Un grupo de abogados del Frente Nacional de Abogados se concentró este 17 de agosto en el Palacio de Justicia de Carabobo. La intención fue exigir cambios en el sistema judicial venezolano. Además de la revisión de decisiones judiciales y el cumplimiento de los procedimientos constitucionales para la selección de jueces y fiscales.
Los representantes gremiales, buena parte vestido con sus correspondientes togas, denunciaron una prolongada crisis en el área. Según sus declaraciones, obedece a retrasos procesales, cuestionamientos a la designación de funcionarios y decisiones que consideran contrarias a la Constitución y las leyes.
Lino González señaló que estos problemas se han extendido durante años y que los retrasos procesales constituyen una vulneración del ordenamiento jurídico. También cuestionó que se esté hablando de una reestructuración del Poder Judicial sin que, a su juicio, la sociedad organizada y el gremio de abogados conozcan suficientemente las conversaciones y los cambios que se estarían planteando.
El abogado sostuvo que la situación no puede limitarse a una modificación administrativa. Esta debe servir para evitar que vuelvan a repetirse las irregularidades que han caracterizado al sistema judicial venezolano.
En ese contexto, denunció la intervención de aproximadamente 12 colegios de abogados en el país, entre ellos los colegios del Distrito Capital, Delta Amacuro, Lara y Carabobo. Por ello, exigió que se cumpla la legislación que regula el funcionamiento de estas instituciones gremiales y que se permita la renovación de sus autoridades. "Nosotros exigimos de manera inmediata que se dé cumplimiento a lo establecido en la ley para que nosotros podamos tener un colegio de abogados".
Piden concursos
Noé Mujica, representante del Frente Nacional de Abogados de Venezuela, planteó como una de las principales exigencias la revisión de quienes actualmente ocupan cargos de jueces y fiscales.
Según explicó, los funcionarios que no hayan sido seleccionados mediante los mecanismos establecidos en la Constitución y las leyes deberían cesar en sus funciones o colocar sus cargos a disposición. Hizo referencia a los artículos 255 de la Constitución, 36 ordinal 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 99 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
A partir de estas disposiciones, sostuvo que debe realizarse un concurso de oposición y de credenciales que permita seleccionar a quienes ejercerán como jueces y fiscales. El abogado argumentó que la selección mediante procedimientos establecidos legalmente es necesaria para garantizar decisiones judiciales ajustadas a la Constitución.
También afirmó que, desde su perspectiva, las decisiones adoptadas por funcionarios cuya designación no haya cumplido con los procedimientos constitucionales estarían sujetas a cuestionamientos de nulidad. Mujica evitó precisar cuántos jueces y fiscales estarían actualmente en esa situación, aunque aseguró que se trataría de un porcentaje elevado.
Consultado sobre cómo estas personas llegan a ocupar posiciones dentro del sistema judicial, respondió que, según su percepción, existen "favores y acuerdos" que no responden a criterios de meritocracia.
El representante del Frente Nacional de Abogados insistió en que el gremio debe participar activamente en cualquier proceso de transformación del sistema judicial.
Abogados y familiares de privados de libertad piden revisar sentencias
Lili López, abogada constitucionalista, penalista y defensora de derechos humanos, explicó que la manifestación reunió a abogados y familiares de personas que permanecen privadas de libertad.
Según señaló, la jornada buscaba transmitir un mensaje de unidad y exigir el respeto de los derechos humanos y de la independencia judicial.
López sostuvo que los abogados tienen una responsabilidad especial dentro de la situación actual porque son, según sus palabras, los guardianes del ordenamiento jurídico. Planteó que la paz debe estar acompañada por el respeto a los derechos humanos y por un sistema de justicia independiente.
También rechazó lo que calificó como criminalización de personas inocentes, así como las condenas que considera desproporcionadas contra jóvenes.
La abogada recordó que el artículo 2 de la Constitución define a Venezuela como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, con preeminencia de los derechos humanos. Desde esa perspectiva, llamó a los abogados de todo el país a organizarse y participar en el proceso de revisión del sistema judicial.
El gremio
López afirmó que los abogados litigantes cuentan con información que puede contribuir a evaluar el funcionamiento de la justicia venezolana. Según explicó, el gremio dispone de copias certificadas de expedientes, estadísticas, conocimiento académico y experiencia práctica sobre los procesos que se desarrollan en los tribunales.
Por ello, manifestó que los abogados deberían ser incorporados a cualquier instancia encargada de revisar el sistema de justicia. De este modo, la jurista también se refirió al diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y la actual Asamblea Nacional.
Señaló que los abogados están dispuestos a colaborar con ambas instancias para promover una revisión del debido proceso y de las decisiones judiciales. Aclaró que no todas las sentencias pueden ser colocadas bajo una misma categoría.
Reconoció que existen decisiones que, a su juicio, han marcado positivamente la historia judicial del país, pero sostuvo que otras, arbitrarias, deben ser revisadas. "No podemos generalizar desde una sola óptica"
Ad Hoc
Durante la jornada también fue cuestionada la situación interna del Colegio de Abogados de Carabobo.
López aseguró que los intentos de articulación con la institución han sido infructuosos. Además cuestionó la legitimidad de la junta que actualmente dirige el gremio y sostuvo que los abogados necesitan elecciones libres, justas y democráticas para renovar sus autoridades.
A su juicio, la renovación de las directivas gremiales debe realizarse mediante mecanismos que permitan la participación de los abogados.
Solicitan representación ante la Asamblea Nacional de 2015
Moises Mujica, otro de los abogados presentes, insistió en la necesidad de que los abogados litigantes tengan una representación formal en las discusiones relacionadas con la transformación del sistema judicial. "Esa representación debe incluir a profesionales de distintas áreas, entre ellas derecho penal, civil, administrativo, laboral y de protección".
Argumentó que los abogados litigantes conocen desde dentro el funcionamiento de los tribunales y las dificultades que enfrentan diariamente quienes participan en los procesos judiciales.
El abogado afirmó que los funcionarios que actualmente ejercen como jueces y fiscales y que no habrían cumplido con los requisitos constitucionales para ocupar esos cargos, no deberían ser considerados legítimos. "Las decisiones adoptadas en esas condiciones podrían ser objeto de cuestionamientos jurídicos y aseguró que su objetivo es que no adquieran firmeza dentro del ordenamiento jurídico".
Buscan sumar a familiares de personas privadas de libertad
Mujica hizo un llamado a los familiares de personas privadas de libertad para incorporarse a la iniciativa.
La propuesta contempla reunir en un mismo frente a familiares de presos comunes y de presos políticos, junto con abogados litigantes y organizaciones de la sociedad civil.
El objetivo, según los participantes, sería promover una revisión de las actuaciones judiciales y exigir el cumplimiento de las normas constitucionales.
Durante la actividad también denunció la presencia de funcionarios policiales en los alrededores de la manifestación. Uno de los abogados afirmó que los asistentes se encontraban "acordonados" por funcionarios enviados por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.
Pese a ello, aseguró que mantendrían su posición y que continuarían promoviendo la iniciativa hasta lograr, según sus palabras, el cumplimiento de la ley y el derecho.
Comisión independiente
Desde la visión de Mujica hubo un planteamiento sobre cómo debería estructurarse un eventual proceso de selección de nuevos jueces y fiscales. La propuesta contempla la creación inmediata de una comisión encargada de evaluar a los aspirantes a estos cargos.
Sin embargo, señaló que esa instancia no debería estar integrada por los mismos funcionarios que, según sus denuncias, han participado en procesos cuestionados.
En cambio, planteó que la selección incorpore a representantes de la sociedad civil y a abogados litigantes. La razón es que estos profesionales conocen directamente las condiciones en las que funciona el sistema judicial y las dificultades que enfrentan los ciudadanos dentro de los tribunales.
Los participantes anunciaron que pretenden llevar esta propuesta a otros estados del país para sumar a más abogados y organizaciones a la iniciativa.
