La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) solicitó la liberación de Samantha Sofía Hernández Castillo, adolescente de 16 años que permanece privada de libertad por motivos políticos en Venezuela. Según la organización, Samantha es la única menor de edad aún detenida en el contexto de excarcelaciones masivas recientes, que han sido calificadas por la ONG como selectivas y carentes de justicia y transparencia.
A través de un comunicado en su red social X, JEP advirtió que “la realidad detrás de las recientes excarcelaciones masivas es que no han venido acompañadas de justicia ni de transparencia, sino que forman parte de una narrativa oficial que busca simular una transición democrática mientras se preservan las estructuras represivas”.
En ese sentido, consideró inaceptable que, a pesar de la vigencia de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, la adolescente continúe detenida en condiciones que vulneran los estándares internacionales de derechos humanos.
“Resulta inaceptable que, bajo la vigencia de una ley de amnistía y en medio de un supuesto proceso de reconciliación, el Estado venezolano mantenga a un menor de edad como rehén político, despojándolo de su proyecto de vida y exponiéndolo a centros de reclusión donde se han documentado patrones sistemáticos de tortura y violencia de género”, destaca.
Adolescente víctima de persecución política a familiares
El caso de Samantha, adolescente y estudiante de bachillerato, fue registrado el 19 de noviembre de 2025 tras un allanamiento a la residencia de sus abuelos en Caracas, donde fue aprehendida por funcionarios de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM).
La ONG calificó la detención como arbitraria y parte de un patrón de persecución política llamado Sippenhaft, que significa “castigo por responsabilidad familiar”, en la cual los parientes cargan con la supuesta culpa del delito cometido por un miembro de la familia.
En concreto, Samantha es hermana de un teniente militar opositor que se encuentra en el exilio y sobrina de otra persona que también permanece detenida, lo que ha llevado a organizaciones a interpretar su detención como una forma de presión o intimidación sobre toda la familia, en lugar de una acción judicial legítima.
En ese sentido, la ONG enfatizó que “la plena libertad de este adolescente, sin condiciones ni dilaciones, debe ser el paso natural dentro de un proceso que aspire genuinamente a la reconciliación”.
A su vez, recordó que la detención de Samantha representa una grave violación a los derechos de la infancia, al tiempo que subrayó que “ningún Estado puede justificar el encarcelamiento de una adolescente ni someter su vida, su desarrollo y su futuro al peso de una prisión”.
