Alberto Torres Márquez/Crónica Uno
El martes, 30 de enero, Digitel anunció en su página web que había detectado una amenaza de seguridad en su sistema y bloqueó “temporalmente” sus servidores para prevenir hackeos y filtraciones de información.
Pero no fue sino este jueves, 1º de febrero, que la empresa de telecomunicaciones comunicó formalmente, sin dar mayores detalles, la “incidencia ocurrida en días pasados”.
«Los primeros que tienen derecho a saber lo que sucede son los clientes, y no lo supieron. Hay una responsabilidad por parte de la empresa en el resguardo de la información que maneja de los clientes y esa responsabilidad implica informar sobre un eventual riesgo”, asegura la coordinadora del Observatorio Social de Espacio Público, Marysabel Rodríguez.
“Ausencia de preocupación”
Rodríguez asegura que Digitel debió advertir masivamente, en primer lugar, a sus clientes desde el momento en el que se puso en riesgo la protección de sus datos, dado que el resguardo de la información que maneja de otras personas es responsabilidad de cada empresa.
Para la coordinadora de Espacio Público, la falta de información oportuna sobre lo que estaba ocurriendo con Digitel “reitera la despreocupación que hay sobre el tema del manejo de datos personales en Venezuela”. Añade, además, la ausencia de responsabilidad de las instituciones públicas y privadas en relación con el manejo de los datos personales de la gente.
“Eso puede ser un delito y convertirse en una violación a los derechos humanos, cuando es el Estado el que omite las responsabilidades y obligaciones que tiene en materia de protección y de aportar a la protección de datos a las personas”, dice Rodríguez.
Actuar con transparencia
Sobre los ataques a los servidores de Digitel, la organización no gubernamental VE sin Filtro señaló en su cuenta en X que el incidente “subraya la necesidad de una seguridad efectiva de datos”, así como acciones responsables y proactivas para salvaguardar a los usuarios.
El 28 de enero, Día de la Protección de Datos Personales, VE sin Filtro reiteró “la necesidad de que en Venezuela existan leyes y procedimientos que ofrezcan garantías y resguarden la información de todos y todas”. La organización destaca que el artículo 60 de la Constitución garantiza el derecho a la privacidad y este incluye la protección de datos personales.
Marysabel Rodríguez, de Espacio Público, dice que la ciudadanía en general debe estar consciente y debidamente informada sobre los potenciales riesgos a los que puede estar expuesta su información. Para esto, se requiere que las instituciones y autoridades sean transparentes en el manejo de esos datos y sus vulneraciones.
La defensora de DD. HH. recordó el caso del estatal Banco de Venezuela el año pasado, cuando ciberdelincuentes vulneraron su plataforma tecnológica y accedieron a datos de millones de usuarios. En esa ocasión amenazaron incluso con publicar esos datos como contenido libre en internet.
Pese a que la empresa del Estado le restó importancia al ataque, y no dio más detalles, meses después los hackers filtraron documentos e información confidencial que manejaba el Banco de Venezuela. La filtración incluyó datos como documentos de identidad, registros de información fiscal, solicitudes de seguros, entre otros.
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