Mario Lieghio: La Guaira corre el riesgo de convertirse en un pueblo fantasma

A casi cinco meses de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el 24 de junio de 2026, el sector empresarial, los gremios profesionales y las academias desconocen el contenido del proyecto oficial de reconstrucción para el estado Vargas, a pesar de los anuncios del gobierno interino sobre el plan Venezuela Renace.

El arquitecto Mario Lieghio, presidente de la Cámara de la Construcción del estado Vargas y cofundador de la Red de Sobrevivientes del Terremoto, advirtió en entrevista con Efecto Cocuyo que la falta de información oficial y el manejo centralizado de la emergencia impiden conocer los costos reales de las obras, las empresas contratadas y el destino de los recursos.

Para el representante gremial, si el Ejecutivo intenta ejecutar las labores de forma aislada y sin escuchar a los especialistas y habitantes que conocen el territorio, los terrenos donde se desplomaron los edificios terminarán ocupados por asentamientos espontáneos y los inversionistas privados retirarán su capital hacia otras regiones en un plazo de dos a tres años. 

“No tenemos un tiempo infinito si desde el sector gubernamental, de la mano con el sector privado, no se inicia una gran planificación y desarrollo en la región. El Estado no tiene las condiciones para hacer esta reconstrucción solo y el gran riesgo que tenemos es convertir esto en una especie de pueblo fantasma”, alertó Lieghio.

El paraguas de la emergencia y el silencio oficial

Lieghio señala que la prolongación indefinida del decreto de emergencia tras el sismo funciona como un mecanismo que ampara la falta de rendición de cuentas sobre el uso de los fondos públicos, un esquema que compara con lo ocurrido después del deslave de 1999. El arquitecto cuestiona que en las calles del litoral central operen camiones y maquinarias removiendo tierra y escombros sin que exista un estudio técnico público y desglosado de una institución gubernamental que justifique las partidas presupuestarias ni vallas informativas que identifiquen a los ingenieros responsables, los montos asignados o los plazos de ejecución. 

“Ese paraguas que implica la emergencia genera la opacidad para que la gente no sepa. ¿Cuántas máquinas están aquí? ¿Quiénes pagan las máquinas y cuánto está costando eso? ¿Cuántos obreros y empresas son de Vargas y cuál va a ser el objetivo de todos esos desechos? Todas esas respuestas la gente debería saberlas”, cuestionó el vocero.

La reserva informativa se mantiene en todos los niveles de la administración pública. Aunque las competencias legales de planificación urbana recaen en la alcaldía, Lieghio indicó que el control de las operaciones posteriores al terremoto ha permanecido concentrado en las autoridades nacionales, con una participación mínima del gobierno regional y municipal. 

La Red de Sobrevivientes envió solicitudes formales de audiencia a los despachos municipales, regionales y nacionales para cruzar los diagnósticos técnicos levantados por el sector privado con los datos estatales, pero hasta la tarde de este martes 10 de noviembre ninguna instancia oficial ha dado respuesta.

El único dato operativo sobre las labores en el terreno lo obtuvieron en una reunión con el ingeniero japonés Kit Miyamoto, representante de la firma internacional encargada de la atención de desastres, quien les informó que el compromiso de su empresa se limita al levantamiento y procesamiento de entre tres y cuatro millones de toneladas de escombros dejados por los derrumbes, sin participación en el diseño ni en la fase de reconstrucción urbana, por el momento.

Hasta 21.000 millones de dólares para recuperar el país

El reclamo de transparencia de los gremios guaireños ocurre frente a una brecha multimillonaria entre el costo estimado de los daños y los recursos disponibles en el país. De acuerdo con la Evaluación de Necesidades Posteriores al Desastre (Pdna), entregada en el Palacio de Miraflores por la directora para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), Michelle Muschett, a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Venezuela requiere hasta 21.000 millones de dólares para su recuperación, una cifra que contempla medidas para reconstruir y reducir las condiciones de riesgo.

El estudio, elaborado junto a la Unión Europea, el Banco Mundial y con acompañamiento técnico de la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), determinó que los dos sismos provocaron daños y pérdidas por 14.831 millones de dólares en los siete estados afectados: Vargas, Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo y Yaracuy. En una evaluación satelital previa sobre 1,7 millones de estructuras y cortes en el suministro eléctrico en La Guaira, Caracas, Aragua y Carabobo, el Pnud había calculado los daños físicos directos en unos 6.700 millones de dólares, con un rango de entre 4.700 y 8.700 millones de dólares, lo que equivale a cerca del 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Frente a estas cifras, los fondos anunciados apenas cubren una fracción de la emergencia. Rodríguez informó la movilización de 200 millones de dólares asignados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 17 millones de dólares aportados por el gobierno de China; Estados Unidos comprometió más de 300 millones de dólares en asistencia humanitaria directa y el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de la ONU liberó 15 millones de dólares.

Cinco pasos técnicos frente a la improvisación

Ante la falta de lineamientos gubernamentales, días después de los sismos se articuló en La Guaira una alianza integrada por las cámaras de la construcción e inmobiliaria regionales y nacionales, el Colegio de Ingenieros, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, facultades de arquitectura e ingeniería de universidades nacionales y la vicepresidenta de la Cámara de Diputados por la entidad y diseñaron una hoja de ruta de cinco puntos para orientar la reconstrucción del estado.

El primer paso plantea fijar una fecha límite al estado de emergencia para transparentar las contrataciones y los costos. El segundo consiste en levantar un mapa de riesgo integral, cuya microzonificación sísmica está a cargo del especialista Michael Schmitz junto a grupos privados y el Colegio de Ingenieros, que evalúa las instituciones afectadas,  capaz de cruzar las amenazas sísmicas con el riesgo hídrico de las quebradas, la vulnerabilidad ante tsunamis y el peligro de incendios forestales o en el eje portuario y aeroportuario.

El tercer paso incorpora a la Red de Sobrevivientes para conectar las decisiones de los académicos con las necesidades de los habitantes; el cuarto contempla la redacción de un plan estratégico que reordene tanto el espacio físico como el modelo de gobernanza mediante la descentralización y el estudio de cuántos municipios requiere realmente la entidad; y el quinto paso culmina en un plan maestro para el desarrollo urbano de la ciudad y del estado.

Durante estos casi cinco meses, los gremios y profesionales han avanzado por cuenta propia en los estudios de microzonificación sísmica, el levantamiento del catastro regional y la actualización del censo poblacional, además de sostener reuniones con representantes de la CAF y organismos internacionales que realizan diagnósticos en la zona. 

Los criterios preliminares que manejan los ingenieros sugieren concentrar el poblamiento hacia las zonas cercanas a la montaña, donde el suelo presenta mayor solidez, y reducir la altura de las edificaciones en la franja costera.

Puerto, aeropuerto y consenso a largo plazo

La propuesta técnica del sector privado apunta a transformar La Guaira en un polo turístico sin abandonar sus operaciones comerciales, apoyándose en la modernización de sus dos principales terminales. En el caso del puerto, los especialistas plantean sumar el recibimiento de cruceros y actividades turísticas al manejo tradicional de carga.

Respecto del aeropuerto internacional de Maiquetía, los informes técnicos señalan la urgencia de duplicar su capacidad operativa y conectarlo mediante enlaces viales directos de norte a sur y de este a oeste, con el fin de atender el flujo de viajeros que generarán los ocho millones de venezolanos en el exterior a medida que se normalice el país. 

“Ese tránsito gigantesco, en la medida en que se vaya normalizando la condición del país, va a ir creciendo y necesitamos infraestructura física de un gran esfuerzo. El aeropuerto de ahorita no tiene la capacidad, ni siquiera cuando se repare”, explicó Lieghio.

Según las estimaciones de los expertos que asesoran a la Cámara de la Construcción, completar la fase de planificación técnica tomará entre seis y doce meses, mientras que la ejecución de las obras abarcará varios períodos de gobierno. Por ello, Lieghio insiste en que la reconstrucción no puede politizarse ni depender de una sola administración, por lo que están dispuestos a presentar sus estudios tanto a las autoridades en funciones como a cualquier liderazgo político que asuma el poder en una eventual transición.

Para evitar que se repita la exclusión ciudadana registrada en el proyecto de reconstrucción de 1999 , en el que participó el urbanista Carlos Genatios, hoy integrante del equipo asesor, la Red de Sobrevivientes instalará en los próximos días mesas de trabajo temáticas sobre urbanismo, educación, seguridad, puerto, aeropuerto, movilidad y transporte público, privado y de carga, con el objetivo de consultar desde los trabajadores playeros hasta los habitantes de sectores con realidades distintas como Carayaca o la costa. “

Una ciudad no se construye en cuatro años; tiene que haber un acuerdo mínimo entre el gobierno, el sector privado, los comerciantes, los playeros y la comunidad en total que establezca cuál es el camino. En la medida en que la gente conozca lo que se va a hacer y sea protagonista, lo va a defender y no va a permitir que la opacidad del pasado esté presente hoy”, concluyó el arquitecto.