorio nacional. Sabemos que debemos trabajar con la ley, con la esperanza, con la justicia pero, además de eso, con la convicción de que lo que estamos haciendo es lo que correcto. Nosotros no tenemos las llaves de las cárceles, sino las autoridades”.

Nuevo sistema de justicia

Betancourt, quien también es director adjunto de Foro Penal en todo el país, se refirió a la designación del nuevo fiscal y del defensor del pueblo como un proceso que debe envolver a cada ciudadano porque será fundamental para iniciar el proceso del rescate del estado de derecho y de justicia.

“Nosotros debemos y estamos atentos a todo lo que está ocurriendo en el nombramiento, recientemente fueron publicadas las listas de los aspirantes para estos cargos y Foro Penal va a monitorear cada proceso de eso para que no haya ningún tipo de mal manejo en el tema de la selección y, si lo hay, nosotros también lo vamos a denunciar”.

Hizo un llamado a la ciudadanía, tomando en cuenta que la sociedad civil está para eso, para observar, para monitorear, para denunciar cuando haya que denunciar y aplaudir cuando se tenga que aplaudir.

“El rescate del estado de derecho está precisamente ahí, observando en las instituciones, esto debe cambiar, los tribunales deben cambiar, las cosas pueden hacerse mucho mejor y podemos hacer que la meritocracia vuelva asignando a fiscales, jueces, defensores públicos, defensores del pueblo que puedan hacer su trabajo tal y como lo dispone la Constitución”.

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