Mayra Boscán lleva 68 días buscando a su hijo. Fue a las diferentes delegaciones de la Polícia Nacional Bolivariana, a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) e incluso a las oficinas del Ministerio Público para saber o tener una fe de vida de Eudi Andrade, de 27 años de edad. La respuesta es la misma: No sabemos dónde está su hijo.
Más allá de desmoralizar o dejarla en una situación de mayor vulnerabilidad, Mayra ha elevado la denuncia de la desaparición de su hijo ante organizaciones defensoras de los derechos humanos y medios de comunicación.
El 29 de enero de 2025, a las 8:00 pm, Eudi salió de su casa, en Los Jardines del Valle, para prestar un servicio de mototaxi a una cliente hasta Altamira. Desde esa noche está desaparecido. El jueves 30 de enero, luego de no llegar a la casa ni contactar a sus amigos más cercanos, Mayra puso la denuncia en la sede principal del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicado en la avenida Urdaneta.
“Fui a buscarlo en todos lados, puestos de primeros auxilios viales, calabozos de la policía, al Helicoide (sede del Sebin), incluso a la morgue de Bello Monte. No lo encontré en este último. Por lo que mi hijo está vivo”, dijo en un contacto telefónico con Efecto Cocuyo.
Relató que en el Cicpc le mostraron un video de la detención de su hijo a manos de funcionarios de la Dgcim. Es el último registro que se tiene de Eudi. Después de 68 días, después de ir repetidas veces a la sede del comando de contrainteligencia en Boleíta, al este de Caracas, no solo evitan confirmar el paradero del joven, tampoco dan detalles sobre su detención, razones o algún tipo de imputación que pueda dar pistas sobre qué ocurrió aquella noche de enero.
“No me dejan ni pasarle ropa. Mi hijo tiene 68 días usando la misma ropa, creo yo. No puedo ni darle comida. Se que lo tienen allí, pero cada vez que voy me lo niegan. Ellos juegan al cansancio. Esa es su táctica. Lo hacen con las otras madres que van para allá a buscar a sus hijos también. Pero no me cansaré de buscarlo”, sentencia.
El servicio de traslado por el que Eudis salió de su casa lo solicitó Maykelis Jackeline Borges Ortuño, esposa del teniente retirado Cristian Hernández, detenido y acusado por conspiración, para entregar un dinero. Mayra aún recuerda los detalles de ese pedido, debido a que una amiga de su hijo le hizo el enlace para solicitar el servicio.
“¿Qué iba a buscar la muchacha? Una plata, supuestamente una plata, eso es todo lo que sé. A ella también la tienen detenida en la Dgcim. Lógicamente si ella está allí, también mi hijo”, señaló.
Se desconocen las razones
Las razones de la detención de Eudi y Maykelis no son claras ni para la madre o para los fiscales del Ministerio Público. El 3 de abril, ella fue nuevamente a las oficinas de la fiscalía de Derechos Fundamentales, pero le informaron que tenía que ir con los abogados de la oficina de Extorsión y Secuestro.
“He ido infinidad de veces al Ministerio Público; un fiscal de Derechos Humanos me dijo que hasta allí llegaba él, que no tiene más información sobre Eudi, y que vaya a otra fiscalía”, relató.
La falta de repuesta y de fe de vida sobre Eudi no solo es una violación a los derechos establecidos en la Constitución venezolana, específicamente a los artículos 44 y 49, que establecen el derecho a la libertad y al debido proceso. Provea, organización defensora de los derechos humanos, también enfatizó que es una “clara violación a los derechos, a los pactos y tratados que prohíben la desaparición forzada de personas, y pone en grave riesgo al detenido-desaparecido de ser posible víctima de torturas”.
“Ahora prestar un servicio de mototaxi o tener la necesidad de prestar un servicio es ser un delincuente. Los verdaderos delincuentes están en la calle libres y los inocentes están tras las rejas. No sé nada de mi hijo, no me han dicho nada”, dijo Maira.
Desaparición forzada
Si hay un delito que violenta y vulnera los derechos de las familias, así como para las víctimas, que deja secuela y se considera un trato cruel e inhumano, es la desaparición forzada, táctica denunciada numerosas veces por miembros de la sociedad civil y organizaciones u organismos internacionales de derechos humanos.
Según el balance de Foro Penal al 27 de marzo de 2025, en Venezuela 901 personas están detenidas por motivos políticos, de las cuales 59 tienen paradero desconocido.
El informe indica que 813 son hombres y 88 mujeres, con 734 civiles y 167 militares, incluyendo 896 adultos y 5 adolescentes. En la semana previa, se registraron 7 encarcelados, 0 excarcelados, 149 condenados y 752 sin condena.
La desaparición forzada se ha convertido en una práctica recurrente de represión en Venezuela. Así lo ha denunciado la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, que documentó cómo las fuerzas de seguridad del Estado detienen arbitrariamente a personas, muchas veces por razones políticas, sin informar a sus familiares ni reconocer su detención.
Este tipo de prácticas no solo violan derechos fundamentales, sino que también constituyen crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma.
La Misión de la ONU señaló que estas desapariciones no son hechos aislados, sino parte de una política sistemática del Estado para sembrar miedo y desmovilizar a la disidencia política y a la sociedad civil.
En sus informes, se describe cómo las víctimas pueden pasar días o semanas en paradero desconocido, sin acceso a abogados ni familiares y, en algunos casos, son sometidas a torturas o tratos inhumanos durante ese tiempo.
Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han expresado en múltiples ocasiones su preocupación por la falta de respuestas del Estado venezolano ante estos casos. A pesar de que el país es parte de tratados internacionales que prohíben este tipo de prácticas, no existen mecanismos internos eficaces que garanticen justicia ni reparación para las víctimas.
Pese a la falta de cooperación por parte de las autoridades, Mayra aún se mantiene firme sobre las violaciones a los derechos humanos de su hijo. Sostiene que no es ningún delincuente, solo un trabajador venezolano que sortea los escollos de la crisis económica trabajando como mototaxista y en una tienda de repuesto de vehículo en La Mariposa, estado Miranda, donde sus compañeros, al igual que su madre, aún lo esperan.