La abogada Linda Loaiza López Soto, secuestrada, torturada, mutilada y abusada en 2001, denunció este jueves impunidad por parte del Estado tras seis años de la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a su favor.
"Hoy, 26 de septiembre, se cumplen seis años del dictamen de la sentencia (López Soto), cada uno de esos años he venido solicitando al Estado venezolano cumplimiento de su obligación de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos", escribió Loaiza en la red social X.
La abogada dijo que no puede ser "tan costoso" para las víctimas, especialmente para las mujeres, lograr la justicia por los "atroces delitos cometidos contra nosotras, en este caso, totalmente comprobados y juzgados en una corte internacional".
"Seis años han transcurrido de esa sentencia y para el Estado venezolano su existencia resulta letra muerta, esta realidad constituye una de las razones que profundizan la falta de garantías para que las mujeres podamos llegar a vivir una vida libre de violencia", apostilló.
El Estado, responsable de los hechos sufridos por Loaiza
En 2018, la CIDH encontró al Estado "responsable por los hechos de tortura y violencia sexual sufridos por Linda Loaiza López Soto", secuestrada por un hombre el 27 de marzo de 2001 cuando tenía 18 años, hasta que, casi cuatro meses después, el 19 de julio de ese año, las autoridades la rescataron en pésimas condiciones de salud.
Los jueces de la CIDH dieron por probado que, durante el periodo que estuvo secuestrada, resultó "sometida de manera continua a diversos actos de violencia física, verbal, psicológica y sexual, incluyendo la ingesta forzada de alcohol, drogas y medicamentos, privación de alimentos, reiterados abusos vaginales, anales y con objetos".
Según la sentencia, también resultó víctima de "golpes que le provocaron traumatismos contusos y hematomas en el rostro, los pabellones auriculares, el tórax y el abdomen, fractura de la nariz y la mandíbula, entre otros".
En el proceso penal interno de Venezuela, se celebraron dos juicios orales, ya que el primero terminó anulado, según la CIDH, y a raíz del segundo proceso penal, el agresor, identificado como Luis Carrera Almoina, quedó condenado por los delitos de privación de libertad y lesiones gravísimas, pero absuelto por violación.
