Niñez desprotegida entre el maltrato familiar y un sistema público sin recursos

La presencia de niños pidiendo dinero en las calles de Caracas y de otras ciudades del país, el asesinato en el estado Miranda de un niño que había sido reclutado por una banda delictiva y la desaparición de otro pequeño en Carúpano, estado Sucre, muestran la desprotección que enfrenta la infancia venezolana. 

Para las defensoras de derechos humanos y de la niñez Angeyeimar Gil y Carla Serrano, integrantes de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), estos hechos ocurren porque el sistema público encargado de prevenir riesgos lleva más de diez años desmantelado y las familias están sobrepasadas por la crisis económica.

A este panorama en las calles se suma la violencia dentro de las casas documentada por el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) y su Servicio de Atención Jurídica (SAJ) en su más reciente informe de gestión, titulado Somos Noticia 2025-2026: El costo de buscar protección. La organización advirtió en la presentación de los resultados que entre 2025 y 2026 aumentaron tanto las denuncias de agresiones contra niñas, niños y adolescentes, como las fallas de las instituciones del Estado para proteger a las víctimas.

Consejos de Protección sin personal ni programas

Angeyeimar Gil, trabajadora social y exconsejera de protección, explicó que la reaparición de niños en situación de calle demuestra la falla del Estado en su obligación de resguardarlos y refleja violencias estructurales marcadas por la falta de acompañamiento a las familias y la debilidad de las escuelas para funcionar como espacios seguros. 

Sobre el caso del niño desaparecido en Carúpano, señaló que responde a hechos de violencia social, pero prende una alarma sobre el deterioro de la comunidad, la cual forma parte junto al Estado y la familia de los tres actores que por mandato de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) tienen la responsabilidad compartida de cuidar a la infancia.

Se perdió un bebé de 7 meses en Carúpano, los padres dicen que desapareció en medio de la noche y la gente lo está buscando en el mar. 😵‍💫 pic.twitter.com/iW4auLX6TM

— F á t i m a 🇻🇪✨ (@Fatimiichi) November 9, 2026

De acuerdo con la legislación de Venezuela, las oficinas municipales facultadas por ley para dictar medidas inmediatas de protección cuando un menor de edad sufre maltrato, abandono o está en peligro son los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Cpnna). Sin embargo, Gil advirtió que este sistema acumula más de una década de falta de presupuesto, desestructuración y pérdida de profesionales, un problema que empeoró con la emergencia humanitaria compleja, las crisis políticas recientes y el sismo ocurrido en junio de 2026, afectando con más fuerza a las regiones del interior del país donde la inversión pública es menor que en Caracas. 

“Conocemos de Consejos de Protección que no cuentan ni con personal ni con materiales, y conocemos de la ausencia de programas para la protección de la infancia, sin los cuales el trabajo de los Consejos no sirve de mucho. Sin estos elementos no tenemos sistema de protección y la integridad personal y el desarrollo de los niños están completamente en riesgo”, declaró Gil a Efecto Cocuyo.

La trabajadora social detalló que para que un Consejo de Protección pueda ejecutar una medida necesita que existan programas públicos de abrigo, alimentación, salud y orientación familiar, los cuales hoy no operan. Según Gil, desde 2019 las organizaciones de la sociedad civil y los recursos de la ayuda humanitaria internacional evitaron una situación aún más grave en el país, pero aclaró que esa asistencia funciona bajo una lógica de emergencia para salvar vidas a corto plazo y se frena cuando el dinero se acaba o cuando decisiones geopolíticas, como las tomadas por el gobierno de Donald Trump sobre la región, recortan los fondos destinados a Venezuela. 

“Al no contar el país con una política pública nacional de protección a la infancia que debe incluir la prevención de violencias, la atención alimentaria, las dinámicas intrafamiliares y la inversión en educación, no hay inversión para prevenir. Lo que se atiende es la violación de derechos ya ocurrida”, dijo la especialista.

Familias sobrepasadas, violencia en casa y bandas criminales

Para Gil, esa falta de prevención estatal y la caída del poder adquisitivo del salario en el país empujan a los niños a quedar desprotegidos frente a la calle o la delincuencia. 

La exconsejera apuntó que tanto los padres como los maestros se ven obligados a trabajar en dos o tres lugares para cubrir el mínimo necesario para sobrevivir, lo que reduce la supervisión en el hogar y la capacidad protectora de la escuela, mientras que en los últimos años también han disminuido las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes, que son servicios comunitarios creados para orientar a las familias y detectar alertas de violencia en las comunidades antes de que lleguen a extremos.

El deterioro de la convivencia dentro de las casas que describe Gil coincide con los registros del informe 2025-2026 de Cecodap. Mientras en 2025 el acoso escolar encabezó las denuncias recibidas por esa organización con 48 casos, seguido del maltrato físico y emocional, 45, y del abuso sexual, 29,, durante los primeros nueve meses de 2026 el maltrato intrafamiliar pasó al primer lugar con 49 reportes, superando al abuso sexual, 27, y al acoso escolar, 17.

El documento de Cecodap detalla que las madres y los padres representan el 37,36 % de los agresores identificados, por encima de los compañeros de clases (27,59 %) y del personal educativo (5,75 %). Al sumar a abuelos, tíos y primos, más del 40 % de las agresiones ocurren en el propio hogar, lo que frena las denuncias oportunas porque la víctima se ve obligada a convivir todos los días en el mismo espacio con su agresor. 

El estudio precisa que el 49,19 % de las víctimas fueron niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años, afectadas sobre todo por abuso sexual, violencia de género y acoso sexual por internet, mientras que en los varones seis de cada diez casos correspondieron a niños de 6 a 11 años sometidos a maltrato en el hogar y acoso escolar.

Para Gil, cuando la familia no logra sostener el cuidado o se convierte en un espacio de agresión y el Estado tampoco interviene a tiempo, los menores de edad quedan expuestos a ser captados por grupos delictivos como sucedió con el niño asesinado en el estado Miranda. 

“Cuando las bandas tienen acceso a niños y adolescentes, fallan las redes comunitarias, la escuela y la familia, que dependen de que exista una respuesta institucional que las fortalezca y acompañe en la educación y crianza. Si los niños llegan a las manos de las bandas, realmente les fallamos todos”, expresó la especialista.

El asesinato de Maikel Hurtado, de 10 años, no puede analizarse únicamente como un hecho policial. La información oficial indica que fue captado por una organización criminal, utilizado como “garitero” y asesinado cuando decidió apartarse.

Maikel era un niño. Antes de ser… https://t.co/ZnL0uEypW0

— Carlos Trapani (@carlosmtrapani) October 22, 2026

Alcaldías que ignoran la ley y respuestas sujetas a los medios

Al evaluar la actuación de las autoridades nacionales frente a las denuncias, Gil señaló que la inexistencia de una política pública preventiva depende de un ministerio que está en manos de una persona proveniente del ámbito militar, mientras que el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), que es el órgano rector del Ejecutivo nacional encargado de coordinar y supervisar las políticas de infancia en todo el país, cumple un rol administrativo y su nueva directiva está concentrada en recomponer internamente lo poco que encontró al asumir el despacho.

 “Muchas veces las respuestas de las instituciones se deben a lo famoso de la situación o al impacto en los medios, y ese no es el papel que deben cumplir porque la atención debe ser adecuada para todos los casos. En el interior la brecha entre las necesidades y la respuesta institucional es más amplia que en la capital”, afirmó Gil.

En el plano local, la Lopnna obliga a las alcaldías a financiar los Consejos de Protección de su municipio. La secretaria adjunta de la Redhnna e investigadora Carla Serrano, explicó a este medio de comunicación, que los gobiernos municipales deberían contar con direcciones de protección social capaces de levantar datos y diagnosticar cuáles son los derechos más amenazados en la primera infancia y en la adolescencia de su territorio, pero advirtió que muchos alcaldes limitan sus campañas y su gestión al asfalto, las policías y las armas. 

“Si ponemos en fila a los alcaldes y les preguntamos qué significa que los niños sean sujetos de derechos, muchos no tendrán idea. Por eso menosprecian y subestiman el trabajo de los consejeros de protección y no hacen lo posible por pagarles un buen salario, retenerlos ni capacitarlos”, cuestionó Serrano.

Abuelas a cargo de la crianza y retrasos en los tribunales

La vulnerabilidad infantil también está marcada por la fractura de las familias a causa de la migración forzada y las separaciones. Los registros del informe de Cecodap reflejan que en 103 de los 302 casos atendidos faltaba al menos uno de los padres, con un 44,66 % de ausencia paterna, un 30,10 % de ausencia materna y un 25,24 % donde no estaba ninguno de los dos progenitores.

El estudio de Cecodap apunta que el peso del cuidado y la exigencia de derechos recae sobre las mujeres, pues las madres, abuelas y cuidadoras representaron el 62 % de los adultos atendidos en 2025 y el 61 % en 2026. Asimismo, en 2026 se duplicaron las consultas jurídicas sobre colocación familiar, debido a que las abuelas y tías que quedan a cargo de los niños chocan con trabas para formalizar la representación legal, inscribirlos en la escuela o autorizar una atención médica.

Consultada sobre cómo resolver ese vacío legal, Carla Serrano explicó que la Lopnna ya establece el mecanismo de la colocación familiar, que es la autorización otorgada por un juez de un Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para que un familiar o un tercero asuma temporalmente la custodia y representación de un menor de edad cuando sus padres no están, bajo supervisión del Estado para verificar que el cuidador cumpla con su resguardo. 

“La salida no debería ser saltarnos el procedimiento, sino empujar al país para que las colocaciones familiares no transcurran muchísimos años dentro de los tribunales. En estados tan extensos como Apure, Guárico o Bolívar existen pocos tribunales de protección y no es fácil que la gente de los lugares más retirados se desplace hasta allá para llevar a cabo el procedimiento”, advirtió Serrano.

Para agilizar esos trámites sin eliminar la supervisión judicial, Serrano propuso que las organizaciones civiles y organismos internacionales presentes en el país, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), brinden apoyo técnico al personal de los tribunales de protección. 

Cierre de ONG y propuesta de un Acuerdo Nacional

Tanto Gil como Serrano recalcaron que el trabajo de las organizaciones no gubernamentales no puede sustituir la responsabilidad que la Lopnna y la Convención sobre los Derechos del Niño le asignan al Estado venezolano. Gil precisó que la capacidad de las ONG es limitada y se ve afectada por las leyes o proyectos de ley que restringen su funcionamiento, además de que en las zonas más alejadas de las ciudades las fallas de servicios públicos, la falta de transporte y la presencia de grupos de delincuencia organizada impiden que las organizaciones se instalen a trabajar.

Serrano agregó que la persecución, el hostigamiento y el cierre del espacio público en Venezuela han obligado a las organizaciones civiles independientes a aplicar estrategias de supervivencia ante un margen de maniobra mínimo. 

“La cantidad de organizaciones que en los últimos años han tenido que cerrar sus puertas y dejar de trabajar es considerable, aunque por cautela y por la ley del silencio nadie lleva ese censo con claridad. Hay que seguir haciendo presión para derogar aquellas leyes que estén afectando al espacio cívico y que el Estado, las organizaciones autónomas de la sociedad civil, las familias y las comunidades podamos desempeñar nuestro rol”, señaló la secretaria adjunta de la Redhnna.

Para revertir la exclusión de la niñez de los presupuestos públicos y de los discursos de los actores políticos que denunciaron ambas expertas, Serrano propuso construir un Acuerdo Nacional por los Derechos de la Niñez concebido como una política de Estado obligatoria que trascienda al gobierno de turno. 

La especialista recordó que en los años noventa, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, se impulsó en Venezuela un pacto por la infancia que alimentó el movimiento social con el que luego se promulgó la Lopnna, de forma similar a los pactos por la niñez que en su momento plantearon países como Chile, Ecuador y México desde el Estado o por presión ciudadana sobre los candidatos en campaña. 

“Lo primero es sentar a dialogar a representantes de todos los partidos, ministerios, parlamentarios e integrantes de la sociedad civil para establecer esos puntos mínimos de acuerdo, asignarles recursos, reformar leyes si hace falta y crear un plan de seguimiento. Un punto obligatorio tendría que ser la salud mental en alianza con el Idenna y los ministerios de Salud y Educación, porque los niños y sus familias han tenido que afrontar situaciones muy fuertes y no puede seguir siendo que solo reciba estos servicios quien tenga recursos privados para pagarlos”, expuso Serrano.