Crónica Uno
Caracas. Después de las elecciones presidenciales existe un despliegue “abusivo” de funcionarios policiales y militares que no tiene finalidad preventiva del delito, sino que presuntamente busca “imponer terror a la población”, explicó Marino Alvarado, abogado y coordinador de exigibilidad de Provea.
El experto señaló que algunos funcionarios, de distintos organismos policiales, se desplazan encapuchados y con armas largas, instalan alcabalas en cualquier lugar de la ciudad y las dejan varias horas antes de establecer otro punto de control en una zona distinta.
También se ha vuelto común encontrar alcabalas en distancias muy cortas.
“Se puede constatar que no hay una mayor planificación en materia de seguridad, sino que los funcionarios y las autoridades han normalizado incomodar al ciudadano a través de alcabalas innecesarias y abusivas con frecuencia”, alegó.
A juicio de Alvarado la normativa establecida en las resoluciones del 2006 y 2022 por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para la regulación de los puntos de control, no se cumplen.
En su lugar, supuestamente, los funcionarios policiales y militares utilizan los puntos de control para obtener recursos, por medio de la extorsión a conductores.
“En ellas (las resoluciones) se establece que las alcabalas deben ubicarse principalmente en aquellos lugares donde por información propia del Estado se considera hay un nivel alto de delincuencia”
Extorsiones
El 10 de octubre la abogada Thelma Fernández denunció en su cuenta de X (antes Twitter) que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) arrestaron a estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), de la Universidad Monteávila y la Universidad Metropolitana.
Luego “les siembran drogas” y extorsionan a sus padres con una suma de dinero de hasta 3 mil y 4 mil dólares para liberarlos, según Fernández.
El Consejo General de Representantes Estudiantiles (Congres) de la UCAB emitió un comunicado ante el riesgo de la seguridad vial de los ucabistas. Transeúntes y estudiantes denunciaron la instalación de alcabalas en zonas aledañas al recinto universitario.
El Congreso informó que, dada las circunstancias, la institución tomó medidas junto con el personal de seguridad interno de la universidad “para hacer acto de presencia en puntos de control cercanos a la institución” y “acompañar a los estudiantes y desincentivar los abusos de poder”.
Detenciones generalizadas
Alvarado mencionó que existe una “epidemia de extorsiones” y detenciones arbitrarias generalizadas de personas que transitan por zonas donde hay puntos de control.
Contó que se conocen casos en los cuales les piden a los conductores televisores, teléfonos y electrodomésticos, si estos les indican que no tienen dinero.
En este tipo de actividades ilícitas no solo participan presuntos funcionarios de la PNB, adscritos a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) y a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), también efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), dijo Alvarado.
Según la resolución N° 047391 y N° 109 del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicada el 7 de septiembre de 2022 en la Gaceta Oficial N° 42.458, los cuerpos del Cicpc, Sebin y Dgcim no pueden instalar puntos de control.
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