El empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio de Álex Saab, compareció este martes ante un tribunal federal de Miami, Estados Unidos, donde enfrenta dos acusaciones por presuntos esquemas de soborno y lavado de dinero vinculados con contratos del Gobierno venezolano.
Reseñan medios como Telemundo (EEUU) y Caracol Radio (Colombia) que Pulido permanecerá bajo custodia federal mientras avanza el proceso judicial. Su próxima comparecencia está prevista para el 4 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, cuando se celebrará la audiencia de lectura formal de cargos, según reportes de medios estadounidenses y colombianos.
Al empresario, de 62 años, se le trasladó a Estados Unidos después de permanecer detenido en Venezuela desde 2023. Las autoridades estadounidenses anunciaron su captura y traslado el domingo 11 de octubre.
Dos acusaciones federales
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a Pulido le acusaron en 2019 y 2021 en dos causas separadas que involucran presuntas operaciones de lavado de dinero por más de 2 mil millones de dólares, relacionadas con sobornos a funcionarios venezolanos.
En el expediente de 2021, la Fiscalía señala a Pulido y otros cuatro acusados por presuntamente lavar fondos procedentes de contratos públicos por unos mil 600 millones de dólares para el suministro de alimentos y medicinas a través del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Según la acusación, los implicados habrían obtenido contratos mediante pagos a funcionarios venezolanos, inflado los costos de las operaciones y transferido parte de los fondos a través de cuentas bancarias en Estados Unidos y otros países.
La causa de 2019 involucra a Pulido y Álex Saab en un presunto esquema de sobornos y lavado de dinero por unos 350 millones de dólares, relacionado con contratos para la construcción de viviendas de interés social y el sistema de control cambiario venezolano.
Documentación fraudulenta
Los fiscales sostienen que ambos utilizaron documentación fraudulenta para justificar importaciones de bienes y materiales que, según la acusación, no ingresaron a Venezuela, y transfirieron fondos a cuentas en Estados Unidos y el extranjero.
La Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) participaron en la investigación.
