Durante su campaña, antes de ser elegido como presidente, Donald Trump fue contundente: dijo que una de sus primeras acciones será ejecutar un plan para llevar a cabo la «mayor deportación de inmigrantes de la historia del país«, que comenzará en Springfield, estado de Ohio, «con destino a Venezuela. Vamos a sacar a esa gente (migrantes venezolanos). La vamos a llevar de vuelta a Venezuela», dijo en una rueda de prensa.
El próximo mandatario estadounidense, que está a un mes de juramentarse, fue enfático en que esos venezolanos que expulsará de territorio norteamericano serán mayoritariamente los que se encuentren ilegales o sean identificados como miembros de alguna banda criminal; todos metidos “en un mismo saco”.
Los planes de Donald Trump para endurecer los controles fronterizos y llevar a cabo una deportación masiva amenazan la continuación de un programa humanitario temporal que beneficiaba a ciertos migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, implementado durante el Gobierno del saliente presidente Joe Biden para frenar los cruces fronterizos ilegales.
Todo en riesgo con Trump
Elizabeth Uribe, abogada de inmigración en la firma Uribe & Uribe APLC, con sede en Los Ángeles, anticipó en una entrevista con CNN que este programa, bajo la autoridad legal existente, conocida como “parole in place”, podría ser revocado una vez Trump asuma el poder.
“Son personas en una situación muy vulnerable que han utilizado el programa de ‘parole in place’ para poder venir a este país de forma legal huyendo de la situación en su país de origen. Lamentablemente, anticipo que esos programas vayan a ser eliminados”, dijo Uribe.
Además, en octubre de 2024, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que el Gobierno de Biden no extenderá los permisos legales que se otorgaron bajo este parole humanitario por el cual casi 53.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos volaron a Estados Unidos hasta finales de agosto de 2024.
Qué pasa si eliminan el TPS
Otra acción que podría aplicar Trump durante su mandato es la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), beneficio instaurado en la década de 1990 por el expresidente George W. Bush, que permite a los ciudadanos de países en condiciones inseguras vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos
Los venezolanos constituyen el grupo más grande de beneficiarios del TPS, con alrededor de 350 mil personas protegidas debido a la crisis humanitaria que atraviesa el país.
Según The New York Times, si Trump logra eliminar el TPS, los migrantes perderían su estatus legal y enfrentarían el riesgo de deportación. Esto implicaría separaciones familiares, ya que muchos beneficiarios tienen hijos nacidos en EE. UU.
Lo que dice WOLA
En el marco del Día Internacional del Migrante, conmemorado el pasado miércoles 18 de diciembre, la organización WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) pidió a los gobiernos del mundo, especialmente al de Estados Unidos, políticas migratorias regionales que respeten los derechos y que garanticen el acceso a protección y vías legales ampliadas.
“Necesitamos una diplomacia inquebrantable y una asistencia estadounidense que alivie las razones por las que la gente huye, como la corrupción, la colusión con el crimen organizado, la represión, la violencia de género, la discriminación y el cambio climático», indicaron.
A juicio de WOLA, Estados Unidos debe liderar con diplomacia y asistencia para abordar las causas de raíz que llevan a la migración como la corrupción, la represión, la violencia de género, la discriminación y el cambio climático.
Cuestionan que el nuevo gobierno que liderará Donald Trump a partir del 20 de enero próximo se centre, una vez más, en la deportación masiva de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos y en la reducción de las vías legales temporales para otros migrantes que se pusieron en marcha o ampliaron durante la administración Biden.
«Con una mayoría republicana en el Congreso, Trump probablemente conseguirá el apoyo y la financiación necesarios para llevar adelante su restrictiva agenda migratoria», agregan.
ONG de defensa a los migrantes y refugiados coinciden al señalar que cualquier programa de deportación masiva tendrá muchas implicaciones legales, especialmente por las demandas legales que se prevé generará entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos.