Como una de sus promesas más resaltantes en sus aspiraciones para un segundo periodo presidencial, el candidato Donald Trump mantiene fija su posición de una nueva política de control migratorio en Estados Unidos, que mucho podría afectar a la población hispana, especialmente la venezolana, que en los últimos años ha sido masiva en ese país.
Antes de ganar en su primera gestión, en 2006, el magnate prometió construir un muro para cerrar la frontera con México y evitar que delincuentes entraran en EE. UU. En esta nueva ocasión, su campaña tiene un objetivo nuevo: un programa de deportación masiva, sin precedentes en el país.
Recientemente, Trump evocó la posibilidad de rescatar una controvertida legislación que data de 1798 para deportar a los migrantes, conocida en ese entonces como «Ley de Enemigos Extranjeros».
Dicho instrumento legal se ha usado solo en tiempo de guerra y permitió expulsar foráneos, sin el debido proceso legal.
Trump usó el escenario de un mitin en Aurora (Colorado), acompañado de fotos de dos supuestos miembros de la banda de origen venezolano Tren de Aragua, para anunciar que echará mano de una ley que está detrás de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Estados Unidos: los campos de internamiento de ciudadanos con raíces japonesas durante la II Guerra Mundial.
El presidente Franklin D. Roosevelt la usó para privar de libertad de movimiento a familias enteras de ciudadanos o inmigrantes de origen italiano, alemán y principalmente japonés durante la II Guerra Mundial.
Trump aseguró ese viernes 13 de septiembre que de ser elegido como presidente su plan de llevar a cabo la «mayor deportación (de inmigrantes) de la historia del país» comenzará en Springfield, estado de Ohio, con destino a Venezuela.
«Esto es lo que puede decir: haremos deportaciones en masa desde Springfield. Vamos a sacar a esa gente. La vamos a llevar de vuelta a Venezuela», espetó en una rueda de prensa ofrecida en su club de golf en Palos Verdes, California.
¿Cómo afecta a los venezolanos?
Algunos grupos y políticos conservadores “ven la ley de Enemigos Extranjeros como una autoridad supercargada para deportar, pero la lectura que proponen de la ley está en contradicción con siglos de práctica legislativa, presidencial y judicial”, según escribió en un análisis Katherine Yon Ebright, experta del Brennan Center.
El año pasado un grupo de congresistas del ala más progresista del Partido Demócrata presentó el proyecto de ley “Vecinos no Enemigos”, que tenía como objetivo revocar la ley de Enemigos Extranjeros, la última parte vigente de unos poderes extraordinarios posindependencia que hasta padres fundadores como James Madison o Thomas Jefferson miraban con recelo por considerar algunas partes inconstitucionales.
Trump ha intensificado su retórica xenofóbica, haciéndose eco de casos que han sido vinculados de alguna manera con venezolanos o la banda Tren de Aragua, nacida en los penales y a la que se responsabiliza de tráfico de drogas, trata de mujeres y extorsión en varios países de Latinoamérica y que está presente en algunas ciudades estadounidenses, según fuentes policiales.
El candidato republicano ha asegurado que el 5 de noviembre, día de las elecciones, será el “Día de la Liberación” y que nada más tomar posesión en enero pondrá fin a la “ocupación” del país por parte de inmigrantes indocumentados, que, según estudios, pagan impuestos y contribuyen al crecimiento económico del país.
En su primer mandato (2017-2021), Trump ejecutó por la vía del decreto una prohibición de ingreso a personas de países con mayoría musulmana (Yemen, Sudán, Libia, Siria, Irán, Irak o Somalia), aunque pidieran asilo, tuvieran estatus de refugiado o permiso de entrada. La medida fue rechazada por la Justicia tras generar un gran caos y fuertes críticas por violar derechos civiles.
El activista hispano Rosario Ortiz, trabajador de la construcción y miembro del Centro de Trabajadores Arriba Las Vegas, comentó en entrevista con la prensa norteamericana su preocupación porque esta ley sea usada no solo contra los considerados delincuentes, sino contra cualquier migrante de origen latino.
El activista advierte que incluso los ciudadanos naturalizados “podrían estar en la mira” de las propuestas más extremistas de los conservadores. “Comienzan con los indocumentados y después pueden seguir con cualquier inmigrante”, subraya.
Los comentarios de Donald Trump llamando “criminales” a todos los venezolanos nos duele, pero no nos sorprende”, dijo la activista venezolano-americana, Adelys Ferro. “La gran mayoría de los venezolanos somos personas trabajadoras y decentes que vinimos a este país en busca de libertad, nuevas oportunidades, y paz. Donald Trump tiene un largo historial de explotar a los votantes latinos para su beneficio personal, de hacer promesas falsas y pretender apoyar nuestra lucha por la democracia. Pero es un mentiroso y un intolerante. En 2024, ha mostrado su verdadera cara y no lo vamos a olvidar”.